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| 6/1/2003 12:00:00 AM

¿Se caerá?

Fernando Londoño ganó el debate de Invercolsa pero el problema no se ha resuelto y se está agravando.

¿Se caerá? ¿Se caerá?
Si hubiera que señalar un ganador en el debate sobre Invercolsa sería sin duda el ministro Fernando Londoño. Los debates son al fin y al cabo su terreno natural. Los senadores citantes hicieron muy bien la tarea pero no pudieron coronar. Piedad Córdoba cometió el error de caer en las agresiones personales. Hugo Serrano fue demasiado técnico. El mejor, a pesar de su evidente sesgo ideológico, fue Jorge Robledo.

Sin embargo, a pesar de que se vieron buenos pases en las faenas de los tres toreros, ninguno tuvo suerte en el momento de entrar a matar. Como se dice en el argot taurino, el toro estuvo por encima de los matadores. Ante los duros y enardecidos ataques de los congresistas el ministro Londoño optó inteligentemente por una estrategia de reposado profesor de derecho que, a la postre, le resultó exitosa. Contó a su favor con el hecho de que, a pesar de la gravedad de las acusaciones, no hubo nada nuevo, y en materia de escándalos políticos lo novedoso es más efectivo que lo grave.

Londoño aprovechó su experiencia como académico y expositor para calificar él mismo su conducta, concluyendo que había sido ajustada al interés público. Trató de dejar tres mensajes claros:

-Que no hubo perjuicio económico alguno para la Nación sino, por el contrario, enriquecimiento para Ecopetrol por la valorización que tuvieron las acciones durante ese lapso.

-Que no hubo mala fe en su actuación porque la Fiscalía y la Procuraduría lo absolvieron.

-Que él ha tenido la mejor voluntad de llegar a una conciliación justa pero que Ecopetrol, por "circunstancias políticas", no ha querido aceptar su propuesta.

Para la opinión pública en general, y lo dicen algunas encuestas que se han publicado, el Ministro le ganó el mano a mano a los congresistas y salió bien librado. No se puede decir lo mismo de la opinión calificada, la cual, reconociéndole su brillantez, considera sofísticos los argumentos y ve muchos cabos sueltos. En esos círculos la forma como Londoño se hizo pasar por trabajador de Invercolsa no es un episodio transparente. Si era empleado, ¿por qué nunca cotizó al Seguro Social ni cumplió con las obligaciones parafiscales? Si se acepta su argumentación, de que él era representante legal, subordinado a la junta y por ello empleado, ¿significa esto que todos los miembros de las juntas directivas del país tienen la categoría de trabajadores porque reciben una remuneración y están subordinados a la asamblea de accionistas? Si la respuesta a estos interrogantes es sí, se estaría abriendo trocha en materia de jurisprudencia.

Las explicaciones que el Ministro dio cuando la maniobra fue destapada no han hecho sino agravar las cosas. La afirmación de que él es el apoderado de los dueños de las acciones, pero que no sabe quiénes son, desafía la credibilidad. En el mejor de los casos es una mentira y en el peor un acto de irresponsabilidad total en un país donde ronda el fantasma del narcotráfico.

Igualmente, el argumento de que Ecopetrol se enriqueció por la valorización de Invercolsa puede ser verdad, pero no legitima su conducta. Es como si alguien se roba una vaca y cuando lo capturan dice que es inocente porque la está devolviendo con un ternero.

El argumento de que no hubo mala fe en su conducta es cosa juzgada a su favor, pues tanto la Procuraduría como la Fiscalía lo absolvieron en esta materia. Pero son muchos los abogados en Colombia que no comparten este concepto. Puede que hacerse pasar por empleado de una empresa, sin serlo, no sea delito siempre y cuando no se perjudique a nadie. Pero utilizar esa condición para beneficiarse de algo a lo que no se tiene derecho podría serlo. O, en el mejor de los casos, es evidentemente contrario a los principios de buena fe que rigen la contratación. Sobre todo en el caso de un abogado con los quilates jurídicos de Fernando Londoño.

El asunto de Invercolsa está lleno de puntos que no se han aclarado y que probablemente nunca lo serán. ¿Cómo obtuvo Londoño crédito por nueve millones de dólares cuando, según él mismo, su patrimonio en la época ascendía a 322.000 dólares? ¿Por qué le recibieron esas acciones como garantía en el banco? ¿Cómo las iba a pagar? ¿Cómo transfirió al acreedor prendario unas acciones que estaban en pleito? ¿Cuándo lo hizo? ¿Esta acción requería una autorización del juez? ¿La obtuvo?

Si, según él, la razón por la cual Ecopetrol no está conciliando es por "circunstancias políticas", ¿cómo se explica el hecho de que las últimas administraciones de ese organismo tampoco quisieron transar si su ofrecimiento era tan favorable y tan magnánimo?

Tal vez uno de los elementos más graves del caso ha sido la manipulación que se ha hecho ante la opinión pública para tratar de responsabilizar a Ecopetrol por no haber aceptado la oferta del Ministro de recibir las acciones a cambio del precio indexado. Cada vez que se esgrime este argumento no se agrega que la empresa estatal, una vez proferido el fallo laboral a su favor por el Tribunal de Bogotá, tiene una alta posibilidad de recobrar las acciones sin tener que devolver un solo peso. Esta es precisamente la petición de Ecopetrol al solicitar la nulidad por objeto ilícito. Y en este punto la Procuraduría le acaba de dar la razón a la estrategia de los abogados de la petrolera. Dejar dudas sobre la administración de Ecopetrol constituye en el fondo una presión indebida sobre la entidad para llegar a un arreglo sin esperar el fallo judicial.

Además no se entendería cómo, si la demanda de Ecopetrol está basada en la "ilicitud del objeto", podría ese organismo celebrar posteriormente un contrato de transacción con el mismo Ministro si su objeto sería exactamente el mismo.

El problema de fondo de Invercolsa es que es un absurdo tanto jurídico como político que una persona que tiene un pleito multimillonario con el Estado sea nombrado Ministro. Más aún cuando una de las dos carteras a su cargo es la de Justicia, ya que el Ministro tiene ascendiente sobre las instancias que tendrán que conocer del caso. Salta a la vista un conflicto de intereses monumental que debió evitarse desde un principio. De esto es tan responsable el Presidente de la República como el propio Ministro. El primer mandatario, quien cuando nombró a Londoño no tenía conocimiento de las implicaciones del caso Invercolsa, cometió el error de sostenerlo después de que el escándalo explotó. Le hicieron creer que entregar la cabeza de Londoño antes de posesionarse como Presidente de la República sería percibido como un acto de debilidad. Bajo esta premisa se volvió un punto de honor respaldarlo.

Alvaro Uribe asumió el costo político de esa decisión y lo está pagando. El Ministro nació debilitado y nunca ha podido desprenderse del bacalao de Invercolsa. Si por parte del Presidente nombrarlo fue un acto de imprudencia política, por parte de Londoño aceptar el cargo fue un suicidio económico. En Colombia nadie transa con un ministro en medio de un escándalo político. Todas las supuestas ventajas que trae consigo ser parte del gobierno en la práctica se convierten en desventajas ante la prevención de la opinión pública y de todos los funcionarios y jueces que tengan que ver con el tema. En un caso tan politizado como el de Invercolsa era previsible que los conceptos jurídicos y las decisiones administrativas fueran en contra de cualquier posibilidad de conciliación. Nadie quiere exponerse a que lo acusen de 'sapo', de cómplice o de prevaricador. De no habérsele dado un perfil tan alto a este asunto el margen de maniobra de Londoño y de sus representados habría sido mayor. Lamentablemente para Fernando Londoño y para el país ya puede ser demasiado tarde.

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