¡Se vinieron al piso!

Así como la caída de Lehman Brothers catapultó la crisis financiera mundial, el derrumbe de Dfre podría ser el principio de la sepultura del negocio de las pirámides en Colombia, con efectos económicos y sociales aún no calculados.

En menos de un año, Carlos Alfredo Suárez, un pastuso de 28 años, pasó de vender obleas a levantar un emporio que embaucó a cerca de dos millones de clientes con la idea de una fórmula mágica para multiplicar su dinero. Captó cerca de dos billones de pesos en 64 oficinas que fueron apareciendo de la nada en todo el país.

Y de un día para otro miles de colombianos dejaron de ser privilegiados inversionistas con ilusiones de seguir haciendo dinero fácil para convertirse en vándalos encolerizados por haberse sentido estafados cuando no les respondieron por sus ahorros.

La estela de manifestantes se tomó en pocas horas casi todo el país. Turbas furiosas provocaron disturbios en 12 departamentos; se declaró toque de queda en siete municipios de Nariño; hubo saqueos, incendios e intentos de linchamiento en las oficinas de estas captadoras de dinero. Carlos Alfredo Suárez huyó hace cinco días al exterior.

Es tan bueno el negocio, que a la responsable de Dfre en Pereira la cogieron huyendo con 5.000 millones de pesos en maletas y dijo ante un juez que en la bóveda de seguridad de la sede tenía 30.000 millones.

Y es tanta la furia de los ahorradores, que al personero de Buesaco, un pueblo de Nariño, lo mataron de dos tiros en medio de la diligencia. Y qué decir de lo que ocurrió a un ciudadano corriente de Rosas (Cauca), cuando la turba enfurecida lo asesinó porque pensaba que en su casa se guardaba parte de la plata de la pirámide. Es tal el tamaño de esta tragedia humana, que un campesino de Santander de Quilichao vendió la casa en busca de mejores rendimientos y, al saber que había perdido todo su dinero, se suicidó. "Me mato por estúpido", dejó escrito en una carta a sus familiares.

El cuadro es tan confuso como desolador. Autoridades que recogen bolsas llenas de dinero en pequeños municipios del sur del país, ahorradores estafados que le encienden fuego a las sedes, funcionarios de las pirámides que salen escoltados por la Policía para evitar ser linchados por la gente enardecida...

El derrumbe de las pirámides tuvo fuertes réplicas en Bogotá, especialmente en el alto gobierno. La magnitud del drama mostró la absoluta incapacidad del Estado para prevenirlo. Lo único que se vio fue un triste juego de recriminaciones mutuas. El Presidente le echó la culpa al Fiscal de que le había enviado las pruebas y no había actuado. El Fiscal contestó furioso que el gobierno no podía lavarse las manos y lo retó a que asumiera su responsabilidad. El gobernador de Nariño le echó el agua sucia al superintendente financiero y éste reviró diciendo que no había diligencia de parte de los mandatarios regionales. Los congresistas pidieron las cabezas del superintendente y el Ministro de Hacienda, mientras estos se quejaban de que el Congreso no les había dado las herramientas legales para actuar. Y para completar este lamentable retrato, algunos parlamentarios como Orlando Guerra, de Putumayo, no dudan en llamar a las pirámides el banco del pueblo, y otros como Parmenio Cuéllar y Eduardo Henríquez, de Nariño, las defienden en los debates del Congreso.

Para tratar de resolver el caos que se armó entre los altos funcionarios del Estado, el presidente Álvaro Uribe admitió parte de la culpa: "Me arrepiento por no haber tomado medidas a tiempo", y reconoció que las entidades del Estado se dejaron enredar con leguleyadas antes que actuar. El viernes se dio una reunión extraordinaria entre el Ministro de Hacienda y la Fiscalía y decidieron acelerar las medidas judiciales contra DMG para intentar no repetir la dramática historia de Dfre.

Y es que ese es ahora el gran desafío del gobierno. Porque no sólo no ha podido demostrar que es una pirámide, sino que el personaje, David Murcia Guzmán, ha dejado entrever propósitos políticos de gran envergadura. Así se reflejó en el video que montó en youtube el jueves pasado en el cual con un tono desafiante, anima a sus miles de clientes, a los que llama "familia DMG", a seguirlo en su batalla contra el Estado.

Y en la noche del mismo viernes ya estaba decidido tomar una medida excepcional. En una nueva reunión en la Casa de Nariño, el presidente Álvaro Uribe resolvía los últimos detalles jurídicos para decretar una emergencia económica. La idea es crear mecanismos para devolver los 58.000 millones de pesos que hasta el viernes se habían incautado y, vía decreto, lograr que la captación de dinero no sea un delito excarcelable.

En la punta de la pirámide

Irónicamente, la de las pirámides es una historia que no sólo ya es vieja en muchos países del mundo -llevó a la quiebra a Albania-, sino que hasta el Fondo Monetario Internacional ya había dado la receta hace más de 10 años para evitar lo que justamente Colombia está hoy lamentando (ver La historia se repite).

Y a pesar de todo, en el país se repitió la historia. El perfil de sus creadores parece sacado del mismo molde: jóvenes menores de 30 años que viven sin cinco centavos en el bolsillo montan el negocio en un sitio donde se mueve dinero líquido producto del narcotráfico y en menos de cinco meses se convierten en magos adorados por la comunidad porque multiplican su patrimonio.

Hace cinco años David Murcia Guzmán tenía que compartir una habitación de un modesto hotel en La Hormiga (Putumayo) porque sus ingresos no le alcanzaban para pagar los 15.000 pesos diarios. Hoy, a sus 28 años, vive como un magnate gracias a la rentabilidad que le ha dado la empresa que creó hace tres años y que bautizó con sus iniciales, DMG. En el caso de Dfre -Dinero Fácil Rápido y Efectivo-, a Carlos Alfredo Suárez, de 28 años, lo conocían como un hombre tímido que atendía un parqueadero y vendía obleas y levantó una pirámide que en una sola de sus sedes recogía en un día 3.000 millones de pesos.

Y como ellos hay otros más. En los últimos dos meses se han presentado estafas menores de captadoras en pueblos de Putumayo, Huila, Valle, Cauca y Nariño. Hace apenas una semana, en Cali, cerró la pirámide Asesoría de Ahorro Personalizado (AAP), de otro pastuso, Óscar Arley Suárez, y se llevó el ahorro de 600 personas.

En el suroccidente, región del país que sufre ahora como nunca por el negocio del narcotráfico y su influencia en la cultura del dinero fácil, se concentra la mayor parte de las 250 pirámides que el gobierno tiene identificadas.

La mecánica es sencilla: la gente entrega su dinero, se cruza de brazos y en menos de seis meses le devuelven el 150 por ciento o el 200 por ciento. En la medida en que se les cumple a los primeros, se acercan cada vez más personas a dejar su dinero y con ese dinero se va pagando el de los primeros inversionistas, hasta cuando la burbuja explota y la base más grande de la pirámide queda colgada de la brocha.

En algunos casos montan fachadas para aparecer como un programa de mercadeo. Así ocurrió en Rusia. Y se parece mucho a lo que hace DMG. En este caso, al cliente que invierte un millón de pesos le dan una tarjeta para que compre artículos por ese valor, es decir, ya salvó su dinero, y al cabo de unos meses le entregan, en efectivo, mínimo el 70 por ciento de la misma suma que invirtió. "Intentan demostrar que tienen un negocio legítimo de venta de productos o servicios, pero lo que realmente hay es la utilización del dinero procedente de los nuevos reclutas para pagar las primeras etapas a los inversionistas", dice la Comisión de Valores y Banco de Estados Unidos (SEC).

En la medida en que van ganando clientes van conquistando nuevos territorios. La epidemia de dinero fácil se había tomado el suroccidente del país y estaba abriéndose camino en el Eje Cafetero y Antioquia.

Un día cualquiera de agosto, las filas en Pasto frente a una oficina de Dfre alcanzaban 20 cuadras. La gente vendía sus casas para invertir el dinero. Había quienes pasaban dos y tres días en vela para vender puestos en la cola y hacerse un sueldo que nunca en la vida habían soñado. Una casa del barrio obrero de Pasto estaba destinada exclusivamente para atender a policías, militares, funcionarios del DAS y la Fiscalía. La junta directiva de una empresa de servicios públicos decidió invertir en la pirámide Dfre. El fondo de empleados de la gobernación quebró porque todos sus socios retiraron sus aportes. Y no se salvó ni el Deportivo Pasto: Norman Brach, presidente del equipo, reconoció a SEMANA que Dfre les pagó 1.000 millones de pesos por exhibir esa marca en la camiseta de los jugadores, "recibimos en efectivo 700 millones de pesos y los restantes 300 millones se reinvirtieron. El contrato se hizo hasta junio 30 de 2009".

Más allá de cada caso particular, el impacto sobre la economía de departamentos como Nariño y Putumayo es preocupante. Nariño bajó su productividad en 4,1 por ciento, al igual que el consumo. "Los caficultores, lecheros y cultivadores de papa se quedaron sin jornaleros, pues estos emigraron hacia los pueblos a vivir de las utilidades de Dfre", explica David Mendoza, director ejecutivo de Fenalco en Pasto.

Los bancos han sido muy golpeados. En la sucursal de uno de ellos en un pueblo de Putumayo, los depósitos cayeron de 5.000 millones por semestre a menos de 2.000 millones de pesos.

Andrés, propietario de un almacén de ropa en Pasto, ilustra cuenta que invirtió 160 millones de pesos en la pirámide. "Los ocho vendedores del almacén y la empleada de mi casa ganaron tanto, que renunciaron a sus puestos y ahí fue cuando me animé a invertir", dijo. Y anota que un termómetro de la abundancia económica es que el mes pasado vendió 69 millones de pesos en ropa, cuando lo normal son 23 millones, "Ni hablar de los carros lujosos; hace unos meses sabíamos quiénes eran los dueños de las cuatro camionetas Murano y hoy ya hay 27".

El desplome de Dfre fue vertiginoso. A comienzos de noviembre, suspendió pagos; el lunes 10, dijo que volvía a pagar con nuevas reglas de juego -bajó del 150 al 80 por ciento los dividendos- y el martes 11 la gran mayoría de sus clientes entró en pánico y se apostó en sus sedes a reclamar la plata. En medio del alboroto, la Policía logró neutralizar la fuga de los gerentes de varias de las sucursales de pirámides, 35 personas fueron capturadas y hasta el viernes se habían incautado 48.000 millones de pesos.

El Estado paralizado

La falta de coordinación y liderazgo del Estado para resolver este conflicto quedó en evidencia con la frase del presidente Uribe el pasado viernes: "Yo me duelo de no haberme metido personalmente a escudriñar el tema. Empecemos por mi culpa, yo debí meterme en el detalle porque yo preguntaba y me decían, no Presidente, estamos investigando".

La expresión del Jefe del Estado no podría dejar más mal parado a su grupo de colaboradores. Sobre todo al Ministro de Hacienda y los superintendentes de sociedades y financiero. Se supone que ellos son los directos responsables por parte del gobierno para emprender acciones rápidas y eficaces para enfrentar la ola de  pirámides que se desató en el país.  ¿Quién falló? Todos.

En un consejo de ministros, en junio, a través de varias diapositivas en Power Point, un alto funcionario expuso lo que llamó la "supervisión preventiva" y explicó cómo la Dian, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía, el DAS y la Policía Judicial trabajan en conjunto para desentrañar la fórmula mágica de una empresa como DMG para multiplicar el dinero

El superintendente financiero, César Prado obligó a DMG a devolver los dineros que, según la entidad, había captado ilegalmente. Esta empresa obedeció y trasladó con algunos ajustes su operación a una empresa nueva con un nombre similar. Por su parte, el superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, inició investigaciones administrativas y multó a DMG.

La Fiscalía también inició sus investigaciones. Pero de resultados, nada. Se sabe que en la Superintendencia Financiera se llevaron a cabo investigaciones administrativas sobre la captación ilegal que, según la Fiscalía, no deberían tener prioridades porque supuestamente entorpecían investigaciones de delitos más serios sobre lavado de activos y narcotráfico. La Fiscalía es una de las entidades que han salido peor libradas. El nuevo director del DAS descubrió el viernes que desde hace dos años enviaron a la Fiscalía una investigación por lavado de activos contra David Murcia y su esposa. Y meses después, una por narcotráfico. En un correo que el propio Joaquín Polo le escribió al presidente Uribe, los expedientes tenían, según él, pruebas significativas.

Lo cierto es que nadie hizo nada. Empezando por el propio Presidente, que hoy se da golpes de pecho y busca responsables cuando ya es demasiado tarde. Todos la vieron venir y sucedió como en el cuento del traje nuevo del emperador, nadie en el gobierno quiso gritar que estaba desnudo.