“¿Cómo será el posconflicto con el actual modelo minero?”

Son varios los retos que el país debe superar de frente a un posible escenario de posconflicto. Uno de ellos, que poca discusión ha tenido ante la opinión pública, es el costo ambiental, social y político que jugaría la minería ilegal en el territorio nacional, si se firma la paz.

En efecto, el impacto de este fenómeno ha provocado un irreversible deterioro ecológico que afecta a millones de familias y financia a grupos armados.

Cifras consignadas por Semana Sostenible, en su investigación sobre el panorama de la minería en Colombia, señalan que de las 14.357 unidades de producción minera que hay identificadas en el país, el 63 % son ilegales.

El estudio también expone una denuncia sobre el millonario negocio que hicieron bandas criminales como las bacrim, los 'Rastrojos’ y las ‘Águilas Verdes’, al cobrar costosas vacunas en las minas. Por ejemplo, en la mina de Ayapel, Córdoba, un representante de cada grupo subversivo puede cobrarle al dueño de la zona de excavación o al propietario de una retroexcavadora una vacuna que no baja del millón de pesos.

Bajo este marco, Álvaro Pardo, director de Punto y Medio, alertó en Semana en Vivo que desde ya se debe discutir cómo será un espacio de final de conflicto armado construido sobre la base del actual esquema minero del país.

“Aún no se ha dimensionado el daño que la minería ilegal y la criminalidad ha generado en las regiones. El Estado ha concentrado su mirada a incentivar a las grandes empresas y no ha ampliado el mapa minero del país”, explicó.

Pardo añadió que la informalidad es el común denominador de este sector y advirtió que la actual administración tiene que darles mayor autonomía a las entidades territoriales en el tema minero.

De la misma manera dijo que es necesaria una política diferenciada frente al minero tradicional e hizo énfasis en encontrar una fórmula que legalice a los mineros artesanales.