SE PRENDIO EL VENTILADOR

HAY UN DICHO UN POCO crudo para ilustrar una situación en la cual, de un momento a otro, salen a relucir todos los trapos sucios: 'Se prendió el ventilador'. Y eso fue lo que sucedió en Colombia el viernes de la semana pasada por cuenta de las medidas tomadas por el Fiscal General de la Nación. Con las aspas del ventilador dando vueltas nadie sabe qué le va a caer a quién.
El escueto comunicado de seis párrafos emitido por la oficina de divulgación de prensa de la Fiscalía es, a pesar de su brevedad y sobriedad, el documento más explosivo en la vida colombiana en muchos años. Técnicamente no es más que una apertura de investigación sobre enriquecimiento ilícito a unos parlamentarios y a un periodista y un traslado a la Corte Suprema de material probatorio sobre varios congresistas y el Contralor General de la República para que ésta determine si existen méritos para iniciar otras investigaciones.
Pero, en este caso, los tecnicismos judiciales son insignificantes frente al alcance moral y político de las decisiones del Fiscal. En el fondo, más que enjuiciar a unas personas se está enjuiciando a una clase política y de pronto a toda una sociedad.
En Colombia eso es coger al toro por los cuernos. Ha sido tanta la contaminación de la política con el narcotráfico en los últimos años que parecía difícil singularizar casos. Los narcocasetes pusieron en evidencia la profundidad de los nexos de la política con el cartel de Cali. A través de ellos se pudo establecer que lo que se pensaba era un fenómeno circunscrito al Valle del Cauca, acabó siendo un fenómeno nacional. Todo esto, que fue un proceso gradual y en cierta forma subterráneo, lo descubrieron los colombianos en el último año y desde ese momento nadie sabía qué iba a pasar. En medio de muchos chismes, pocas pruebas y la presión de Estados Unidos, el ambiente político se enrareció. Pero nada concreto sucedía. Ahora, sin embargo, con Eduardo Mestre en la cárcel, Alberto Giraldo fugado, nueve parlamentarios y el Contralor investigados, algo grave tiene que venir, porque si ellos son culpables de lo que se les acusa, gran parte de la clase política es culpable de lo mismo. Un puñado de personas con entidad nacional no va a aceptar pasivamente ser convertidos en los mártires de una sociedad entera que aceptó y toleró esa convivencia durante años, sobre todo si la sanción que se les quiere imponer, no es social ni moral, sino penal, es decir, con cárcel de por medio.
El Fiscal se enfrenta a la difícil situación de convertir en delitos conductas indebidas toleradas colectivamente. Eso fue lo que sucedió con los auxilios parlamentarios cuando entró en vigencia la nueva Constitución durante el gobierno de César Gaviria. En un momento dado todos los concejales tenían orden de captura y a la larga todos fueron dejados en libertad. Pero la consecuencia de el remezón es que ya no hay auxilios parlamentarios.
Este antecedente puede acabar siendo una referencia para el caso actual. El Fiscal Valdivieso ha hecho algo que en Colombia era indispensable: una denuncia moral a la luz de la razón de la sociedad. Todo el país sano lo rodea, pero en la práctica los fundamentos de sus denuncias pueden acabar siendo más morales que jurídicos. En el fondo lo que se está poniendo en tela de juicio es la financiación de las campañas políticas con el dinero del narcotráfico, cuyo descubrimiento es el origen de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, la demostración de esta financiación no será fácil porque el dinero ingresó generalmente en efectivo.
En consecuencia, la Fiscalía tiene que limitarse a lo que se puede considerar como pruebas en el caso jurídico que no es la financiación electoral sino el enriquecimiento ilícito. Por eso es que mientras los investigadores de la Fiscalía y el Bloque de Búsqueda han podido establecer que en un solo día durante la campaña política se movian a través de la telaraña de sociedades de Gilberto Rodríguez 2.000 o 3.000 millones de pesos, el proceso jurídico tiene que limitarse a investigar la consignación de cinco millones de pesos mensuales, o a una o dos personas o al pago de unas cuentas de hotel a otras.
Sin embargo, varios de los protagonistas de los acontecimientos de la semana pasada no consideran que el pago de unas cuentas durante una gira política constituyan enriquecimiento ilícito personal. Por lo tanto van a argumentar que una campaña eletoral es un proceso colectivo con fines políticos y no individual con ánimo de lucro. Y que si les financiaron los gastos, fue en ese contexto. También argumentarán que en una gira es muy difícil saber quién paga.
Todos estos puntos de vista se van a escuchar y no hacen más que ilustrar cómo las fronteras éticas en Colombia se han vuelto cada vez más elásticas. El país cometió el error de considerar que Pablo Escobar era el malo y por lo tanto todos sus enemigos eran buenos. Como los principales enemigos de Escobar eran los hermanos Rodríguez Orejuela se les identificó como los narcotraficantes 'buenos'.
El país se acostó con el cartel de Cali y ahora está siendo despertado con un remezón. Como consecuencia de esto, se está creando una conciencia de que el malo no era el individuo Pablo Escobar sino el narcotráfico en general. Este descubrimiento, sin embargo, llegó bastante tarde, lo cual hace la tarea de la Fiscalía muy difícil. Sin embargo, aunque es posible que a corto plazo las aguas van a estar muy agitadas, lo que está sucediendo en Colombia es sano. -