¿Senado revocado?

Con todo el ruido del último mes con el referendo, y mientras el Legislativo estaba concentrado en las elecciones regionales y municipales, una noticia bomba pasó inadvertida. La Procuraduría General de la Nación encontró que en una tercera parte de las mesas de votación hubo suplantación de votantes y jurados y enmendaduras en los formularios electorales Esto significa que se podrían anular unos tres millones de votos de los más de 10 millones que hubo en esa oportunidad y que la composición actual del Senado podría cambiar radicalmente.

Esto lo tendrá que definir en los próximos meses la sala quinta del Consejo de Estado cuando estudie la demanda de la Procuraduría, que busca anular la elección de todos los actuales senadores y que se hagan nuevamente escrutinios.

Sustenta la demanda de la Procuraduría la investigación más grande que se haya hecho en el país en materia electoral. Este organismo de control, en coordinación con la Registraduría Nacional, recabó información en todo el país durante más de seis meses, creó un comité especial de tiempo completo para la investigación, diseñó un software especial para tabular toda la información e incluso trasladó fotocopiadoras a municipios lejanos para poder conseguir todas las pruebas que necesitaba. El resultado: un expediente de más de un 1.300.000 páginas.

El trabajo de la Procuraduría comenzó cuando se creó la Comisión Nacional de Control de Asuntos Electorales, que trabajaría el día de las elecciones para el Congreso en marzo de 2002. Se determinó que hubo fraude y por eso la Procuraduría participó en las reclamaciones que se hicieron ante el Consejo Nacional Electoral. En ese momento se solicitó la anulación de 400.000 votos pero el Consejo Electoral sólo aceptó la de 180.000. Entonces, faltando cuatro días para la posesión del Congreso el 20 de julio, aún no se habían definido los últimos puestos de Senado.

Según la Procuraduría, por la premura de tiempo el Consejo Nacional Electoral tomó varias posiciones jurídicas contradictorias. Como, por ejemplo, en el caso del departamento de Cesar, donde se anularon unas mesas para la elección de Cámara pero esas mismas mesas se validaron para Senado. O, en otros casos, el Consejo Electoral excluyó sólo mesas en las que se comprobaron siete o más casos en los que los números de cédula no coincidían con los nombres de las personas que votaron y en otras con sólo un caso se anuló la mesa. Es decir, dos posiciones diferentes para un mismo problema.

Esto llevó al procurador, Edgardo Maya, a iniciar el exhaustivo trabajo de revisar la mayoría de las mesas en todo el país, que terminó con la demanda el pasado 15 de octubre. Esta se sumó a otras 12 denuncias de ciudadanos.

Esta semana la demanda pasa al despacho del magistrado ponente del Consejo de Estado y, teniendo en cuenta la magnitud tanto del tema como del proceso, se prevé que sólo a inicios del próximo año se conozca el fallo.

Hay dos escenarios posibles: uno es que fracase la demanda, algo poco probable por la cantidad de pruebas contundentes que presentó la Procuraduría. El otro es que sea aceptada parcial o totalmente, lo que desataría una crisis sin precedentes porque todos los senadores dejarían de serlo hasta que no se conozcan los resultados de un nuevo escrutinio. Es decir, que el país se quedaría sin Senado por esos días.

La expectativa ya empezó a rondar por los pasillos del Congreso. Sin embargo, a diferencia de lo que podría pensarse, no sólo senadores como Piedad Córdoba, Jairo Clopatofsky y Aurelio Iragorri, que están dentro de los que sacaron las votaciones más bajas, serían los más afectados. La lista de Luis Alfredo Ramos o Antonio Navarro Wolff, que por ser las votaciones más altas lograron varias curules, también se podrían ver afectadas porque cambiaría el cuociente electoral, que fue lo que permitió su ingreso. Las decisiones que ya ha tomado el Senado quedarían de todas formas en firme.

En su orden, los cinco primeros lugares donde hubo irregularidades fue en Bogotá en 2.810 mesas, en los departamentos de Valle del Cauca con 2.737 mesas; Antioquia, 2.586 mesas; Bolívar 1.604 mesas; y Atlántico 1.506 mesas.

A partir de esta experiencia la Procuraduría diseñó un plan para supervisar con especial cuidado las últimas elecciones. Acompañó el proceso de selección y entrenamiento de jurados, estuvo presente durante las votaciones en la mayoría de los puestos de votación y actualmente tiene, junto a los personeros, más de 3.000 funcionarios como veedores que están participando en los escrutinios. Algo que, pese al debate por la demora en los resultados del referendo y de algunos municipios, brinda garantías al país de lo que suceda.