¿Se salvó Fabio?

En Colombia para extraditar a alguien se requiere que se trate de un delito por el cual lo busque la justicia norteamericana pero no la colombiana. Si los dos países requieren simultáneamente por los mismos hechos a un delincuente éste no puede ser extraditado pues la ley nacional se debe aplicar primero que la internacional.

Por esto todos los detenidos en la Operación Milenio, entre ellos Fabio Ochoa, que estaban en capilla para ser extraditados, utilizaban todos los recursos jurídicos posibles para que les abrieran investigación en Colombia por tráfico de cocaína. Dos de ellos, Alfredo Tascón Aguirre y Santiago Vélez Velásquez, interpusieron una tutela a finales del año pasado y, aunque ésta fue fallada en forma negativa en las dos primeras instancias, cuando llegó a la Corte Constitucional el magistrado Carlos Gaviria decidió ordenarle a la Fiscalía General iniciar una investigación para determinar si los delitos por los que los dos sindicados eran pedidos en extradición habían sido cometidos en Colombia.

La sentencia de la Corte no era interpretable sino de cumplimiento obligatorio y le correspondió a la doctora Marta Lucía Zamora, fiscal delegada ante la misma. Jurídicamente sólo había dos alternativas: o abrir una investigación preliminar o expedir una resolución inhibitoria, lo cual quiere decir que no había delito en Colombia. El narcotráfico es un delito complejo en que el cultivo, el procesamiento y la exportación de la droga se llevan a cabo en Colombia. Por eso es muy difícil que se configure solamente el de importación a Estados Unidos sin dejar rastro de toda la operación colombiana, que es muy grande y muy compleja.

En el caso de la Operación Milenio, por ejemplo, las pruebas son sobre todo grabaciones de conversaciones telefónicas y videos de seguimiento hechos en Colombia por las autoridades nacionales. Es difícil justificar que estas pruebas les lleguen a los jueces norteamericanos y no a los del país en donde se llevó a cabo el operativo. Pero eso fue precisamente lo que sucedió en la Operación Milenio. Como Colombia está en luna de miel con Estados Unidos no se quiere obstaculizar la extradición de narcotraficantes. La forma de hacer esto es simplemente ejercer un poco de negligencia de la justicia colombiana a nivel local. Y como negligencia y desinterés es algo que nunca le ha faltado al sistema judicial colombiano, no parecía escandaloso que los gringos actuaran pero los colombianos no.

Esa fue exactamente la situación que encontró la doctora Zamora. Estaba presionada a tomar una decisión por la Corte y por otras tutelas que comenzaban a llegar ante la inacción de la justicia. La doctora Zamora decidió abrir una investigación pues archivar el caso al declarar a los acusados inocentes en Colombia iba en contravía de la lógica y del origen de las pruebas.

Aunque en teoría los fiscales delegados son totalmente independientes del Fiscal General y no tienen más que la obligación de informarle sus determinaciones ese hecho desencadenó una polémica. Según la doctora Zamora desde el comienzo mismo del caso ella mantuvo informado al Fiscal General sobre los pormenores del asunto pero como la Corte la obligaba a tomar una determinación en un plazo corto, ella tomó la decisión de abrir la investigación sin consultarle directamente y en forma concreta al fiscal Gómez Méndez.

Cuando telefoneó a comunicarle su decisión a Gómez Méndez éste se fue para atrás. Después de un largo silencio, en que dejó clara su indignación, le preguntó que para qué lo había consultado si iba a tomar esa determinación. “Yo consideré que con las pruebas y con el estudio que había hecho no había otra salida que proferir la resolución de apertura de investigación”, dijo a SEMANA. Veinticuatro horas después la doctora Zamora estaba por fuera de la Fiscalía después de siete años de trabajar allí.

Aunque, como siempre, hay algunos que consideran sospechoso que la justicia le dé una mano tan grande a los narcos, muchos juristas, encabezados por Carlos Gaviria, salieron a darle la razón a la fiscal. “La doctora Marta Lucía Zamora lo que hizo fue cumplir con lo que se había dispuesto en la sentencia… Yo estoy de acuerdo con lo que decidió la doctora Zamora. Me parece que es una decisión en derecho y yo hubiera hecho lo mismo”, dijo el ex magistrado en una entrevista al diario El Espectador.

Lo que llama la atención de todo este asunto es que sus efectos pueden no haberse limitado a este caso de extradición sino a todos los casos futuros. Cada vez que las autoridades colombianas logren destapar una operación de narcotráfico y les manden las pruebas a los jueces norteamericanos los narcotraficantes invocarán este precedente para que les abran investigación simultáneamente en Colombia. En estos casos nunca podrá haber extradición. Aunque teóricamente la apertura de investigación no mata automáticamente la extradición muchos observadores creen que en la práctica sí. Porque la única forma de que al final de la investigación se extradite es que el resultado de la misma sea que no hay pruebas de delito en Colombia. Esta es una conclusión poco probable si se tiene en cuenta que las autoridades colombianas sólo realizan investigaciones en Colombia. Así las cosas, las únicas extradiciones que quedarían en pie serían las iniciadas por las autoridades norteamericanas en Estados Unidos con base en la etapa final del negocio ilícito en ese país.