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| 1/12/2003 12:00:00 AM

¿Serán extraditados?

En 2004 el presidente Alvaro Uribe tendrá que decidir si extradita a los jefes del cartel de Cali. ¿Trofeo o acto de justicia?

¿Serán extraditados? ¿Serán extraditados?
En marzo del año pasado, cuando la policía recapturó a Gilberto Rodríguez Orejuela unos días después de que había quedado en libertad luego de haber cumplido siete años de condena, el jefe del Cartel de Cali le preguntó a un oficial que lo custodiaba: -¿A mi edad cómo hace uno para salir de una cárcel si no es por la vía judicial? "Sólo si se tiene una enfermedad terminal", le respondió el policía. Rodríguez pensó un momento y dijo: "Yo tengo dos enfermedades terminales: Fernando Londoño y Estados Unidos". De lo primero ya no tiene por qué preocuparse. Frente a lo segundo en cambio, la "enfermedad" hizo metástasis. Gilberto, junto con su hermano Miguel, recibieron este año con la noticia de que estaban pedidos en extradición para ser juzgados en una corte del sur de la Florida. Muchos colombianos se debieron preguntar por qué si estos narcotraficantes estaban cumpliendo sus condenas en una cárcel en Colombia eran solicitados por la justicia estadounidense. Hay dos respuestas posibles. Una, que es judicial: un gran jurado los acusa de haber seguido manejando sus negocios ilícitos desde la cárcel. La segunda, más sutil, es política. Las penas que la justicia colombiana les impuso a los jefes del cartel de Cali fueron, a los ojos de Estados Unidos, irrisorias. Y desde hace años se han propuesto llevar a los hermanos Rodríguez Orejuela a las cortes norteamericanas, como el más preciado trofeo de su lucha contra el narcotráfico. De ahí que diversas agencias estadounidenses estuvieran desde hace tiempo moviendo todas sus fichas con miras a consolidar un proceso que condujera a la extradición de los dos jefes del cartel de Cali. Por eso el 22 de septiembre del año pasado fue quizás uno de los días más felices para Jaime Torres, agente especial de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y para Marcos Jiménez, fiscal federal del Distrito Sur de la Florida. Ese día tenían en sus manos la acusación por un gran jurado que les permitía ordenar el arresto con fines de extradición contra Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Según el fiscal Jiménez, hoy tienen pruebas suficientes para demostrar que "los fundadores de la organización criminal más grande y refinada del mundo continuaron con sus actividades criminales desde la cárcel entre 1995 y 2001". Por lo que los acusó por los siguientes delitos cometidos: tráfico de cocaína, lavado de dinero, inversión de 2.100 millones de dólares de ganancias de la droga y de conspirar para obstruir la justicia mediante múltiples asesinatos y pagos a individuos y sus familias para impedirles cooperar con las autoridades. "El mensaje para los Rodríguez Orejuela es que nuestros agentes irán tras ustedes en cualquier parte del mundo. La prisión no es un refugio seguro", dijo el secretario adjunto de la agencia ICE, Michael J. García, el pasado 22 de diciembre cuando anunciaron las acusaciones contra 11 colombianos, entre ellos los ex jefes del cartel de Cali y William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel y prófugo de la justicia. Una de las principales pruebas que al parecer tuvieron en cuenta los agentes federales de aduanas en Miami para acusar a los hermanos Rodríguez Orejuela fue el testimonio de uno de sus agentes, Edward Kaserowski, en una Corte Federal de la Florida. Este hombre, que ya está a punto de jubilarse, tiene fama de ser uno de los agentes que más ha perseguido a los ex jefes del cartel de Cali, hasta el punto de que se le convirtió en una obsesión su extradición a Estados Unidos. Kaserowski sostuvo ante la Corte Federal que conversó con el boliviano José Luis Pereira, detenido en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1996. Pereira era uno de los seis acusados en la operación 'Piedra Angular' en contra de los Rodríguez. En su charla el narcotraficante le reveló que Miguel y Gilberto continuaban controlando el tráfico de cocaína de Colombia hacia México desde sus celdas, a través de un abogado de apellido López que los visitaba en prisión. Poco a poco le fue contando al agente federal las intimidades del cartel y le aseguró que los confesos capos despachaban en cada avión que salía de Cali hacia México, a través de San Andrés, hasta 450 kilos de cocaína. Durante la conversación, Pereira también le dijo que unas veces reemplazaban los aviones por barcos pesqueros que salían del Pacífico colombiano al puerto de Mazatlán y que había dos formas de introducir la droga a Estados Unidos: una, a través de San Isidro, en California, y otra por Laredo o Bronsville, Texas, y que los cargamentos de cocaína iban camuflados en tortillas o tomates. "Eran los 'intocables' colombianos. Ahora, gracias al compromiso del presidente Alvaro Uribe de trabajar con la ejecución de la ley estadounidense, esperamos su extradición a Norteamérica para que paguen por sus crímenes", sostuvo Roger P. Mackin, el oficial de antinarcóticos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. DEA vs. Aduanas Pero mientras la agencia de Aduanas (ICE) y el fiscal del Sur de la Florida anunciaban con bombo y platillos su solicitud de llevar a los líderes del cartel de Cali ante una Corte de Miami, la DEA en Colombia y algunos de sus agentes no ocultaron su indignación frente al anuncio. La agencia antinarcóticos venía trabajando sin descanso en la recopilación de pruebas que le permitiera al jefe de fiscales del Distrito Sur de Nueva York, solicitar a Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela en extradición para ser juzgados por una Corte en la 'Gran Manzana' por lavado de activos. "Para nosotros son muy extraños los nuevos cargos que por tráfico de cocaína acusan a los Rodríguez en Miami. Nosotros los hemos controlado electrónicamente y no tenemos una sola prueba que demuestre que enviaron un gramo de cocaína desde prisión", le dijo a SEMANA una fuente de la DEA que pidió omitir su identidad. "Lo que nosotros logramos obtener son todos los libros contables, disquetes, discos compactos y una gran cantidad de documentos que procesaron analistas del departamento del Tesoro". El agente de la DEA se refiere al golpe que le propinaron al cerebro financiero de los Rodríguez Orejuela y sus familias el 17 de febrero del año pasado en 'La Operación Dinastía'. Entonces allanaron con agentes de la Dijin, 27 propiedades entre apartamentos y casas, y se llevaron para Washington todos los archivos contables que encontraron. La DEA asegura que esos documentos posteriormente les permitieron detectar los bienes ilícitos que poseían a nivel mundial. Con base en esta información, la Oficina Federal para el Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro, elaboró un organigrama que lo dio a conocer ocho meses después en el que señaló a 59 empresas y 78 personas, entre familiares y amigos de los ex jefes del cartel de Cali, como involucrados en actividades de narcotráfico y los añade a la llamada 'lista Clinton'. Todos quedaron sujetos a sanciones económicas y firmas, y ciudadanos norteamericanos tienen prohibido hacer negocios con ellos. Los hijos de los Rodríguez Orejuela se defienden de estas acusaciones: "Jamás hemos participado en las actividades ilícitas de nuestros padres, le dijeron a SEMANA. Somos la familia más perseguida de Colombia. Estamos muertos civil, comercial y socialmente. En esa lista figuramos 42 miembros de la familia y todo aquel que se haya acercado a nosotros". Según el agente de la DEA la investigación continuará hasta lograr una nueva solicitud de extradición del Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York por lavado de activos. "Nosotros no sólo estamos comprometidos en la lucha contra las drogas, sino en ganar una carrera maratónica que nos permita mostrar en los estrados judiciales estadounidenses a Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela", dijo el funcionario de la DEA. ¿Por que estan en la carcel? ¿Pero qué tan fácil es que las autoridades norteamericanas y colombianas logren que sean extraditados los confesos narcotraficantes? Podría pensarse que no es tan fácil. Sin embargo el pasado 31 de diciembre el fiscal Luis Camilo Osorio sostuvo que las condenas que cumplen ambos pueden ser suspendidas y podrían ser extraditados. " En este momento hay posibilidad de interrumpir la condena en Colombia, pero de todas maneras es una decisión que corresponde a la determinación del gobierno de darle prioridad o no al requerimiento de extradición", dijo Osorio. Los Rodríguez Orejuela fueron capturados en junio y agosto de 1995. Los capos que manejaron los hilos del cartel de Cali decidieron confesar sus delitos y se sometieron a la anticipación de la sentencia. Admitieron haber realizado 112 envíos de droga desde los años 70 hasta 1995, de los cuales, según su confesión, 11 fueron incautados y 101 'coronados' con éxito, y reconocieron que lograron introducir 29.290 kilos de cocaína a Los Angeles, Nueva York, Miami, Holanda, Alemania e Italia, utilizando como rutas intermedias y puentes a Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Islas del Caribe y México. Miguel admitió incluso haber lavado parte de su fortuna utilizando el Banco First Interamericas Bank con sede en Panamá, adquirido por su hermano Gilberto. La decisión de confesar la tomaron los capos luego de conocer la solicitud formal de extradición de Estados Unidos al gobierno colombiano en junio 27 de 1996. Sin embargo la Constitución del 91 prohibía la entrega de ciudadanos colombianos a otros países. Y aunque en 1997 se reactivó, la figura de la extradición no regía en forma retroactiva. Miguel fue condenado a 183 meses, 13 días de cárcel (15 años) y su hermano Gilberto, a 203 meses y 20 días (17 años). Sin embargo, por los beneficios de confesión y sentencia anticipada sus penas quedaron reducidas a la mitad. Hace cinco años el entonces Tribunal Nacional consideró que por los delitos de enriquecimiento ilícito proveniente del tráfico de cocaína Gilberto estaba en capacidad de pagar una multa de 136.773 millones de pesos y Miguel, de 70.753 millones de pesos, de los cuales las autoridades judiciales sostienen que no han recibido un solo peso. Después de 7 años de prisión, Gilberto Rodríguez Orejuela obtuvo la libertad el 7 de noviembre de 2002, luego de que un juez fallara a su favor un recurso de habeas corpus. El fallo generó una fuerte polémica en Colombia y su regreso a la cárcel el 13 de marzo de 2003 se logró después de que la Fiscalía lograra revivir un caso de envío de 150 kilos de cocaína a Tampa, Florida, vía Costa Rica, en 1990. Por este caso fue condenado Miguel Rodríguez a 21 años de prisión el 21 de febrero de 1997 y, en ese entonces, el juez Héctor Julio Cruz Casallas ordenó que se compulsaran copias en contra de Gilberto Rodríguez por el mismo delito. Aunque por este nuevo proceso no era viable jurídicamente que Estados Unidos los solicitaran en extradición, ya se sentía la presión estadounidense para lograr que los Rodríguez fuesen juzgados en su país. Hoy, Miguel, de 56 años, está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, en donde permanece incomunicado y le permiten una visita cada 15 días. Gilberto, de 65 años, fue trasladado a la cárcel La Picota, en donde se recupera de una isquenia cerebral (falta de oxígeno en el cerebro) que lo dejó semiparalizado y debe usar, en su celda, una máscara conectada a una bala de oxígeno para poder respirar. Extradicion vs. justicia colombiana Es claro que a Uribe no le ha temblado el pulso para enviar a los narcotraficantes a Estados Unidos. Su gobierno ha roto todos los récords en materia de extradición. En los primeros seis meses envió a 34 nacionales a diferentes países cuando durante los cuatro años de Pastrana fueron extraditados 78. Y en 2003 Colombia recibió 118 solicitudes de extradición de la justicia norteamericana, de las cuales aprobaron 62. A primera vista la extradición es una solución casi perfecta. Primero, hay la certeza de que los narcos pagarán por sus crímenes. Segundo, hay la seguridad de que no seguirán delinquiendo desde la cárcel. Y tercero, como el castigo es severo se manda un mensaje ejemplarizante para todo el que quiera seguir ese camino. De ahí que la extradición entusiasme tanto a la opinión. La gente quiere ver a los grandes delincuentes más como a Carlos Lehder, esposados de pies y manos y condenados a largas penas, y menos como a Pablo Escobar, fugado de una cárcel confeccionada a su medida. Detrás de los aplausos del público y de la firmeza del gobierno Uribe en extraditar hay, sin embargo, reflexiones más de fondo. ¿Qué tanto la extradición debilita a la justicia colombiana? ¿Qué tanto Colombia está renunciando a una de sus funciones esenciales de Estado? ¿Qué tan eficaz ha sido para combatir el narcotráfico? ¿Qué tanto se hace justicia? En primer lugar, sería iluso afirmar que la justicia colombiana ha castigado a los narcotraficantes. Es una justicia que tiene enormes dificultades para conseguir pruebas. Con frecuencia los casos se derrumban por falta de evidencias técnicas y testimonios confiables. Es una justicia sobornable. Muchos fiscales y jueces sucumben ante los tentáculos corruptores de la mafia. Incluso los Rodríguez Orejuela están siendo acusados de obstrucción de la justicia en su proceso de extradición. Es una justicia que impone penas irrisorias. Es una justicia incapaz de controlar a los presos. Desde las cárceles se siguen manejando los negocios, se organizan vendettas, se ajustan cuentas y, en ocasiones, se vive la gran vida. Escobar, por ejemplo, ejecutó y descuartizó a sus lugartenientes en el patio central de La Catedral, que era más un hotel de lujo que una cárcel de máxima seguridad. 'Popeye', un peso pesado del cartel de Medellín, celebró su matrimonio con todas las de la ley en La Modelo. En esta misma cárcel, Iván Urdinola, jefe del cartel del Norte del Valle, se hacía traer comida del mejor restaurante japonés de la capital. Y en La Picota, el narcotraficante Alejandro Bernal tenía una suite cinco estrellas con pantalla gigante y servicio a la 'celda'. Ahora bien, si por alguna razón se aburren, se fugan. Como lo hizo José Santacruz, jefe del cartel de Cali, de La Picota y Ever Villafañe, otro capo de esa organización criminal, que salió por la puerta grande de la cárcel de Itagüí después de haber pagado sobornos por un millón de dólares. Aunque con la últimas cárceles de máxima seguridad que se han construido en Valledupar y en Cómbita (Boyacá) se ha mejorado el control de los presos, aun así Estados Unidos -que paradójicamente ha asesorado la construcción de esas cárceles- acusa a los Rodríguez Orejuela de delinquir tras las rejas. Ante esta realidad escandalosa, la captura o entrega de grandes jefes de la droga, más que una gran noticia es una papa caliente para el gobierno. Y el atajo más fácil para salir del lío es montarlos en un avión rumbo a Estados Unidos. Pero el problema de fondo, fortalecer la justicia colombiana, no se resuelve. De hecho, desde hace varios años Colombia ha montado "justicias paralelas" como una forma de resolver la incapacidad de la justicia ordinaria. Así, para enfrentar los flagelos de la guerrilla y el narcotráfico en los 70 y 80 se acudió a la justicia penal militar, que a pesar de ser más efectiva era menos legítima. Después, cuando el narcoterrorismo tenía arrinconado al Estado y fue asesinado Luis Carlos Galán, se acudió a la extradición por vía administrativa: bastaba la firma del Consejo de Ministros para someter a los narcos a las cortes estadounidenses. En los 90 surgió una nueva forma de justicia alternativa, el sistema penal internacional, al cual Colombia se acogió. Mientras tanto, también por la falta de una justicia eficaz, creció la peor forma de justicia paralela: los grupos de justicia privada. La ley del ojo por ojo y diente por diente. La tragedia de la proliferación de estas justicias paralelas es que no sólo no resuelve el problema de fondo, una justicia que no funciona sino que puede terminar socavándola aún más. Extraditar ofrece una solución más pragmática y más corta para un gobierno que sólo tiene cuatro años, que recibe una gran presión de Estados Unidos y quiere mostrar resultados. En cambio, metérsele a fondo a transformar la justicia es una solución estructural de largo plazo, imposible de llevar a cabo en un gobierno. Aquí se cumple la máxima de que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Además, por la forma como se ha venido aplicando la extradición en los últimos años, se pueden llegar a cometer injusticias. ¿Cuántos grandes traficantes han negociado su libertad en Estados Unidos a cambio de información y cuántas mulas han terminado, en cambio, pagando 25 años de prisión? Si en el pasado la extradición significaba morir en una cárcel gringa, ahora se convirtió en un negocio. Decenas de abogados de Miami y Nueva York viajan constantemente a Tunja, Boyacá, y rondan la cárcel de Cómbita ofreciendo sus costosos servicios a los narcos pedidos en extradición no para salvarlos del vuelo a Estados Unidos, sino para garantizarles una buena negociación con la justicia de ese país. Es decir, que todo el poder disuasivo de un castigo implacable, una celda perpetua en el exilio, se ha venido desvaneciendo. Al resignarse Colombia a que sus delincuentes sean juzgados por otro país ante su propia incompetencia, se corre un riesgo adicional. ¿Qué pasa si 'Simón Trinidad' fuese pedido en extradición por narcotráfico y en Estados Unidos consigue una negociación favorable? ¿Quién paga por los terribles delitos que cometió este guerrillero en el país? ¿Qué pasaría si Carlos Castaño consigue algo similar en el juicio que ya enfrenta en Estados Unidos y sus delitos en Colombia se quedan sin juzgar? En últimas, el mecanismo de la extradición, que puede ser un instrumento válido para obtener cooperación internacional y lograr que los crímenes no queden impunes, ha terminado por satisfacer las demandas de Washington pero no siempre las necesidades de justicia en Colombia. La extradición ha cambiado las prioridades de la justicia colombiana, que le dedica mucho esfuerzo a atender las exigencias del Tío Sam, y menos a castigar a quienes le han hecho tanto daño a Colombia. La decisión política de extraditar a los hermanos Rodríguez Orejuela está en manos del presidente Uribe, y su margen de maniobra es reducido. Sobre todo teniendo en cuenta que en el Congreso estadounidense ya se está discutiendo un proyecto para retirarles la ayuda a aquellos países que "resulten poco cooperativos en los esfuerzos de extradición con Estados Unidos". Además la justicia colombiana sigue manca, coja y tuerta y no puede garantizarle a la mayoría de los 106 colombianos que hoy están pedidos en extradición el respeto a la defensa, al debido proceso, la revisión de las pruebas y un juicio justo; y de resultar culpables, unas condenas ejemplarizantes y una reclusión que los castigue de verdad. Estas fueron las razones que llevaron a 96 extraditables detenidos en Cómbita, a iniciar una huelga de hambre, a finales del pasado diciembre, que posteriormente fue suspendida a cambio de que el gobierno los escuchara. En esa ocasión le hicieron llegar una carta al presidente Uribe en la que le decían: "Cuando vemos cómo se nos hace imposible defendernos y cómo han bloqueado para nosotros todas las fuentes del derecho, comprendemos con absoluta claridad que es usted quien verdaderamente puede tomar la decisión de liberar ese espíritu maligno que anda rondando y se ha apoderado de la Corte Suprema de Justicia". Frente a esta realidad la extradición es un instrumento útil y necesario. Sin embargo no puede ser un sustituto de la justicia colombiana. Esa es una tarea a la que los gobiernos no pueden seguir sacándole el cuerpo, y menos, como ha sucedido hasta ahora, dejar que sea el Tío Sam quien imponga su ley como le dé la gana.

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