Segunda carta de Vivanco al ministro Esguerra

el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, había vivido sus horas más gloriosas en el Gobierno. No sólo consiguió (el jueves pasado) un acuerdo entre poderes para destrabar la reforma a la justicia, sino que consideró que respondiéndole una carta a José Miguel Vivanco, podría sumarle el respaldo de la influyente Human Rights Watch al proyecto del marco legal para la paz.

Porque en la carta que Esguerra le escribió a Vivanco la semana pasada, si bien le agradecía  las recomendaciones y se comprometía a revisarlas, consideraba injustos los reparos que el director para las Américas de la HRW le hizo al proyecto.

Pero horas antes de que la plenaria de la Cámara discuta en sexto debate el proyecto, Esguerra recibió un correo con una durísima carta de Vivanco en la que intensifica sus reparos al proyecto.

En la segunda epístola Vivanco dice que la iniciativa "incorpora un artículo que concedería a los legisladores y, posteriormente a las autoridades judiciales, la potestad de desistir del juzgamiento y suspender la ejecución de penas a miembros de grupos armados irregulares y agentes del Estado responsables de hechos atroces".

Específicamente, la enmienda permitiría a la Fiscalía limitar el procesamiento penal únicamente a los "máximos responsables" de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por lo tanto, otros partícipes que hayan intervenido directamente en la planificación, ejecución y el encubrimiento de los mismos delitos —pero que no fueron considerados entre los 'máximos responsables'— podrían evitar su juzgamiento".

Para Vivanco, tal como está redactada la reforma, "permitiría el desistimiento del juzgamiento y la suspensión de la ejecución de penas en casos de abusos graves, lo cual contraviene abiertamente las obligaciones jurídicas asumidas por Colombia conforme al derecho internacional. De hecho, al sustraer personas que hayan cometido crímenes que caen dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), la enmienda podría exponer a Colombia a una investigación por este órgano judicial internacional”.

En el marco de la discusión de la reforma se ha planteado que se podrá mediante ley (…)establecer los casos en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena, lo que a juicio de HRW podría generar ese beneficio para los 'máximos responsables'. El Congreso tendría, por ejemplo, "la potestad de permitir que los máximos jefes guerrilleros responsables de atrocidades, como alias ‘Timochenko’y alias ‘Iván Márquez’, no cumplan ni un sólo día en prisión", señala la misiva.

Otro de los temas que han generado el rechazo de Vivanco tiene que ver con el juzgamiento de los llamados falsos positivos. El director de la HRW insiste en que el  marco legal para la paz les otorga beneficios de justicia transicional a miembros de la fuerza pública como actores del conflicto en el país.

En la segunda epístola Vivanco advierte que "la aplicación de medidas de justicia transicional a agentes del Estado representaría un grave retroceso, absolutamente innecesario e injustificado. Es comprensible que Colombia ofrezca algunos incentivos, como reducción de penas, a miembros de grupos armados irregulares con el propósito de instarlos a dejar las armas y desmovilizarse. Sin embargo, este mismo razonamiento no se aplica a servidores públicos y la propuesta contraviene de manera flagrante el derecho internacional, favorecería la impunidad generalizada de delitos aberrantes y expondría a Colombia a una investigación por parte de la CPI".

Esta carta es una "diligente" respuesta a la que Esguerra le envió el pasado jueves. Allí el ministro había respondido los primeros cuestionamientos de HRW al advertir que "debo aclarar que la intención del Gobierno y del Congreso por supuesto no ha sido abrir espacios de impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por guerrilleros, paramilitares o agentes del Estado. Por el contrario, este proyecto de acto legislativo busca sentar los cimientos sobre los que se habrá de levantar un eventual futuro proceso de paz".

Esguerra considera que las recomendaciones que había planteado Vivanco fueron recogidas y que el marco legal para la paz será una herramienta que tendrá un desarrollo legal que determinará un tratamiento razonable en búsqueda de la salida a más de 50 años de conflicto apoyado en las herramientas que provee la justicia transicional velando por cumplir con los pilares de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Frente al tema de los falsos positivos, señala el ministro Esguerra, "la posibilidad de incluir a los agentes del Estado en los procesos de justicia transicional no supone que se les vaya a dejar de investigar, ni que los instrumentos diseñados para los demás actores también les sean aplicables a ellos. La garantía efectiva de los derechos de las víctimas de agentes del Estado, como lo dispone la propia Ley de Víctimas, depende precisamente de su participación en los mecanismos de justicia transicional, sin la cual el esclarecimiento quedaría incompleto".

Por eso, si Esguerra creía que tenía resuelto este proyecto, tal como lo hizo con el acuerdo de la reforma a la justicia, el asunto parece distinto. La segunda carta de Vivanco empezó a trasegar por los correos de los congresistas que tendrán que decidir este martes la suerte del proyecto. De momento, el comentario en el Capitolio es unánime. La segunda carta es "muy dura" y merece ser revisada con profundidad. 

Lea el texto completo de la carta aquí.