SEIS AÑOS... Y NADA

EL 21 DE AGOSTO DE 1989, tres días después del asesinato de Luis Carlos Galán, el país pareció tomar un respiro. La Dijin -el cuerpo investigativo de la Policía- fue conducida por una llamada anónima a un apartamento del centro de Bogotá, donde capturó a cinco hombres, a quienes el informante señaló como autores materiales del magnicidio. En un apartamento del edificio Las Vegas fueron retenidos Alberto Jubiz Hazbum, Norberto Murillo, Armando Bernal, Luis Alfredo González y Pedro Zambrano, quienes en el momento de la captura - según dijeron las autoridades- tenían en su poder varias armas, entre ellas una subametralladora Ingram calibre 9 milímetros. Además usaban chaquetas negras de cuero, similares a las que llevaban los hombres armados que atacaron a Galán en la plaza principal del municipio de Soacha.
Sorprendentemente, la investigación avanzaba a pasos agigantados. Varios testigos visitaron las dependencias de la Dijin para identificar a los sospechosos, pues los acababan de ver en los periódicos y en los noticieros de televisión. En efecto, cuatro de los cinco detenidos fueron identificados. Pero aunque los abogados defensores y un funcionario de la Procuraduría impugnaron el procedimiento utilizado por la Policía para realizar la identificación, el Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá encontró méritos suficientes para vincularlos al proceso. Los cinco detenidos fueron recluidos en la cárcel La Modelo bajo excepcionales medidas de seguridad.
En menos de una semana las autoridades parecían haber resuelto la primera parte de la investigación, es decir, la autoría material del crimen.
Pero pocos días después entró en escena otro hombre: Jaime Valencia Martínez, quien desde su residencia habría llamado a dos detectives de la Dijin para ofrecerles 50 millones de pesos para que facilitaran la fuga de los detenidos. Las autoridades informaron que la llamada fue rastreada, pero cuando allanaron la residencia de Valencia éste había huido. Poco después los investigadores comprendieron que Valencia era pieza clave para aclarar el crimen porque, además de ser propietario del apartamento del centro de Bogotá donde se produjo la captura de los cinco sospechosos, había asesorado legalmente a Gonzalo Rodríguez Gacha y poseía varias fincas lujosas en Antioquia.
Pero la investigación tuvo un giro de 180 grados cuando el 20 de septiembre una patrulla de la XIII Brigada del Ejército capturó en Yacopí, Cundinamarca, a cuatro hombres que tenían en su poder un automóvil Monza cargado con cerca de 100 kilos de explosivo plástico. Se trataba de José Orlando Chávez, Enrique Chávez, Ernesto Rueda Silva y Jaime Eduardo Rueda Rocha. El Ejército informó que uno de los detenidos, Rueda Rocha, había pertenecido a las Farc y en ese momento trabajaba bajo las órdenes del 'Mexicano'.
Con el golpe del Ejército el país creyó que la investigación estaba resuelta porque además de la confesión de Rueda Rocha -quien reconoció su participación en el hecho-, otro de los detenidos, José Orlando Chávez, dijo que quienes dispararon contra Galán fueron Rueda Rocha y Ernesto Rueda. De paso, los investigadores creyeron que habían descubierto a los autores intelectuales de crimen del candidato presidencial. Según las autoridades, el vínculo de Rueda Rocha con el 'Mexicano' estaba más que confirmado y en cuanto al primer grupo de detenidos -el de Jubiz y compañía- tenían, de acuerdo con informes de los organismos de seguridad, claros vínculos con un hombre de confianza de Pablo Escobar.

MALOS INDICIOS
Así las cosas, durante cerca de un año el país habló poco del tema y más bien quedó a la expectativa por el desarrollo del proceso judicial contra los presuntos asesinos. Hasta que 13 días antes de cumplirse el primer aniversario de la muerte del dirigente liberal, José Orlando Chávez Fajardo, el hombre que señaló a los delincuentes que dispararon contra Galán, fue asesinado en Bogotá. De acuerdo con la investigación, Chávez fue la persona que llegó a la plaza principal de Soacha con una gigantesca pancarta que sirvió para encubrir a los dos pistoleros que accionaron sus armas contra el jefe del Nuevo Liberalismo.
Chávez, convertido por esos días en el principal testigo del magnicidio, se había acogido en septiembre de 1989 -ocho días después de su captura- a los beneficios de un decreto de emergencia que protegía a los sindicados y testigos de crímenes que suministraran información eficaz a los jueces. El aporte que había realizado Chávez al proceso fue suficiente para que el Juzgado Tercero de Orden Público lo dejara en libertad con la condición de presentarse periódicamente en ese despacho.
Con la muerte de Chávez el proceso pareció devolverse a su punto inicial. El Tribunal de Orden Público realizó un serio cuestionamiento a la técnica aplicada en los interrogatorios y determinó que el juez no podía decretar el cierre de la investigación. Además, los investigadores determinaron que había vacíos y contradicciones en los interrogatorios de los testigos y que por lo tanto era necesario volver a integrar la unidad investigativa para realizar de nuevo esta tarea.

PUNTO DE PARTIDA
Las complicaciones no se detuvieron ahí: mes y medio después de la muerte de Chávez, Jaime Eduardo Rueda Rocha, el hombre sindicado de disparar contra Galán, protagonizó una espectacular fuga de la Penitenciaría de La Picota. La investigación pareció entrar en un letargo, pero nuevamente se volvió a hablar del caso Galán cuando nació la Fiscalía General de la Nación. Así, en diciembre de 1992 y después de 39 meses de permanecer en la cárcel bajo la acusación de haber participado en el asesinato de Galán, el fiscal Gustavo de Greiff ordenó la liberación de Hazbum, Murillo, Bernal, Alfredo González y Zambrano.
Los colombianos quedaron perplejos por la dimensión de la injusticia que se había cometido. Hazbum formuló acusaciones contra las agencias de seguridad que realizaron las investigaciones y responsabilizó al entonces director de la Dijin, coronel Humberto Peláez Carmona, y al director del DAS, general Miguel Maza Márquez. Entre otras cosas los acusó de fabricar pruebas en su contra. Además, reveló que el juzgado rechazó al menos 20 declaraciones, entre ellas la del narrador deportivo Edgar Perea y la del ex ministro de Obras Públicas de la administración de Guillermo León Valencia, Carlos Obando Velasco, quienes afirmaron que estuvieron en compañía de Hazbum el día del magnicidio.
Entonces la investigación volvió a su punto de partida porque quedaron en libertad los detenidos por la Policía. Y de los que capturó el Ejército ninguno quedaba vivo. El último de ellos, Jaime Eduardo Rueda Rocha, que estaba sindicado de haber disparado contra Galán y quien se había fugado de La Picota, murió el 23 de abril de 1992 en la vía que de Honda conduce a Puerto Boyacá luego de enfrentarse a integrantes del Grupo Operativo Especializado de Policía -Goes-. Dos meses después su primo, Ernesto Rueda Silva, fue asesinado en uno de los pabellones de máxima seguridad de la cárcel La Modelo. Antes, también habían sido asesinados los otros dos hombres que se habían acogido al sistema de protección de testigos, Enrique Chávez Vargas y José Orlando Chávez.

SERIAS DUDAS
Ante este panorama el fantasma de la impunidad volvió a rondar en la investigación. Los supuestos autores materiales estaban muertos. Y Gonzalo Rodríguez Gacha, sindicado de dar la orden de matar a Galán, también se encontraba bajo tierra. Además, Pablo Escobar negaba su participación en el crimen. Sin embargo, a mediados de 1993, las autoridades judiciales obtuvieron cinco confesiones que les permitieron dibujar el panorama completo de la forma como se decidió, ordenó y planeó este magnicidio por parte de los cabecillas del denominado cartel de Medellín. De acuerdo con las confesiones, Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha planearon el magnicidio porque, segun ellos, si Galán llegaba a la Casa de Nariño lo más seguro era que todo el cartel terminaría tras las rejas en Estados Unidos. El relato de los cinco confesos explicó cómo se llevó a cabo cada etapa del magnicidio. Su financiación, la elaboración de la estrategia y hasta la celebración de los cabecillas del narcotráfico por el asesinato del dirigente liberal -ver SEMANA #589-.
Un año más tarde, pocos días antes de conmemorar los cinco años del magnicidio, el fiscal Gustavo de Greiff anunció ante los medios de comunicación que el asesinato de Galán estaba aclarado. Estas declaraciones molestaron a muchos colombianos, pero sobre todo le parecieron desafortunadas a la familia del líder caído. En respuesta a las afirmaciones de De Greiff, la viuda de Galán, Gloria Pachón, le envió una carta que contenía 17 preguntas sin respuesta, que demostró cuántos huecos negros había todavía en torno de este crimen.
Entre otros interrogantes, la viuda del fundador del Nuevo Liberalismo le preguntó al Fiscal si había algún proceso penal contra quienes adelantaron las primeras investigaciones y al parecer manipularon las pruebas para mantener detenidos durante más de tres años a personas que la Fiscalía declaró inocentes. También hizo los siguientes interrogantes: "¿Existieron o no motivaciones de carácter político en el magnicidio? ¿Qué responsabilidades de orden penal estableció la Fiscalía por la fuga del señor Rueda Rocha? ¿En dónde, en qué circunstancias, por qué y por quién fue dado de baja Rueda Rocha? ¿Se investigaron todas las otras hipótesis sobre posibles autores del crimen de Galán? ¿De qué manera se descartaron? ¿Por qué razón? ¿Se establecieron fallas en el sistema de protección de Luis Carlos Galán? ¿Qué pasó con sus escoltas?".
Y a juzgar por la respuesta que el pasado 3 de agosto le dio el vicefiscal, Adolfo Salamanca, la viuda de Galán tenía la razón. En un documento de tres páginas que condensa un largo período de revisión del expediente, Salamanca concluyó que en efecto la investigación fue desviada, orientada hacia una sola hipótesis. "Dadas las anteriores circunstancias -afirmó Salamanca- y teniendo en cuenta que han transcurrido ya seis años desde el magnicidio del doctor Galán, resulta imperativo un inmenso esfuerzo para reconstruir aquellas hipótesis de investigación que surgen de los elementos de juicio ya recaudados, con miras a evitar la total impunidad del crimen".
En respuesta a las afirmaciones de la Fiscalía, los hoy generales retirados Miguel Maza Márquez y Oscar Peláez Carmona salieron a defenderse. Según Maza, fue la Dijin la que que capturó a Hazbum, de tal suerte que siendo el DAS un organismo independiente de la Policía mal haría en entrar en un hecho que no conoció. Por su parte, Peláez afirmó: "Es evidente que el desarrollo de una investigación y la dirección de la misma únicamente corresponde al funcionario judicial y que los procesos penales no están a cargo de las autoridades de Policía, pues su participación se limita a cumplir las órdenes de aquél".
Pero más allá de quién es el culpable sobre el desarrollo del proceso, resulta lamentable, por decir lo menos, que el mayor magnicidio de la historia contemporánea de Colombia, el que marcó un hito en la guerra sin cuartel contra las organizaciones del narcotráfico, siga en la impunidad. Hasta el momento no hay ningún sindicado y los presuntos autores materiales fueron asesinados en circunstancias sospechosas. Ni siquiera seis años después del brutal asesinato de Galán los colombianos saben realmente quiénes y por qué lo mataron.