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| 11/29/1993 12:00:00 AM

SE ENTREGA GILBERTO RODRIGUEZ?

Esta semana culmina un largo tire y afloje entre abogados de los carteles, y la Fiscalía, la Procuraduría, el Gobierno y el Congreso, que puede desencadenar una entrega masiva de narcotraficantes, empezando por los de Cali.

SE ENTREGA GILBERTO RODRIGUEZ? SE ENTREGA GILBERTO RODRIGUEZ?
LA HISTORIA COMENZO EN ENERO DE ESTE año. Un grupo de abogados que dijo representar los intereses de narcotraficantes de Cali le pidió cita al fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff Restrepo. Deseaba transmitirle la intención de sus clientes de entregarse, desmantelar su negocio y contar todo lo que habían hecho para montarlo, en la idea de que dicha infor mación serviría a las autoridades para llevar a cabo un control más efectivo de las actividades de los traficantes que continuaran con el negocio. Los interesados se negaban, eso sí a delatar a otros narcotraficantes.
De Greiff escuchó a los abogados y les expresó su interés en el tema. Les preguntó si habían hecho alguna consulta con funcionarios gubernamentales, y ellos le dijeron que sí, pero que tales funcionarios les habían sugerido acudir a la Fiscalía. Antes de avanzar más en el proceso, el Fiscal realizó consultas con otros miembros del poder ejecutivo, de las cuales surgió la idea de una nueva reunión con los abogados, esta vez con la presencia de los ministros de Defensa, Rafael Pardo, y Justicia, Andrés González, y del procurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta.
En esta reunión -y en una posterior a la que asistieron los directores del DAS, Fernando Brito, y de la Policía, general Miguel Antonio Gómez Padilla-, los abogados ampliaron sus planteamientos. Dijeron que representaban a unos 200 narcotraficantes y a unos 6.000 familiares de estos que estaban dispuestos a retirarse, en bloque, del negocio. Aseguraron que sus clientes controlaban alrededor del 60 por ciento del tráfico de cocaína de Colombia a Estados Unidos y Europa, y que se hallaban listos a entregar bienes y laboratorios, y a revelar las rutas internacionales del narcotráfico, todo ello si las autoridades se mostraban interesadas y si era posible encontrar una salida jurídica "apropiada".
Lo que los abogados de Cali entendían por salida "apropiada" era una fórmula basada en tres categorías distintas de casos: la primera, la de aquellos de sus representados contra quienes la justicia no tenía ninguna prueba; la segunda, la de aquellos contra quienes las autoridades tenían pruebas débiles de su vinculación con el narcotráfico. y la tercera, la de aquellos contra quienes había acusaciones más só1idas. Para los primeros, los abogados pretendían que sólo con su presentación obtuvieran la garantía de no ser investigados ni procesados por los delitos que pudieran haber cometido. Para los segundos, para los de sindicaciones con pruebas débiles, pedían rebaja de penas a cambio de la confesión de esos delitos. Y para los terceros, los abogados solicitaban la aplicación del debido proceso pero con rebaja de penas a pesar de que no habría confesión.
La respuesta del Fiscal y de los demás funcionarios fue que estaba vigente el decreto 264, dictado bajo el régimen de conmoción interior, que podía ser analizado para el caso pues era una norma flexible e innovadora que le permitía a la Fiscalía premiar, de manera muy generosa, a los narcotraficantes que ofrecieran una verdadera y amplia colaboración con la Justicia. No obstante, tanto el Fiscal como las otras autoridades expresaron a los representantes del cartel de Cali que, si a lo que aspiraban era a alguna forma de indulto o de perdón Judicial, no se hicieran ilusiones, pues existía consenso entre las dis tintas entidades estatales en el sentido de que por muy lejos que llegara la rebaja de penas nunca se aceptaría que la negociación judicial culminara en una condena sin cárcel ni indemnización.
Por su parte, el Gobierno definió una serie de criterios dentro de los cuales estaba dispuesto a moverse para alcanzar una salida jurídica a la oferta de entrega de las gentes de Cali. Entre ellos, el más importante era que no podía equipararse el sometimiento a la Justicia, que implicaba entrega y confesión, con la simple presentación ante las autoridades, pues la rebaja de penas debía ser el resultado de confesar y no solo de presentarse. Otro criterio definido por el Gobierno fue que la única manera como un narcotraficante podía obtener plena y perma nente resolución jurídica de su pasado era que confesara la totalidad de los delitos cometidos en el país y el exterior. Un tercer elemento determinado por el Gobierno era que la colabora ción con la Justicia debía ser concreta y no vaga, en cuanto a que debía permitir identificar a otros delincuentes y localizarlos. Finalmente, el Gobierno opinaba que la oferta de terminar con el negocio no podía valorarse como una concesión a la sociedad, porque abandonar la actividad ilícita era la base de cualquier sometimiento.
Por más que eran evidentes las diferencias entre las autoridades y los abogados del cartel de Cali, el Fiscal promovió una reunión adicional a la que asistieron representantes de la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que en junio de 1991, tras la entrega de Pablo Escobar, reveló nutrida información en el sentido de que ya el cartel de Medellín no era significativo en el negocio internacional de las drogas, y que, en cambio, el de Cali había adquirido un poder inusitado. En la reunión de los abogados de Cali con los funcionarios de la DEA, uno de los juristas aseguró: "Por lo que nuestros clientes nos han dicho, ustedes en el Gobierno estadounidense no conocen ni el 50 por ciento de la operación del negocio. Y si este proceso llega a feliz término, las personas a quienes representamos podrían re velar la totalidad".

TODO SE DERRUMBA
Los abogados se dedicaron a estudiar el decreto 264, pero a principios de mayo sufrieron una gran decepción: la Corte Constitucional echó por tierra la norma, con el argumento -entre otros muchos- de que los beneficios allí previstos para quienes colaboraran con la Justicia no podían limitarse a los sindicados de delitos de narcotráfico, sino que debían extenderse, para cumplir con el principio de igualdad ante la ley, a los demás delitos.
Volvieron entonces donde el Fiscal, quien les dijo que en las nuevas circunstancias derivadas del fallo de la Corte sólo quedaban dos posibilidades: acogerse a las mismas normas de sometimiento a la Justicia dictadas a finales de 1990 y principios de 1991, y convertidas en legislación permanente a finales de este último, o seguir el camino fijado por el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, sobre terminación anticipada del proceso, utilizando en las negociaciones de pena con los hermanos Ochoa Vásquez y con Iván Urdinola, entre otros.
"Por ese camino no podemos llegar muy lejos", respondieron los abogados. "Hay dos razones -agregaron- para que a nuestros clientes se les dé un mejor tratamiento que aquel recibido por las gentes del cartel de Medellín. Primero, que estas personas de Cali nunca han cometido actos terroristas. Y segundo, que han contribuido en numerosas ocasiones con información que les ha servido a las autoridades para darle golpes al cartel de Medellín". Todo indica que se referían a la ayuda que han prestado, como informantes del Bloque de Búsqueda, personas vinculadas al cartel de Cali, así como algunos aliados de los hombres del Valle, como el ex jefe paramilitar Fidel Castaño, sobre cuya colaboración en la persecución a Pablo Escobar y a sus hombres se ha especulado mucho desde principios de este año. Pero ninguno de esos argumentos convenció a las autoridades de flexibilizar su posición. Con la caída del decreto 264 y la no aceptación de los abogados de que sus clientes utilizaran las normas de sometimiento o de terminación anticipada del proceso, los contactos parecieron llegar a un punto muerto.
"Era una lástima que eso pasara -le dijo a SEMANA uno de los testigos del proceso- pues a esas alturas ya se habían comenzado a interesar en el tema, aparte de los de Cali, narcotraficantes de la Costa y los Santanderes, al igual que personas de Medellín distanciadas de Escobar desde los asesinatos de Moncada y Galeano en La Catedral, en junio del 92". En ese momento, a principios de julio, los distintos funcionarios judiciales y del Gobierno creyeron que el proceso se había frustrado.

POR LOS PASILLOS DEL CONGRESO
Pero los abogados, tanto de Cali como de las demás zonas cuyas organizaciones de narcotraficantes se habían interesado en la posible entrega, siguieron adelante. Sabían que en el proceso de aprobación de la ley de reformas al Código de Procedimiento Penal, que estaba dándose en el Congreso, había posibilidades de revivir algunos de los elementos del decreto 264, y de redactar normas que resultaran más flexibles frente a las de sometimiento vigentes, y que, por ello mismo, se acomodaran a las necesidades de sus representados.
Fue así como a mediados de agosto comenzó a circular por los pasillos del Congreso cerca de una veintena de abogados de Cali, Bucaramanga, la Costa Atlántica, Pereira y Medellín, interesados en empujar la reforma al código. Con algunos congresistas trabaron una estrecha relación y les plantearon los mismos li neamientos que habían expuesto meses antes al Fiscal y a los demás funcionarios. La labor de estos abogados llegó a ser tan organizada que imprimieron un folleto en el cual los parlamen tarios podían leer, con todo detalle, las modificaciones que era necesario introducir al proyecto gubernamental de reforma al Código. El folleto utilizaba el formato de la doble columna y para cada reforma podía leerse: "Donde dice (y aparecía la norma propuesta por el Gobierno), debe decir (y aparecía la norma propuesta por ellos)".
La alarma cundió entre las autoridades. El lobby adelantado por los abogados de los carteles iba a hacer imposible que el proyecto reflejara los términos que el Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría consideraban adecuados. "Empezó entonces un tire y afloje intenso y agotador -le dijo a SEMANA uno de los funcionarios que debía asistir a las sesiones-, hasta cuando co menzamos a persuadir a los congresistas de los problemas que traería una reforma tan generosa para con los narcotraficantes".
El punto de quiebre se dió hace dos semanas, cuando el proyecto llegó a manos de la comisión primera de la Cámara de Representantes. Algunos de los ponentes empezaron a trabajar, en una propuesta muy similar a la que las autoridades habían conocido de boca de los abogados, y, por un momento el Gobierno llegó a pensar en retirar su apoyo a la iniciativa y trabajar para hundirla. Durante el fín de semana del 23 y 24 de octubre, los Ministerios de Gobierno, Justicia y Defensa, la Fiscalía y la Procuraduría, examinaron con lupa cada artículo, cada frase, y hasta cada coma, con el fin de "atajar los goles" que pudiera contener el texto retocado por los parlamentarios.
Lo primero que resultó evidente es que, dentro de las propuestas introducidas al proyecto gubernamental, había artículos que parecían acomodarse en parte al modelo de las tres categorías de narcotraficantes que habían planteado los abogados a la Fiscalía durante el primer semestre de este año. En el artículo 45 del pro yecto se proponía incluir en el Código un numeral nuevo, el 369B, para los casos de colaboración de aquellas personas contra quienes no existiera proceso judicial alguno. Estas personas podrían obtener así una "resolución inhibitoria irrevocable", es decir, una garantía de que no serían juzgadas por sus actividades pasadas si colaboraban con la Justicia. Ciertos vericuetos de la redación de la norma resultaron, a ojos del procurador Arrieta y del ministro Pardo, como elementos que podían interpretarse como una excarcelación y una libertad condicional automáticas para quienes se presentaran ante las autoridades y prestaran alguna colaboración con la Justicia. En la práctica, era el indulto, el perdón judicial que tanto habían rechazado la Procuraduría, el Gobierno y la Fiscalía.
Para confirmar el sabor a indulto, aparecía una frase en este artículo según la cual la Fiscalía podía dictar la resolución inhibitoria "actuando con el criterio de la conveniencia pública", consideración que se tiene en cuenta en la aplicación de las leyes de perdón reservadas para los delincuentes políticos.
La batalla fue dura. Arrieta hizo una enérgica intervención después de la cual el ambiente cambió en la comisión. Fue un planteamiento quizá más extremo y duro de lo que él mismo creía. Pero gracias a ello, y a que el ministro de gobierno, Fabio Villegas, hizo gala de su influencia política con algunos congresistas amigos, la balanza se fue inclinando en contra de la redacción propuesta por los parlamentarios ponentes.
Al final, resultó una redacción según la cual si una persona que ha cometido delitos, pero carece de procesos judiciales en contra, se presenta, colabora con la justicia y confiesa determinados delitos, podría no ir a la cárcel por estos si tienen una pena mínima de cinco años o menos. Cuando no está agravado por el concierto para delinquir u otros delitos, el narcotráfico tiene una pena mínima de sólo cuatro años. Eso querría decir que si un narcotraficante se presenta y confiesa el delito de narcotráfico sin agravantes, podría no ir a la cárcel si, además de su confesión, colabora con la Justicia para identificar o localizar a otros delincuentes, prevenir la comisión de nuevos delitos o contribuir a desarticular organizaciones criminales. Es decir que, en la práctica, el perdón puede llegar a darse, pero como resultado de una colaboración realmente eficaz a ojos de la Fiscalía, que deberá valorar esta colaboración teniendo en cuenta un concepto previo de la Procuraduría.
Este es, sin duda, el artículo más generoso, pues según todos los demás, por mucha colaboración que un delincuente ofrezca a la Justicia, él siempre tendrá que cumplir cuando menos por una tercera parte de la pena que merezca. Y la verdad es que, tanto ese debatido artículo como algunos otros, dependen para su aplicación de que la Fiscalía actúe con un alto grado de res ponsabilidad, lo que se pretende asegurar en la nueva ley poniendo esta clase de casos en manos directas del Fiscal General, o de un fiscal de su entera confianza que éste designe.
El problema es que, si efectivamente la nueva legislación que debe sancionar el presidente César Gaviria esta semana produce una avalancha de entregas, va a ser muy difícil para el fiscal De Greiff estar pendiente de todos y cada uno de los casos. Lo anterior es particularmente válido si se piensa que sólo el grupo de abogados de Cali -sin contar a los de otras regiones- dice representar a unos 200 narcotraficantes. De ese grupo, se cree que solo Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela y José Santacruz Londoño tienen procesos judiciales abiertos, lo que impediría que pudieran ahorrarse la cárcel. Pero en el caso de los 190 y pico restantes, la mayoría podría apuntarle a condenas de ejecución condicional, esto es, sin ser puestos tras las rejas.
Ello justifica las advertencias del Procurador y de otros fun cionarios y comentaristas que a finales de la semana pasada reci bieron con algo de preocupación las reformas al Código acordadas en el Congreso. Sin embargo, esto también debe poner a pensar a los abogados del cartel de Cali y de las organizaciones de otras ciudades que se han interesado en la nueva legislación pues si no se acogen a ella pueden estar perdiendo una oportunidad de oro para saldar sus cuentas con la Justicia. Existe, claro está, el riesgo de que con estas normas muchos narcotraficantes limpien su pasado pero sigan delinquiendo en el futuro. No obstante, hay que reconocer que en ese aspecto el proyecto tiene una llave de seguridad: si el delincuente que se beneficia reincide, pierde dichos beneficios y está sujeto a que le apliquen la máxima con dena para los delitos que confesó.
En general, la nueva legislación tiene grandes atractivos para quien haya cometido delitos y quiera resolver la situación jurídica. Pero, eso sí, el delincuente sólo podrá aspirar a los máximos beneficios de rebaja de pena o incluso de libertad condicional si su colaboración implica delatar a otros delincuentes y, si es posible, desarticular organizaciones delictivas enteras. Es un novedoso y significativo estímulo para romper la ley del silencio. Como le dijo el viernes a SEMANA el fiscal De Greiff, "la filosofía que inspira estas normas es que se le den inmensos beneficios a quien se entregue, confiese y so bre todo delate a otros, y, a la vez, que quienes no se entreguen ni confiesen corran el riesgo de ser delatados por los demás". ~Será todo esto suficiente para que se entreguen las decenas de narcotraficantes que por intermedio de sus abogados han ex presado el deseo de resolver su situación jurídica? La Fiscalía cree que esta posibilidad existe y que es grande.
Tanto que se ha empezado a hablar de la necesidad de adecuar ins talaciones carcelarias de emergencia, pues podría llegar a desatarse una entrega masiva.
Sin embargo, es posible que las cosas no se desencadenen tan rá pido. Es previsible, más bien, que inicialmente las organizacio nes criminales interesadas en la nueva ley promuevan la entrega de algunos subalternos a manera de "conejillos de indias", para ver cómo les va, y, dependiendo de los resultados, se animen los peces gordos.
Aún así, lo que parece claro es que con la expedición de la ley que reforma el Código de Procedimiento, se ha abierto una puerta bastante grande para que por ella entren a la legalidad decenas de narcotraficantes. Los riesgos de una mala aplicación son enor mes. Pero también pueden llegar a serlo las posibilidades de que, en virtud de la nueva legislación, se desmonte en Colombia una parte importante de la actividad del narcotráfico.

EL CASO JAIME LARA
EN MEDIO DE LOS RUMORES DE la ofensiva política y jurídica lanzada la semana pasada por el cartel de Cali, ha aparecido un extraño personaje que, a pesar de su actividad política, era, hasta hace unas semanas, totalmente desconocido para la opinión pública. Se trata de Jaime Lara Arjona, representante a la Cámara por el departamento de Córdoba.
Este joven dirigente costeño había tenido poca figuración en el Congreso, y se había distinguido entre sus colegas por ser un hombre amable y especialmente educado. Pero la semana pasada su rostro y su nombre saltaron a los titulares de los medios de comunicación debido a un coletazo del escándalo que protagonizó el destituido procurador delegado para la Vigilancia de la Policía Judicial, Guillermo Villa Alzate. Por el contenido de la conversación telefónica que sostuvo Villa con Miguel Rodríguez Orejuela, los investigadores del Ministerio Público dedujeron que la Sijin del Valle podía estar colaborando con el cartel de Cali, y se preguntaron cómo demonios había llegado a manos de Rodríguez Orejuela un documento interno elaborado por este organismo con sede en la capital del Valle.
La historia de este documento secreto comenzó cuando, en Bogotá, la Dijin comisionó uno de sus agentes especiales para realizar labores de inteligencia sobre las redes de lavado de dólares localizadas en el Valle del Cauca.
Esta misión, bautizada Operación Robledo III, se le encomendó al capitán Jairo Barreto, uno de los hombres de confianza de la institución. El reporte final de inteligencia, que daría paso a la parte operativa, fue entregado por Barreto al coronel Alonso Arango. En uno de los apartes señala: "El sujeto Diego Marín sirve de intermediario para transportar droga y lavado de dinero (dólares) a un grupo de narcotraficantes del llamado cartel de Cali". Cuando Arango recibió el reporte le agregó con su puño y letra que el grupo de narcotraficantes al que se refería su subalterno era "la organización de los Rodríguez Orejuela". Este procedimiento no tiene nada de irregular. El cúmulo de información recogida puede modificar en cualquier momento el reporte de la investigación, pero el capitán Barreto manifestó su desacuerdo con las modificaciones hechas por Arango.
Hasta ese punto, el caso no pasaba de ser una diferencia de criterios entre un investigador de campo y el encargado de analizar la información.
Pero las cosas pasaron de castaño a oscuro cuando salió a la luz que Miguel Rodríguez tenía en sus manos el famoso documento secreto, el mismo que incluía las anotaciones hechas por Arango. Estas últimas, a ojos de Rodríguez, podían resultarle perjudiciales. Por esta razón le solicitó al ex procurador Villa Alzate que le diera una mano en el asunto. De inmediato, la pregunta que quedó en el aire fue cómo el documento había llegado hasta Rodríguez Orejuela.
El misterio se resolvió unos días después, cuando el capitán Barreto confesó que el reporte de inteligencia se lo había entregado al representante a la Cámara Lara Arjona, y no al miem bro del cartel de Cali, con la intención, según palabras del propio capitán, de que Lara se lo remitiera al director de la Policía, general Miguel Antonio Gómez Padilla. En medio del escándalo, Lara explicó que no había podido hacérselo llegar a G6mez Padilla, pues éste se encontraba fuera del país. Sin em bargo, no admitió ni rechazó que se lo hubiera dado a Rodríguez Orejuela. Lo único que quedó en claro después de sus declaraciones fue que sí lo conocía.
Esa sola afirmación basta para poner a Lara en grandes aprietos. Es difícil explicar cómo un miembro del Congreso sostiene conversaciones con los jefes del narcotráfico. Pero aún más difícil de comprender es el hecho de que se trate de uno de los integrantes de la comisión encargada de estudiar la reestructuración de la Policía. Y como si todo lo anterior fuera poco, Lara también hace parte de la recientemente creada comisión accidental para el estudio de alternativas al narcotráfico.
Pero los problemas de Lara no paran ahí. El representante es uno de los 20 congresistas investigados por la Procuraduría General de la Nación por enriquecimiento ilícito. Esta investigación fue iniciada en 1991, cuando Lara desempeñaba un cargo administrativo en la Comisión Segunda del Senado.
Durante seis meses los investigadores del Ministerio Público hicieron un seguimiento a sus incrementos patrimoniales. Se encontró que, en efecto, su patrimonio no correspondía a sus in gresos regulares, y en esa primera etapa la oficina de investigaciones especiales concluyó que había un enriquecimiento ilícito por parte del representante Lara Arjona. En la siguiente etapa del proceso que realiza el Ministerio Público, Lara presentó sus descargos y trató de justificar el desfase patrimonial. Las pruebas aportadas por los investigadores y por el propio Lara son actualmente cotejadas por la Procuraduría Delegada para Asuntos Presupuestales, la cual tendrá la última palabra.
Con todos estos elementos en la mano surgen algunas preguntas obvias:
Fue Lara quien le entregó el documento de la Dijin a Miguel Rodríguez Orejuela? En caso contrario, quién lo hizo? Tienen algo que ver su participación en la comisión accidental sobre el narcotráfico y en la Comisión Segunda de la Cámara, dedicada a los temas de seguridad, justicia y relaciones exteriores, y sus conversaciones con Miguel Rodríguez? Finalmente, hay alguna relación entre los indicios que ha encontrado la Procuraduría sobre el posible enriquecimiento ilícito del representante Lara y toda esta historia?

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