Se agravó el enfermo

En pocos días, a SaludCoop, la EPS más grande y poderosa del país, le pasó lo que a muchos pacientes, que entran a control médico y terminan en cuidados intensivos.

Mientras que toda la opinión pública estuvo concentrada esta semana en tratar de entender las razones que llevaron al gobierno a intervenir a SaludCoop y las explicaciones que sus directivos han tenido que salir a dar por el manejo, al parecer no muy santo, de los recursos de la salud, una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la mandó directo al quirófano.

Tras resolver la controversia que había en torno a la conciliación realizada en febrero pasado entre la Superintendencia de Salud y la EPS más grande del país por unos 650.000 millones de pesos, el Tribunal decidió rechazarla y dejar en firme las sanciones que el gobierno le había impuesto a SaludCoop el año pasado. La sentencia complicó aún más su futuro, pues además de tener deudas con el sector financiero por 300.000 millones de pesos y un serio problema de caja, el interventor, Édgar Pabón, deberá ahora salir a buscar, como mínimo, 318.000 millones de pesos más. Por eso, ya muchos han dicho que SaludCoop tendrá que vender una parte importante de las 30 clínicas, hospitales y entidades de salud, además de inversiones y activos, que tiene.

El último capítulo de la novela en la que se ha convertido SaludCoop comenzó a finales de 2009, cuando la Superintendencia realizó un profundo arqueo a las cifras contables de la empresa entre 2004 y 2008. El ente encontró que 627.000 millones de pesos que eran de la salud (parafiscales y de los colombianos) fueron usados para adquirir parte de su poderosa y compleja red de clínicas, hospitales y empresas que conforman ese emporio.

De esos recursos, el entonces superintendente, Mario Mejía, obligó a la EPS a llevar a la caja de la empresa 318.000 millones de pesos. Además, la conminó a atender con recursos propios el pago de otros 308.000 millones de pesos que SaludCoop tenía en deudas y obligaciones financieras. La medida, insólita en el sector, obligaba a la EPS a salir a vender activos que hacen parte de la cuestionada integración vertical. Para cumplir con estas órdenes, la entidad le dio un plazo de dos años.

Finalmente, la Supersalud le prohibió -en su resolución del 21 de junio de 2010, en la que ratificó todos los hallazgos- usar la liquidez generada de cualquier operación contable derivada de la UPC, aportes, cuotas moderadoras o demás recursos parafiscales (que solo pueden ser usados por ley en la atención de pacientes) en infraestructura, inversiones, préstamos, donaciones, servicio de deuda y demás figuras que utilizaba la EPS para echar mano a esos recursos.

Esta resolución, como lo advirtió en su momento SEMANA, dio inicio a una gigantesca batalla jurídica entre SaludCoop y su poderoso grupo de abogados (ver recuadro) con el Estado, pues el propio presidente de entonces, Álvaro Uribe, salió a defender y respaldar la decisión del superintendente Mejía. Para algunos, esta decisión fue un punto de quiebre para SaludCoop, que al ver restringido el uso de los recursos empezó a tener problemas de caja y a buscar una mayor financiación a través del recobro de medicamentos y procedimientos al Fosyga. Operaciones que están siendo investigadas por las autoridades junto con las de otras EPS.

Con el cambio de gobierno y tras varias demandas de SaludCoop, el nuevo superintendente de Salud, Conrado Gómez, decidió reorientar todo el proceso. Para él y el comité que se conformó para estudiar el caso, su antecesor no solo cometió errores legales durante la investigación, sino que frente a lo hallado debió haber intervenido a la EPS. Este proceder dejó al Estado, según el superintendente Gómez, a merced de perder una demanda que por 650.000 millones de pesos le interpuso SaludCoop al Estado.

Para evitar un detrimento fiscal, la Superintendencia decidió en febrero llegar a una conciliación con SaludCoop, con el respaldo de la Procuraduría. Mientras que la EPS renunció a la demanda y a adelantar acciones contra cualquier funcionario, la Supersalud decidió suspender las resoluciones que obligaban a restituir los 627.000 millones de pesos sin renunciar a seguir vigilando a la EPS.

Tras conocer el acuerdo, la contralora general, Sandra Morelli, le envió una carta a la Superintendencia en marzo pasado, en la que le advertía que en criterio de la entidad las resoluciones y sanciones impuestas en 2010 estaban ajustadas a derecho y, por ende, eran actos revestidos de toda legalidad. "Las resoluciones en ningún caso pueden constituirse en materia transigible ni conciliable, así como tampoco puede hacerse uso de la figura de la conciliación". De igual manera, la contralora le advirtió que con la conciliación se podría presentar un menoscabo al patrimonio público, pues las normas establecen como práctica ilegal que las EPS destinen recursos parafiscales para invertir en activos fijos como clínicas, hospitales o empresas relacionadas.

A su vez, el superintendente Gómez recibió todo tipo de críticas por las dudas que genera en el país hacer una conciliación tan millonaria. Le criticaron su cercanía con la senadora Dilian Francisca Toro y que su hermano fuera el presidente de Afidro, que reúne a los laboratorios multinacionales que se beneficiaron con los recobros a la salud, dudas que borró en parte al intervenir a SaludCoop la semana pasada y sacar por la puerta de atrás a Palacino, quien era considerado el zar de la salud.

Frente a la polémica que se armó, Gómez envió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la conciliación para que diera su visto bueno, pero fue improbada el jueves pasado. En su ponencia, el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano dijo que en el proceso no se había presentado una violación al debido proceso, como alegaban los abogados de SaludCoop, y que por el contrario fueron practicadas todas las pruebas que se requerían. De igual forma, reconoció que la decisión tomada por la Superintendencia para impedir el uso incorrecto de los recursos de la salud estaba dentro de sus funciones correctivas.

Pero, sin dudas, la decisión fundamental del Tribunal estuvo en ratificar, tal y como ya lo había hecho la Corte Constitucional, que los recursos parafiscales de la salud, como son los provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), las cuotas moderadoras, los pagos o copagos que hacen los usuarios, deben usarse en la prestación del servicio y no para inversiones, así sea en clínicas, hospitales o laboratorios, entre otros. Mientras que SaludCoop y otras EPS alegan que los excedentes y utilidades que les generan los recursos que les llegan del Estado y de los usuarios podían ser utilizados en construir o comprar este tipo de activos, que en últimas terminan beneficiando a los usuarios, para el Tribunal es claro que esa inversión debe hacerse por cuenta de las EPS.

Mientras que el superintendente Conrado Gómez dijo que acata la decisión del Tribunal, el actual interventor deberá decidir si apela la decisión ante el Consejo de Estado, tal y como lo esperan las cooperativas dueñas de SaludCoop, o si acoge la sentencia del Tribunal y se pone de una vez a cumplir con las sanciones impuestas desde 2010 por la Supersalud. Otra de las consecuencias de la decisión es que la cúpula directiva de la EPS, en cabeza de Carlos Palacino, deberá responder ante los organismos de control, y seguramente ante la Fiscalía, por el supuesto uso irregular de los recursos públicos de la salud.

Lo increíble de toda esta historia es que en menos de ocho días SaludCoop pasó de ser el ejemplo del cooperativismo y del emprendimiento a convertirse en el centro de una gigantesca polémica que amenaza la estabilidad del sistema de salud colombiano.