Se hace camino al andar

Este año la población afrocolombiana -26 por ciento del total de población del país- tuvo un gran logro. La dirección de etnias del Ministerio del Interior empujó un documento Conpes para las negritudes que es virtuoso no por ser el primero, sino porque ordena a las entidades ejecutoras de programas sociales cuantificar la población negra atendida y fijar metas de ampliación de cobertura. Planeación Nacional, a través del Sigov, hará seguimiento a estos planes.

El segundo logro de las comunidades negras en 2004 fue que les fueron tituladas colectivamente 105.306 hectáreas de tierras en Cauca. Algunos esperan que la titulación no termine en conflicto, como sucede actualmente con las tierras colectivas del Chocó y de Nariño, donde el proceso de titulación que se inició hace nueve años ha enfrentado a quienes quieren cultivar coca en contra de quienes se oponen a usar sus territorios para ello. En Tumaco y en Urabá, donde también hay propiedad colectiva, algunos han accedido a firmar acuerdos de explotación de sus tierras con grupos de palmicultores que llegaron a la zona.

En diciembre, las comunidades indígenas consiguieron que el gobierno incluyera una adición presupuestal por 6.000 millones de pesos para el saneamiento -o compra de terrenos a terceros- del resguardo unido U'wa en Boyacá y Norte de Santander, y 5.000 millones para el saneamiento del resguardo Kogui -Malayo- Arhuaco en el Cesar y Magdalena. Sin embargo, en general, este año ha sido amargo para los indígenas. El conflicto los ha atacado con especial saña. En los dos últimos años más de 350 indígenas fueron asesinados y miles han sido desplazados. Durante el primer semestre del año, en Nariño, por ejemplo, 70 por ciento de los desplazamientos forzados fue ron de indígenas. Varios pueblos han sido víctimas de bloqueos de suministros y de movilización. En marzo, 1.200 emberas del Chocó tuvieron que salir huyendo de sus territorios por el fuego cruzado. Otras comunidades padecen la misma situación. Los Arhuacos, Wiwas, Koguis, Wayuus y Kankuamos. Este último caso, uno de los más críticos por la confrontación de los grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta, que ha desplazado a unos 1.700 indígenas y les ha costado la vida a casi 100.

Pero los indígenas le han hecho frente a la guerra dando ejemplo de unidad. La guardia indígena del norte del Cauca, con más de 7.500 miembros armados sólo con bastones, ha logrado la liberación de varios de los suyos secuestrados por las Farc y ha evitado la incursión de grupos armados a algunos de sus territorios. Acompañaron la marcha, desde el Cauca hasta Cali, que agrupó a más de 60.000 indígenas por la defensa de sus pueblos, y así dieron inicio a un consejo itinerante que va por todo el país para conocer los problemas de sus comunidades. Por este esfuerzo, el 6 de diciembre fueron premiados con el Premio Nacional de Paz.

Otras minorías tienen logros y retrocesos en su lucha por hacer valer sus derechos. La comunidad raizal de San Andrés y Providencia, por ejemplo, pidió al gobierno que trabajara en un estatuto que consagrara los derechos de los pueblos raizales como minoría étnica. Se crearon entonces mesas de trabajo de autoridades nacionales y locales, y los raizales, pero en octubre, la comunidad consideró que no había una representación significativa de su grupo, y se paró de la mesa. Con esto, el estatuto quedó en veremos.

Y el pueblo Rom, los gitanos colombianos que suman unos 2.500 y llevan más de tres siglos en el país, después de un proceso de organización que lleva casi siete años logró que el Estado los reconociera como minoría étnica con derecho a entrar al régimen subsidiado de salud, con un esquema similar al de los indígenas. Este grupo se hizo visible cuando a principios de año una gitana, que luego murió, se desplomó frente al presidente Álvaro Uribe.

Unas más y otras menos, las minorías étnicas del país caminan en busca de la reafirmación y el respeto por sus derechos. Sus mayores enemigos en esta búsqueda son el conflicto armado que los acorrala y la pobreza que los disminuye. Sin embargo, hay otro enemigo poderoso del que poco se habla: la ausencia de institucionalidad. El Ministerio del Interior tiene una dirección de etnias que por más que busque hacerse cargo de estos grupos minoritarios no tiene los recursos económicos suficientes -y le acaban de reducir el personal-. Falta mucho para que el Estado cumpla con su obligación de velar por las minorías más vulnerables y preserve así no sólo sus derechos, sino la diversidad cultural que conforma esta Nación.

* Periodista de SEMANA