Se buscan

Todas las noches, durante la última semana, Gilberto Toro se fue a la cama con dolor de oídos y de cabeza. Era el efecto de las horas en que habló por teléfono celular. La potente batería, diseñada para durar ocho días, le sirve ahora sólo cuatro horas porque el aparato no cesa de repicar. El director y vocero de la Federación Nacional de Municipios, un paisa simpático de 43 años, no tiene tiempo ni para almorzar. El martes pasado, muy temprano, lo llamó el alcalde de Gigante (Huila) para decirle que seis alcaldes del departamento habían sido amenazados por las Farc. La guerrilla retuvo a un grupo de concejales y les exigió a estos alcaldes que fueran a rescatarlos. Cuando llegaron allí los armados les dieron 10 días para renunciar so pena de ser asesinados. Mientras les cuadraba una cita con el Ministro del Interior para esa misma tarde entró a su celular una llamada del alcalde de Doncello. Le dijo que otros seis alcaldes del Caquetá habían recibido una carta manuscrita de las Farc exigiendo su renuncia. Media hora más tarde lo llamó el director de la Asociación de Municipios del Caquetá: los alcaldes del norte habían sido amenazados y los del sur sentenciados a muerte.

Mientras se desplazaba hacia el Congreso, Toro les recomendó a los alcaldes desplazarse a Florencia y viajar inmediatamente a Bogotá. Estaba organizando su encuentro con los mandos militares cuando recibió una llamada que lo dejó frío: las Farc habían asesinado al alcalde de Solita (Caquetá). Personas cercanas al mandatario local lo convencieron de que se reuniera con los guerrilleros. Estos, sin mediar palabra, lo acribillaron delante de todo su gabinete municipal. Aunque su asesinato fue interpretado como un mensaje para los demás no es claro que su muerte esté relacionada con esta oleada de amenazas. Ya habían asesinado también a los alcaldes de Cartagena del Chairá y Montañitas, también en el Caquetá.

En medio de esa confusión y angustia Toro recibió la noticia de la renuncia de todos los mandatarios locales de Arauca y la de los de oriente de Antioquia, unos 23, quienes fueron presionados por las Farc por teléfono para que dimitieran. Y desde entonces, cada media hora, recibe una llamada con una nueva renuncia.

Aunque pocos colombianos lo conocen, Gilberto Toro ha sido el hombre más importante del país en las últimas semanas y su diminuto celular se ha convertido en el centro de operaciones para contrarrestar la arremetida de las Farc, que buscan despejar a sangre y plomo todo lo que huela a presencia estatal. Toro ha sido el epicentro de la tensión y han sido tantas las horas que se le ha recalentado el celular sorteando problemas que ya teme por su salud. La angustia que ha vivido es la evidencia de la nueva fase de la guerra que ahora vive el país.

Aunque todo el mundo maneja cifras diferentes la Federación de Municipios y el Ministerio del Interior coinciden en que las Farc han amenazado a alcaldes, funcionarios, fiscales, jueces y concejales de 177 municipios, en 22 departamentos, con el fin de obligarlos a renunciar a sus cargos. De éstos, 26 presentaron su renuncia y otros 12 la anunciaron aunque ya los siete de Arauca y otro del Caquetá han dicho que se quedarán.

A pesar de la difícil situación de orden público el presidente Andrés Pastrana dijo en una alocución por televisión el jueves pasado que no decretaría la conmoción interior, porque la consideraba inútil, pero anunció un programa de recompensas por información que conduzca a la captura de los comandantes del secretariado de las Farc. Ofreció dos millones de dólares por la cabeza de cada uno, la mitad de lo que en épocas de la lucha contra los carteles de la droga se ofrecía por Pablo Escobar (ver recuadro).

La escalada

Aunque muchos colombianos tienen la impresión de que al paso que van las amenazas en menos de un mes habrán renunciado los alcaldes de todo el país, es importante plantear el problema en su dimensión real. Sin restarle gravedad a esta situación ?que sin duda es muy delicada?, al mirar con lupa los municipios donde los alcaldes han sido presionados se puede calibrar mejor el impacto de la última estrategia de guerra de las Farc. Hay efectos económicos, militares, políticos y sicológicos que es preciso analizar con detenimiento antes de caer en un estado de pánico colectivo que puede terminar favoreciendo la lógica de los guerrilleros.

El primer escenario es el económico. Todas las localidades que han recibido amenazas creíbles, con excepción de las capitales, Arauca, Leticia y Florencia, son municipios pequeños con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes o ingresos mensuales inferiores a 6.000 millones de pesos. Tienen una cobertura promedio de servicios públicos del 20 por ciento y una alta dependencia de las transferencias que les hace la Nación. En términos de ingresos, sólo los municipios de Piamonte (Cauca), Gigante (Huila), Arauca y Arauquita (Arauca), por el petróleo, y La Jagua de Ibirico (Cesar), por el carbón, reciben regalías importantes. En efecto, estos cinco municipios juntos recibieron en 2000 casi 44.000 millones de pesos, que quedarían en vilo si no hay alcalde.

En términos militares, no obstante, estos municipios tienen mayor relevancia. La mayoría de ellos son corredores estratégicos para movilizarse, lo cual les facilita a los guerrilleros las tomas de pueblos, las emboscadas y el flujo de alimentos y armas.

Los municipios amenazados de la bota caucana, por ejemplo, unen a los departamentos del Putumayo y Caquetá con Cauca y el norte de Nariño. Estas localidaes, enclavadas en el Macizo Colombiano, constituyen un corredor hacia la Amazonia y conducen hacia Patía y El Bordo, dos poblaciones con fuerte presencia paramilitar en el camino hacia Popayán. Las Farc han tenido un control importante en todas las regiones donde amenazaron a los alcaldes. Bolívar, el único de estos municipios caucanos que cuenta con policía, fue atacado el año pasado por las Farc sin éxito por la resistencia civil de sus valientes habitantes, y Santa Rosa fue uno de los municipios que las Farc pidieron desmilitarizar durante el gobierno de Ernesto Samper.

Los mandatarios del Cesar amenazados, por otro lado, gobiernan los municipios de las estribaciones de la Sierra Nevada, que constituyen un corredor táctico para la huida hacia esas densas selvas montañosas. Y Colosó, Los Palmitos y Ovejas, en Sucre, colindan con los Montes de María, donde están los elenos y las autodefensas de Carlos Castaño. Al presionar la renuncia de los alcaldes en estos últimos municipios la guerrilla pretende neutralizar el avance paramilitar e impedir que controlen los gobiernos locales de esta zona.

No deja de ser interesante, sin embargo, que las poblaciones en las que las Farc han amenazado a los alcaldes coinciden casi milimétricamente con las zonas donde la misma guerrilla presionó la renuncia de candidatos a los concejos y alcaldías de 162 municipios en los meses previos a la realización de las elecciones del 26 de octubre de 1997. Esta coincidencia pone en evidencia que la influencia de las Farc en estas zonas viene de tiempo atrás y por lo tanto la tan anhelada presencia estatal en esas regiones ha sido por lo menos precaria.

Es así como durante muchos años la guerrilla ha cogobernado con cientos de alcaldes, presionándolos para que inviertan dinero en las obras que le interesan o para que desvíen el presupuesto municipal para aceitar su maquinaria militar. Es la ley del plomo: alcalde que no cumple el mandato 'revolucionario' es amenazado o asesinado. Ya en 1993, en una encuesta realizada a los alcaldes, casi el 15 por ciento manifestaba que estaban sujetos a presiones, amenazas, chantajes u otras formas de intimidación por parte de las organizaciones armadas ilegales. "Alrededor de 130 alcaldes no pueden gobernar sin 'rendirles cuentas' a los actores organizados de la violencia en el país", decía un artículo en enero de 1994.

Lo que cambió ahora es que como dice en su columna el analista Alfredo Rangel? "las Farc parecen estar dispuestas a sacrificar un cómodo cogobierno de los municipios para apostarle a la ingobernabilidad del país". Atacar el eslabón más débil del sistema político, como son los alcaldes de los municipios alejados, es una estrategia que resulta barata y muy rentable militar y políticamente. Basta enviar una carta intimidatoria y matar a un alcalde que se niegue a renunciar para que el mensaje surta su efecto letal. Sobran los cilindros de gas, el costo de las tomas y la movilización de hombres: una simple llamada telefónica, un comunicado membreteado y el cobarde asesinato de un alcalde 'rebelde' es suficiente para que todos sepan que hablan en serio. Más aun cuando ya tienen una presencia o control en zonas abandonadas por el Estado.

Si realmente se produce una renuncia masiva de alcaldes las consecuencias serían impredecibles. Es difícil imaginar lo que sucedería si los 12 millones de colombianos que viven en los 890 municipios pequeños y pobres ?y más vulnerables a las amenazas de las Farc? se terminan quedando sin sus servicios básicos por cuenta de que no hay Estado que se los suministre. Basta ver lo que pasó en Caloto, un municipio pequeño del Cauca, donde los indígenas estaban enfrentados al alcalde. Como la situación fue desatendida por el gobierno central 3.000 paeces bloquearon la carretera Panamericana, provocando cuantiosas pérdidas económicas.

La sicologia de la guerra

A los efectos económicos y militares se suma el impacto sicológico de las amenazas de las Farc, que han sido difundidas y amplificadas sin matices en diversos medios de comunicación.

Por ejemplo, amenazar al alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, no es sino una carnada que le lanzan las Farc a los medios. Para nadie es un secreto que Mockus, quien ocupa el segundo cargo más importante del país, ha sido un objetivo militar de las Farc para el canje como lo son la mayoría de los actuales políticos de alto perfil. Por lo tanto mandarle una carta es un acto de protocolo que sólo busca generar pánico entre los ciudadanos para que sientan que ningún territorio está vedado para los armados. Además de los efectos que estos mensajes puedan tener en una nerviosa comunidad internacional. En cambio, amenazar al alcalde de Belén de Andaquíes, un diminuto y apartado municipio de 10.000 habitantes en Caquetá, sí se puede considerar una condena de muerte. En cualquier caso esta última modalidad de terrorismo de las Farc ha cumplido a cabalidad su propósito de magnificar su capacidad de desestabilización ante los ojos estupefactos de millones de colombianos.

Es paradójico que pese a que, en términos estrictamente militares, el Estado es hoy mucho más fuerte de lo que era hace cuatro años, el país se sentía entonces más seguro que ahora. Ese es el efecto siniestro del terrorismo.

Tras la ruptura del proceso de paz la guerrilla arreció sus ataques a la infraestructura, volando torres y puentes en todo el país. Colombia registró millonarias pérdidas pero resistió el embate. Paralelamente, la guerrilla intensificó el secuestro de personalidades políticas para presionar un canje por guerrilleros presos, convencida de que al país no le dolían los 42 oficiales secuestrados, algunos durante más de cuatro años. Ante la negativa del gobierno a negociar la liberación de los diputados del Valle, de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y del ex ministro Gilberto Echeverry y cinco congresistas por guerrilleros presos, las Farc pusieron en marcha el destierro de las autoridades civiles. Esto con un efecto simbólico importante: decirle al país que rechazó la desmilitarización de cinco municipios que ellas por derecha pueden despejar 100 ó 200.

¿Que buscan las Farc?

Lo increíble es que las Farc nunca se imaginaron que esta nueva estrategia sería tan exitosa. "Esto de los alcaldes fue que le sonó la flauta al bloque sur y el resto de los bloques supieron capitalizar el bombo que les dieron los medios", dice una persona cercana a la guerrilla. En efecto, este grupo se propuso desde hace un par de años acabar con el poder político del Caquetá. Primero asesinaron al representante Diego Turbay, luego atentaron contra el representante Luis Fernando Almario. Después eliminaron a los alcaldes de Montañitas y de Puerto Rico, que se negaron a prestarles una maquinaria . "Se dieron cuenta de que no había freno y que podían romper la institucionalidad del Caquetá", dice un observador. El gobernador, quien fue investigado por el secuestro y asesinato del parlamentario Rodrigo Turbay por las Farc, no les brindó en un principio protección a los alcaldes y ni siquiera convocó a un consejo de seguridad.

La estrategia de despejar a la brava al Caquetá con miras a posicionarse en una eventual negociación de paz con el presidente electo Alvaro Uribe fue aprovechada por cada uno de los frentes de las Farc para sus propios propósitos. Así, en el Oriente Antioqueño, los comandantes amenazan a los alcaldes para de paso torpedear la 'tregua' que el ELN les había dado para sacar las estaciones de Policía de esos municipios y evitar cualquier deslizamiento del frente eleno Carlos Alirio Buitrago hacia las autodefensas. En Arauca buscan romper el poder local construido durante años por el ELN. En el Cauca el comandante 'Miguel Pascuas', un viejo contemporáneo de 'Marulanda', trata de sacarse el clavo contra las pretensiones de autonomía territorial de los indígenas. "Los medios les ayudaron a unificar el concepto y luego el secretariado lo asumió como política", dice el allegado de las Farc.

Gobierno, ¿eunuco?

La reacción del Estado frente a esta ofensiva ha desconcertado a muchos que esperaban que el Presidente decretara la conmoción interior. El argumento que dio Pastrana para no hacerlo es que esta figura "es útil para un país en paz pero carece de dientes para afrontar situaciones terroristas", dándole al parecer la razón a Fernando Londoño, el designado ministro del Interior y de Justicia, quien ha propuesto restablecer el estado de sitio de la Constitución de 1886, que le daba poderes supremos al Presidente de la República.

Sin embargo algunos constitucionalistas dicen que Pastrana y Londoño están equivocados. El presidente César Gaviria utilizó la conmoción interior para evitar la salida de la cárcel de narcotraficantes en julio de 1992. En noviembre de ese mismo año la volvió a utilizar para conjurar las presiones de la guerrilla para que los alcaldes invirtieran en los proyectos que ellos escogieran. Gaviria, investido de poderes especiales y autorizado por la Corte Constitucional, dijo que donde hubiera presión de las Farc no habría plata.

Cuatro años después Ernesto Samper decretó la conmoción interior para responder a actos de terrorismo, como el magnicidio de Alvaro Gómez Hurtado y las amenazas contra otros dirigentes, como José Raimundo Sojo, Antonio José Cancino y autoridades locales. La Corte aceptó que una escalada terrorista justifica la declaración de la conmoción. Es decir, que el argumento de Pastrana de que estas medidas excepcionales son para tiempos de paz es errada. Son precisamente para conjurar arremetidas terroristas y perturbaciones del orden público como las que se viven hoy que la declaratoria de conmoción interior le otorga al Presidente facultades extraordinarias, como interceptar comunicaciones, realizar allanamientos sin orden judicial y restringir la información y el derecho de circulación, así como suspender alcaldes y gobernadores (ver recuadro).

Entonces, ¿por qué no declaró la conmoción? La versión oficial es que las medidas que tomaron (brindar protección a cada alcalde, la posibilidad de despachar desde guarniciones o desde la capital departamental, más soldados y detectives y recompensas por las cabezas de las Farc) son suficientes. Pero los críticos creen que Pastrana no quiere pasar a la historia como el mandatario que luego de tres años de fallidas negociaciones de paz le entrega el país a su sucesor en medio del símbolo de la guerra: la conmoción interior.

Ahora, si las recompensas surten efecto y se logra al menos la captura de alguno de los miembros del secretariado, Pastrana lograría una victoria histórica. En cualquier caso, tener sobre la cabeza una recompensa de dos millones de dólares hará que, en adelante, los dirigentes guerrilleros duerman tan intranquilos como los colombianos a quienes amenazan todos los días.