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El precandidato afirmó que demostrará que la Fiscalía se equivoca y que no cometió “ningún delito o falta”. | Foto: Juan Carlos Sierra

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“Seguimos con la convicción de haber actuado bien”: Sergio Fajardo, tras acusación ante la Corte

El precandidato presidencial fue acusado formalmente este lunes por la Fiscalía por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros a título de autor.

7 de diciembre de 2021

Luego de que este lunes la Fiscalía lo acusara formalmente ante la Corte Suprema Justicia por su presunta participación en irregularidades en la firma de un contrato de “sustitución de deuda” en diciembre de 2013, el exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial, Sergio Fajardo emitió un comunicado de prensa en el que dio detalles de su defensa y de lo que sigue en el juicio en su contra.

“Hoy, por primera vez, tras 5 años de investigación en la Fiscalía, tuve la oportunidad de iniciar mi defensa ante la Corte Suprema de Justicia por el proceso en contra mía por la sustitución de una deuda a dólares, cuando era gobernador de Antioquia. Esta audiencia, en la que fui acusado formalmente, es apenas el primer paso en un proceso en el que demostraré que la Fiscalía se equivoca en su proceso y que no cometí ningún delito o falta”, dijo.

En el texto, Fajardo afirmó que durante la audiencia de este lunes hubo “dos aspectos positivos”. Dijo que la Corte Suprema ordenó a la Fiscalía aportar todas las pruebas en su contra en un plazo de tres días, lo que calificó como un “avance”.

“La Corte le pidió a la Fiscalía aportar, en un plazo de 3 días, documentos de la Contraloría, la Fiscalía y la gobernación de Antioquia, que soportan nuestra defensa. Esto es un avance, pues a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, la Fiscalía no ha aportado todos elementos materiales probatorios”, expresó.

Señaló que en dichos documentos hay “tres bloques”: “Unos firmados por el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, otros por el hoy Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, cuando fungía como Auditor General de la República, y los terceros relacionados con actos del exgobernador Luis Pérez”.

“Los documentos forman parte de las acciones que estos funcionarios realizaron para emprender la acción penal en mi contra y muestran que los tres estuvieron detrás de ese objetivo”, subrayó.

Posteriormente, manifestó que no se opuso a que la Contraloría General fuera declarada víctima en el proceso. No obstante, dijo que demostró que “no debería serlo”.

En ese sentido, señaló que fueron aportados por su defensa “dos documentos que fueron de interés especial de la Corte donde se evidencia que como auditores no vieron ninguna irregularidad, lo que se suma a lo que la Procuraduría ha dicho a favor nuestro en este caso”.

En la parte final del comunicado, el precandidato presidencial afirmó que el proceso continuará en 2022, tras las vacaciones judiciales. “Sabemos que lo que viene no será fácil; sin embargo, seguimos con la convicción de haber actuado bien y demostraremos que la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren”, sostuvo.

Acusación

Desde este lunes empezó formalmente el juicio en contra del exgobernador y precandidato presidencial por las presuntas irregularidades en el contrato firmado cuando fungía como mandatario de los antioqueños. La Fiscalía acusó a Fajardo por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros a título de autor.

En este sentido, se advirtió que el contrato avaluado en 98 millones de dólares firmado con el Banco Corpbanca Colombia S. A. y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) buscaba pagar las deudas que tenía la Gobernación. Sin embargo, cuando se iba a realizar el respectivo pago del préstamo el precio del dólar había triplicado su valor, situación por la cual se presentó un sobrecosto en la reparación.

Durante la audiencia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctimas al Departamento de Antioquia, la Contraloría General de Antioquia y la Contraloría General de la República. Esto al considerar que se pudieron haber visto afectadas con los hechos que rodearon la celebración del millonario contrato.