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La Guajira tiene recurrentes problemas de alcantarillado, alimentación y salud pública. Ahí radica la importancia de los proyectos consultados por la Secretaría. | Foto: León Darío Peláez

LA GUAJIRA

Secretaría de Transparencia ‘entutela’ a Gobernación de La Guajira

Lo hace al no encontrar respuesta por el avance de proyectos avaluados en 60 mil millones de pesos.

23 de septiembre de 2014

Recientemente, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia interpuso una acción de tutela a la Gobernación de La Guajira por “las constantes e injustificadas demoras (…) para responder derechos de petición relacionados con la ejecución de proyectos de regalías”.

En un comunicado publicado este martes, la Secretaría relató que desde el pasado 13 de agosto había solicitado a la Gobernación que le informara sobre el estado de los proyectos para temas como la salud, la alimentación y el agua, que en el departamento suman los 60.000 millones de pesos. 

Frente al silencio de la Gobernación y su incapacidad para contestar las comunicaciones de la Secretaría, el ente decidió interponer una acción de tutela con la que busca que le suministren la información para conocer el avance de estos importantes proyectos. 

No es la primera vez que la Gobernación de La Guajira se mete en problemas por esto. La Secretaría ya había tenido que recurrir a la acción de tutela en el pasado, y la Gobernación ya había sido avisada, por el Juez Primero Civil del Circuito de Riohacha, para que: “no vuelva a incurrir en las omisiones que dieron origen a la presente acción de tutela”.

Pero parece que la advertencia cayó en oídos sordos, puesto que el mismo secretario de Transparencia, Rafael Merchán, manifestó sobre la Gobernación de La Guajira: “Nos preocupa enormemente la renuencia reiterada (…) a contestarnos debidamente las solicitudes que hemos hecho sobre proyectos vitales financiados con recursos de regalías”.

Igualmente, Merchán no se explica de dónde provienen las demoras de la Gobernación: “No entendemos cuál es la demora para contestar las preguntas que hemos formulado y lo que queda de presente es que la obligación que tenemos todas las instituciones públicas de rendir cuentas sobre cómo se ejecutan los recursos públicos está siendo flagrantemente violada en la Guajira”.