Extracción de oro: diagnóstico reservado

Segovia y Remedios, dos de los municipios con mayor tradición minera en Antioquia, terminaron convertidos en el epicentro de los enfrentamientos que miles de pequeños mineros protagonizaron esta semana en ese departamento. Choques con el Esmad, carros quemados, petardos, disparos al aire y desmanes que llevaron a decretar el toque de queda han puesto en evidencia la gran dificultad y los enormes retos de seguridad que tienen las autoridades para acabar con la minería ilegal.

Antioquia es el mayor productor de oro del país. A lo largo y ancho de su territorio hay numerosos títulos mineros, al igual que extracciones informales, ancestrales e ilegales en ricos municipios auríferos como Buriticá, Fredonia, Jericó, Anzá, Dabeiba, Urrao, Frontino, Amalfi, Zaragoza, Caucasia, Segovia, San Roque, Titiribí, Remedios, entre otros. De acuerdo con el Dane, en los primeros tres meses de este año el departamento exportó 295 millones de dólares.

Pese a la pujanza de este sector, las autoridades están preocupadas porque en muchas de las minas hay empresas o personas capturadas por bandas criminales. La Asociación Colombiana de Minería revela que en 2016 el país produjo 1,99 millones de onzas troy y solo el 13 por ciento venían de explotaciones formales, es decir, que el 87 por ciento de la explotación de oro viene de la informalidad y de la criminalidad. Un problema que se refleja en los recientes hechos de Segovia y Remedios.

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Desde hace más de cinco años, el gobierno nacional comenzó una batalla judicial y de orden público para controlar la minería ilegal, que se ha convertido en una amenaza para el país por la cantidad de recursos que genera a las bandas criminales y por la destrucción que está causando al medioambiente. Para eso, desde 2012 el Estado ha creado nuevas bases que los mineros informales y artesanales tienen que cumplir para convertirse en operadores formales. Muchas de estas explotaciones están en las mismas áreas de las grandes y medianas empresas mineras, y por eso una de las soluciones, como la que ha adelantado la Gran Colombia Gold, ha sido vincular a los mineros en calidad de pequeños socios o empleados. En Segovia, unas 2.500 personas dedicadas a la minería han firmado más de 34 contratos de asociación con las grandes empresas, mientras que otros 1.500 se han vinculado como trabajadores de la compañía.

Para cerrar aún más el cerco a la ilegalidad, en los últimos meses el gobierno decidió controlar la venta y uso de mercurio, así como regular la comercialización del oro, medidas que hoy tienen asfixiados a los mineros ilegales. A su vez, las fuerzas del orden adelantan operativos para destruir maquinaria y entables ilícitos. Pero no es fácil que el Estado trate de poner orden en un sector en el que históricamente ha habido una gran informalidad y ha sido fuente de recursos para la guerrilla, los paras y organizaciones criminales de todo tipo.

El caso de Segovia y Remedios es aún más complejo. Hace más de seis años la Gran Colombia Gold, que adquirió el antiquísimo título minero de la Frontino Gold Mine, comenzó negociaciones para legalizar los más de 112 entables informales que había en su propiedad. Hasta el momento, la mayoría ya llegaron a un acuerdo con la empresa, pero quedan los más grandes, cómo las minas El Cogote, San Nicolás y Apique Rubí, con la que se adelantaban negociaciones.

El problema comenzó a mediados de julio cuando corrió el rumor de que el gobierno iba a cerrar esas y otras operaciones. En protesta por la supuesta medida, miles de mineros pararon sus actividades el 21 de julio y se tomaron las zonas urbanas.

Según los mineros, un ejemplo de las arbitrariedades de la ley es la mina El Cogote, que ha funcionado desde hace más de 40 años sin ningún título legal, pero que ahora, como quedó dentro del título minero de la Colombia Gold, el Estado la considera ilegal. En ese sentido, Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera de ambos municipios, dijo que gracias a la nueva normatividad la Colombia Gold quiere establecer con los mineros artesanales “contratos desventajosos, injustos, cercanos al esclavismo y que acaban con la minería artesanal”.

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Pero otra cosa piensa el gobierno. Para este, las bandas criminales promueven parte de estas protestas porque han visto que las últimas medidas les han cerrado el cerco a las actividades de la minería ilegal. De hecho, en este momento cursa un proyecto de ley en el Congreso para judicializar por lavado de activos o enriquecimiento ilícito a quienes participen en actividades de minería ilegal.

Según la Policía de Antioquia, el Clan del Golfo ha tratado desde hace años de controlar todo el entable minero de Segovia y Remedios. Se calcula que una mina en estos municipios, donde hay más de 500 socavones, puede producir 1.000 millones de pesos al día, de los cuales, a la organización delictiva le pueden quedar fácilmente entre 50 y 150 millones. “Las bandas criminales hacen parte de la cadena de la minería ilegal porque el oro les da mucho dinero, quizá más que el narcotráfico. Así que cuando los mineros ancestrales salen a protestar haciendo uso de sus derechos, los criminales se infiltran y ocasionan los disturbios. Los mineros artesanales también son víctimas de los criminales porque tienen que pagar extorsiones, por eso, su mejor salida es legalizarse”, dijo el coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía de Antioquia.

Por otra parte, la Gran Colombia Gold afirma que su trabajo, antes de perjudicar al minero, le ha mejorado su situación. Y que el problema es que a muchas de las personas involucradas en la minería ilegal e informal les cuesta legalizarse porque están acostumbradas a vivir más bajo las reglas del rebusque que las de un trabajo o un contrato formal.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha dicho que el objetivo de su administración es legalizar la minería. Y cada tanto enseña estas cifras para demostrar que la legitimidad beneficia más a los mineros artesanos y al departamento. El esfuerzo ha sido grande. Tras un año de la Operación Creta, la más grande contra la minería ilegal en esa región, con más de 1.300 efectivos de la Policía y el Ejército, cerca de 200 minas ilegales han sido cerradas y destruidas y a pesar de todos los conflictos continúan.

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Uno de los centros de estas operaciones se localizó en Buriticá. Allí está uno de los yacimientos de oro más grande de Antioquia, que había sido tomado por la minería ilegal y el Clan del Golfo. Tras un año, prácticamente todos los socavones quedaron clausurados. Precisamente al revisar esos viejos túneles seis mineros murieron la semana pasada, al parecer por un atentado criminal.

Pese a lo ocurrido, la Gobernación y el gobierno nacional consideran que lo realizado en Antioquia ha sido un éxito y que estas estrategias se deben mantener. Por eso, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, dijo que desde hace varios años el gobierno ha ayudado y defendido a los mineros ancestrales. Y frente al caso de Antioquia, dijo que hasta que no levanten el paro, las negociaciones entre mineros, empresa y Estado no se reanudarán.

Lo cierto es que el proceso de formalización en este departamento apenas comienza y no será fácil, más si se sabe que solo en 2016 generó más de 3,6 billones de pesos en Antioquia, un negocio al que muchos, especialmente los ilegales, no quieren renunciar.