“Colombia creyó que diciendo mentiras iba a disfrazar la verdad”

Este miércoles Colombia tuvo un duro golpe internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un histórico fallo, la declaró responsable por la desaparición de diez civiles en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Igualmente declaró responsable al Estado por la pobre investigación para conocer la verdad sobre los hechos.

En el fallo, la Corte encontró que el Estado era responsable por las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celís, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León; así como de dos visitantes del Palacio: Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, y de una guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda.

Así mismo, se le condenó por la desaparición forzada y la posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. De la misma manera, se le hace responsable de las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, quienes fueron considerados sospechosos de colaborar con el M-19.

Semana.com habló con el exmagistrado Nilson Pinilla, uno de los tres juristas que elaboraron el informe sobre la Comisión de la Verdad, en donde se analizaron los hechos que rodearon el oscuro episodio de la retoma del Palacio.

Para Pinilla, “no se puede tapar el sol con un dedo. Colombia creyó que diciendo mentiras iba a disfrazar una verdad, que era muy distinta a la que siempre se mostró. Hay prueba de que en la retoma del Palacio de Justicia salieron personas vivas y fueron sometidas a tratos inhumanos y torturas”.

Para el jurista, esta condena deja muy mal parada a la justicia colombiana, que “no pudo establecer la verdad a través de la justicia ordinaria. Les tocó a las víctimas solicitarle a un organismo internacional que investigara y contara la verdad de los hechos”, aseguro Pinilla.

El jurista indicó que en el 2006 le advirtieron al gobierno la necesidad de avanzar en las investigaciones por los desaparecidos del Palacio porque estaba claro que esta sentencia internacional se veía venir. “Los integrantes de la Comisión de la Verdad nos reunimos con el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos, y el inspector de la FF. MM. de la época, Fredy Padilla de León, y les pedimos una lista de los militares que ingresaron al Palacio de Justicia en la retoma. Respondieron de manera gaseosa y no le dieron celeridad a nuestra solicitud”, añadió Pinilla.

Semana.com habló también con otro integrante de la Comisión de la Verdad, el también exmagistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien aseguró que era previsible esta condena contra Colombia ya que todo el informe realizado por su grupo concluía que existía responsabilidad del Estado en la retoma.

Indicó el jurista que “se pudo saber que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán salió vivo del Palacio. Sus documentos fueron encontrados en el Cantón Norte muchos años después, su necropsia mostraba que él apareció muerto por un tiro de gracia”, indicó Gómez.

Respecto a la condena, manifestó que era previsible que resultara de esta forma ya que quedó probado que “el Gobierno fue responsable por falta de acciones contundentes para proteger a los civiles”.

Con esta sentencia se plantean mayores interrogantes sobre la certeza de los desaparecidos del Palacio de Justicia, puesto que en unos fallos se reconocen a cinco de ellos, en otros a diez y en otros se asegura que no hubo. El misterio aún continúa.