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| 3/28/2004 12:00:00 AM

Señales de alerta

En los 100 días de gobierno de Luis Eduardo Garzón hay avances en la dirección correcta, pero en algunas áreas falta liderazgo y pesan demasiado los grupos de interés.

Señales de alerta, Sección Nación, edición 1143, Mar 28 2004 Lucho ha tenido que alinear diferentes vertientes políticas que lo acompañaron en la campaña. Buena parte de sus esfuerzos se han ido en hacer compatibles los intereses de todos los grupos políticos que lo ayudaron a llegar al poder.
Cuando el primer Alcalde de izquierda de Bogotá está próximo a cumplir 100 días de gobierno hay cosas que van bien pero hay que prender algunas alarmas. Para nadie era un misterio que Luis Eduardo Garzón iba a llegar a cambiar muchas cosas. Para eso lo eligieron la mayoría de los bogotanos. Le pidieron sobre to-

do que ampliara la agenda de logros acumulados en la última década para que incluyera de manera más enfática y concreta a los más pobres; a aquellos cuyos ingresos no les alcanzan para vivir.

Hacia allá se está encaminando, con los tropiezos normales de una nueva administración sin experiencia de gobierno. Lanzó con una gerencia especial su programa bandera 'Bogotá sin hambre' y en su bitácora de navegación, el proyecto de desarrollo expandió con metas precisas y articuladas sueños compartidos por su electorado, como darles apoyo alimentario a 626.000 personas y disminuir el índice de desnutrición en 30 por ciento; formar 90.000 hombres y mujeres vulnerables en competencias laborales, y vincular 23.000 hombres y mujeres pobres a programas de generación de ingresos, entre varios otros.

En otros campos, como las áreas cultural y de reconciliación, el gobierno de Lucho ha puesto a andar iniciativas originales y otras que continúan la labor de su antecesor Antanas Mockus. Por ejemplo, ha impulsado con éxito la movilización de la ciudadanía contra la violencia en expresiones de resistencia civil.

Es necesario, sin embargo, sonar con fuerza las alarmas para que se pueda corregir el rumbo a tiempo. Cuando llega al poder un grupo político que pocas veces lo ha tenido, es difícil mantener la brújula apuntando al norte. Las expectativas de los ganadores son muchas y no falta en algunos cierto ánimo revanchista. En el caso de las fuerzas que llevaron a Garzón al Palacio Liévano el desafío de organizar el gobierno por dentro primero, para después ponerlo a funcionar para afuera, no ha sido menor. Subió en hombros de varios sectores diferenciados, y no siempre aliados, de la izquierda colombiana: sindicatos, organizaciones sociales, maestros, intelectuales, guerrilleros desmovilizados, congresistas progresistas más de centro y otros más radicales a la izquierda. Pero además fue clave en su triunfo el respaldo de un sector del Partido Liberal, las línea contestataria de Piedad Córdoba y la más tradicional de Horacio Serpa.

Cuadrar a todos estos grupos tras un proyecto político es una hazaña. Y a Lucho se le ha ido parte de su esfuerzo allí.

Por eso, porque al acomodar tantos intereses se pueden estar sacrificando metas importantes, se hace tan necesario escuchar las críticas de quien mira los toros desde la barrera.

Las tendencias preocupantes son de dos órdenes. Se le critica al Alcalde una falta de liderazgo por exceso de delegación. Ha dejado sin riendas el problema de la seguridad, por ejemplo. Bajo las últimas alcaldías, sobre todo las de Mockus, el primer mandatario de la ciudad asumía como comandante en jefe de la Policía y vigilaba muy de cerca la evolución de los indicadores de homicidios, convocando a consejos distritales de seguridad como mínimo una vez al mes. Garzón apenas ha citado a uno en tres meses, a pesar del aumento de la violencia en la ciudad. Además la subsecretaría de Gobierno, que estaba en manos de expertos en el tema, ante cualquier aumento de homicidios coordinaba con rapidez la respuesta policial. Según observadores de la misma Policía esto ya no es así. La responsabilidad, como sucedía antaño, recae hoy en la Policía sola, sin el respaldo de una autoridad civil comprometida y vigorosa.

Este aparente desinterés ya se ha hecho sentir en la ciudad. Después de ocho años de disminución ininterrumpida de la tasa de homicidios -que pasó de 4.352 casos en 1993 a 1.610 en 2003- en el acumulado enero- febrero de 2004 se va revirtiendo la tendencia y la tasa aumentó en un 7,2 por ciento.

Otra debilidad en el liderazgo de Lucho tiene que ver con la falta de claridad sobre algunas políticas públicas. En la última encuesta de calidad de vida del Dane, el tema que la mayor parte de los bogotanos identifica como central para que hoy vivan mejor en la ciudad fue la recuperación del espacio público. Un 76 por ciento de ellos así lo señaló.

No obstante, más allá de la polémica de campaña, no se han presentado unos criterios claros sobre qué quiere hacer este gobierno con el espacio público. La alcaldía de Garzón derogó un decreto de Mockus de diciembre que daba orientación a las acciones policivas frente a los vendedores ambulantes. En su reemplazo, el gobierno ha preparado otra norma en la que se dice que se concertará qué hacer con "representantes" de los vendedores. Es comprensible que ante un tema social tan explosivo como este, se plantee negociar con los afectados, pero debería ser claro cuál es la norma general a seguir para ahí sí acordar cómo pueden los vendedores acoplarse a ella, con beneficios. Pero lo que parece que va a concertar Lucho es la norma en sí, pese a que había advertido que no negociaría el espacio público. Además ¿cómo va a garantizar que la representación de quienes concierten es legítima?

Quien tiene la legitimidad popular es Garzón y debe ser su gobierno el que decida las reglas de juego. Y no grupúsculos de interés autoproclamados representantes que difícilmente pueden hablar por todos los desempleados bogotanos que tendrán potencialmente derecho a ganarse la vida en la calle.

Parcelas de poder

La segunda gran alarma tiene que ver con la preocupación de que grupos de presión estén copando parte de la agenda ciudadana. Esto es algo que se percibe en temas centrales para el bienestar de los bogotanos: educación, vivienda y transporte. No se trata de criticar a Lucho porque no siga las políticas de los alcaldes anteriores. Los logros de la ciudad en la última década son eso, logros colectivos, en los que el principal triunfo fue precisamente hacer valer el interés de la mayoría sobre los intereses particulares. Bogotá se levantó de la postración, cuando pudo desbloquear esas parcelas de poder cuando la Alcaldía dejó de darles juego.

Así la educación se centró en los niños, en que un mayor número fuera al colegio y tuviera una mejor educación. La política de vivienda fortaleció el papel del Estado en la redistribución de la tierra urbana y en la realización de barrios de calidad para los más necesitados, cuya única opción era invadir tierras ilegales y sin servicios. Transmilenio ha permitido que 900.000 personas diariamente se movilicen mucho más rápido y con dignidad.

SEMANA investigó estos tres temas, educación, vivienda y movilidad, que advierten síntomas de que la ciudad está volviendo al pasado porque unos grupos de poder, como Fecode, los viviendistas y los transportadores tradicionales están empezando a parcelar el interés colectivo, y es urgente que el gobierno de Luis Eduardo Garzón enderece el camino en este aspecto. Está a tiempo.

Educación

En diciembre de 2003, el déficit de cupos escolares se calculaba en poco más de 24.000. Un mes después, en enero de este año, el secretario de Educación, Abel Rodríguez, anunció que el déficit era siete veces mayor y que más de 160.000 niños se podrían quedar sin estudiar. Rodríguez salió a calmar los ánimos prometiendo que ningún alumno se quedaría por fuera del sistema escolar, pero obtuvo el efecto contrario. Pocos días después, el contralor delegado para Educación, Alirio Ramírez, denunció que las proclamas de la administración habían generado un desplazamiento de cerca de 96.000 estudiantes del sector privado al público, que no podrían ser atendidos por los colegios del Distrito.

Ante la abrumadora cantidad de solicitudes, la Secretaría de Educación tomó medidas de emergencia para obtener 27.000 nuevos cupos. Entre ellas, optimizar los espacios en las instituciones distritales, ubicar niños en casetas provisionales y arrendar instalaciones. Esta última es menos económica para el Distrito puesto que subsidiarle un cupo en un plantel privado a un alumno cuesta al año cerca de 700.000 pesos, mientras que al arrendar un plantel para que allí funcione un colegio público, el costo por niño sube a 742.000. El aumento de costos deriva de la contratación de nuevos profesores para trabajar en los planteles arrendados una jornada adicional, así como de aseadoras y celadores.

La decisión de arrendar llevó a la Secretaría a vincular 2.659 maestros provisionales, 404 para cubrir vacantes y 947 para atender los alumnos recién incorporados. De los maestros contratados, 1.000 son nuevos y el resto eran interinos. A más niños estudiando, se necesitan más maestros. Pero lo que genera malestar es que la estrategia del arriendo parece haberse convertido en el argumento para hacer nuevas contrataciones que no habrían sido necesarias si se hubiera acudido a otros esquemas posibles, como los subsidios.

Como hubo tanta confusión en las cifras que citaba la Secretaría de Educación, algunos concejales de oposición argumentaron que se trataba de otra manera de justificar una contratación masiva de maestros.

El tema es aún más contradictorio si se tiene en cuenta que, como lo conoció SEMANA, algunos rectores de colegios distritales se han quejado de que no les permiten trasladar a maestros a los que les sobra tiempo a colegios donde tendrían una carga académica completa.

Detrás de estos hechos aparentemente desconectados se advierte un giro de prioridades, en las cuales lo más importante ya no son los niños, sino colocar y darles empleos más cómodos a los maestros distritales. A esto se le suma el peso que tiene hoy el sindicato de maestros Fecode, en la Secretaría.

Otro indicador de que la mejoría de la educación de los jóvenes no es la preocupación central del gobierno de Garzón es el hecho de que no haya siquiera mencionado en su Plan de Desarrollo el fortalecimiento de las bibliotecas públicas. Esto a pesar de que las concesiones para administrarlas vencen a finales de 2005 y si no se renuevan, corren el riesgo de ser cerradas.

En efecto, los criterios de selección del personal vinculado a la Secretaría han cambiado. Así lo reconoció Hernán Suárez, asesor del secretario, cuando señaló que el manual de funciones se está modificando para ajustarse a los perfiles de los candidatos a contratar. Suárez dijo a SEMANA que a los nuevos funcionarios no se les puede escoger con principios de meritocracia porque "nunca nos han dado la oportunidad de tener una escuela de gobierno" y al referirse a su puesto, para el cual se exige ser ingeniero, añadió: "¿Cómo el secretario va a prescindir de mí porque no soy ingeniero? En política, la gente se nombra para poder sacar un proyecto político adelante".

Menospreciando la meritocracia, la educación en Bogotá se manejó hasta hace poco más de una década, como un fortín político. De evitar que esto vuelva a pasar depende el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, que aspira crear 185.000 nuevos cupos escolares. Antes de avanzar en el logro de estas metas, el secretario debe aclarar cuántos son finalmente los cupos que faltan en Bogotá y explicar por qué contratar maestros se volvió repentinamente una necesidad de la ciudad.

Movilidad y transporte

El 9 de marzo, manifestantes enardecidos protestaron contra Transmilenio por las demoras de los buses rojos, como consecuencia de un choque. Pero al lugar de la asonada no llegó Astrid Martínez, la gerente de Transmilenio, sino Carlos Eduardo Mendoza, secretario de Tránsito. Al otro día, la gerente afirmó que no estaba autorizada para hablar, y el secretario lideró un comité de concertación al que asistieron 12 personas que supuestamente representaban a los 900.000 usuarios diarios de Transmilenio, aunque nadie los había elegido para ello.

Pero la presencia de Mendoza en la manifestación no es un hecho aislado. Hay varios aspectos que podrían indicar que se está buscando quitarle poder a la empresa de transporte masivo, Transmilenio, para pasárselo a la Secretaría de Tránsito (STT). El 28 de agosto de 2003, en reunión con el grupo transportador Cootranspensilvania, el entonces candidato Luis Eduardo Garzón dijo que la ciudad debía contar con una autoridad única para regular todos los temas del transporte. Esta propuesta, también inscrita en la demanda que en días anteriores interpuso un ciudadano ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, la retomó el concejal del Polo Democrático Alejandro Martínez. Con un proyecto de acuerdo para regular la democratización de Transmilenio, Martínez propone que las tarifas de Transmilenio sean fijadas por la STT. Sin embargo, las políticas sobre transporte masivo no pueden depender de las normativas para regular el funcionamiento de los buses, busetas, colectivos y taxis, y además, la ley ordena que exista una autoridad exclusiva para el transporte colectivo en las grandes ciudades.

El proyecto de Alejandro Martínez es consecuente con las propuestas de campaña del Alcalde acerca de la democratización de Transmilenio. En ella, el Polo propone que al menos el 25 por ciento de las concesiones de operación estén en manos de los actuales dueños del transporte público colectivo de la ciudad, siempre que no tengan más de dos buses, busetas o colectivos. No obstante, estas iniciativas desconocen que hoy, cerca del 24 por ciento de las empresas operadoras de los buses rojos y el 6 por ciento de las operadoras de los alimentadores están integradas por propietarios de dos buses o menos.

Pareciera que el proyecto del concejal del Polo hubiera sido presentado por el más radical de los neoliberales y no por un representante de izquierda. En el esquema actual, la tarifa de Transmilenio subsidia los costos de operación del sistema, y el Distrito, con los recursos provenientes del 50 por ciento de la sobretasa a la gasolina, financia la construcción de las troncales. En la iniciativa de Martínez, la infraestructura debería incluirse en los costos del pasaje, y los subsidios del Estado sólo podrían dirigirse a la construcción de las vías para carros. Si la propuesta del Polo pasa en el Concejo, los usuarios de Transmilenio terminarían pagando más de 5.000 pesos por pasaje, y el Distrito favorecería el bienestar de los propietarios de vehículos particulares y de los transportadores tradicionales. ¿En dónde está el contenido social de esta propuesta?

Si en algún tema el Polo ha actuado como bancada, y ha articulado el trabajo político en el Congreso, en la Alcaldía y en el Concejo, es en el tema de Transmilenio. Pero así como es un cliché pensar que el Polo quiere acabar con 'Transmi', también es equivocado que el sistema de transporte masivo sea un negocio y un monopolio. El reto para Transmilenio está ahora en sobrevivir a las presiones de los transportadores tradicionales que, con argumentos a favor de la democratización, estarían buscando legitimar sus intereses y no los de la ciudad.

La STT también debe tener las mismas prevenciones con los gremios de transportadores que, a pesar de las concesiones, durante más de 40 años han demostrado ser incapaces de prestar un servicio digno a los bogotanos. A pesar de que el secretario Mendoza ha continuado con las políticas de reorganización del transporte público que venían promoviéndose desde la pasada administración, ya ha hecho una concesión importante. Durante dos años los dueños de las empresas de buses presionaron a la Secretaría para que levantara el pico y placa al transporte público. Pero sólo cuando Mendoza asumió el cargo, se autorizó la salida de buses y busetas, en pico y placa, cuando demuestren que van al taller y se movilicen por vías que no sean principales. Con 300 policías de tránsito por turno, ¿quién podrá controlar que efectivamente estos buses vayan al taller?, ¿cómo harán para no pasar en ningún momento por una vía principal?

En el tema del transporte hay que tener mano dura, porque lo que está en juego es el bienestar de los ciudadanos. No ceder a las presiones injustificadas de los transportadores, es el reto del secretario y más de su asesor, Miguel Ángel Pérez, que antes representaba esos mismos intereses como líder de la Asociación de Pequeños Transportadores (Apetrans).

Vivienda

En octubre del año pasado los rumbos de la política de vivienda social en Bogotá comenzaron a cambiar. En una concentración multitudinaria convocada en el Coliseo El Campín por diferentes organizaciones de vivienda como acto de cierre de campaña de Luis Eduardo Garzón se concretó el programa 'Bogotá con techo'. Cinco meses después, Metrovivienda -la institución del Distrito que se encarga de administrar el banco de tierras de la ciudad y el desarrollo urbanístico ordenado- corre el riesgo de convertirse en un fortín político para favorecer intereses de las organizaciones de vivienda que apoyaron la campaña.

La designación de Germán Ávila, fundador y ex director de la Federación Nacional de Vivienda Popular (Fenavip), como gerente de Metrovivienda fue el primer indicador de que la política de vivienda social de la ciudad se enfocaría en fortalecer las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV). Y aunque el nombramiento de Ávila no constituye un procedimiento irregular, sí lo es que en menos de tres meses se asignaran manzanas urbanizadas de Metrovivienda a OPV afiliadas a Fenavip.

Según Andrés Escobar, ex gerente de Metrovivienda en las administraciones de Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, la metodología de venta de estas manzanas a los particulares exigía una minuciosa revisión de las garantías ofrecidas por los particulares como capacidad económica y operativas. "Entregamos democráticamente los terrenos de Metrovivienda a las empresas que nos ofrecían las mayores garantías, en ese proceso nos demorábamos como mínimo cuatro meses". Hoy, en tiempo récord, Metrovivienda vendió los primeros terrenos a una organización perteneciente a Fenavip, llamada Renacer. Es la promotora del proyecto Nueva Ciudad, ubicado en la ciudadela El Recreo de Bosa, que se les ofrece a quienes se acercan a Metrovivienda interesados en adquirir su casa.

En los volantes de propaganda de Fenavip también se anuncian futuros proyectos en otras ciudadelas de Metrovivienda en Usme y Bosa. Aunque legalmente no existe impedimento para otorgar terrenos a Fenavip, sí los hay desde un plano ético.

El gerente de Metrovivienda, Germán Ávila, se defendió asegurando que no había conflicto de intereses porque uno de los objetivos de Metrovivienda es venderles lotes a organizaciones populares que cumplan todos los requisitos.

El problema es que las organizaciones a las que se les han entregado los proyectos sean precisamente las que agrupa la ONG que Ávila fundó y dirigió, y no las muchas otras que hay. Sin duda hay un conflicto entre los intereses de un grupo de viviendistas y el interés general. Salvo que se explicara por qué la escogieron en tiempo récord y se probara, sin duda alguna, que la propuesta de estas organizaciones es la mejor

A todo esto hay que añadirle que Fenavip, además de ser una asociación de vivienda, es una organización política representada en el Concejo por Fernando Rojas. Este vínculo puede devolver a la ciudad a las épocas en las cuales la entrega de viviendas sociales estaba ligada al trabajo de maquinarias electorales desde el Concejo.

El programa de vivienda del alcalde Garzón es ambicioso y busca crear 180.000 viviendas en los cuatro años del mandato, es decir cerca de 45.000 viviendas por año. Es una meta optimista si se tiene en cuenta que el récord de construcción de viviendas de interés social en la ciudad se dio en 2002 con 30.000 unidades. Si permite que grupos de interés coopten la labor del Distrito en la construcción de viviendas, la meta le sería aún más difícil de cumplir.

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