Si la Corte diera el sí...

Esta semana la Corte Constitucional decide sobre el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio. En caso positivo, Colombia se convertirá en el decimotercer país del mundo en eliminar la discriminación contra las parejas del mismo sexo en el terreno clave de contraer nupcias. De lo contrario, seguirá vigente el artículo 113 del Código Civil, que desde 1887 estipula que el matrimonio "es un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse", definición que los sectores conservadores del país, con el procurador Alejandro Ordóñez a la cabeza (y algunos magistrados del máximo tribunal), creen que no debe cambiarse. Pero esa definición tiene 124 años de antigüedad y pertenece a un país y a un mundo pretéritos. Por eso, lo mejor que puede pasar es que la Corte les dé el sí a los gays.

La Corte estudia una demanda presentada en noviembre pasado a instancias de Colombia Diversa, la ONG que defiende los derechos de la comunidad LGBT, y del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), que pide cambiar ese artículo. Esta es la segunda vez que se demanda; en noviembre pasado, con ponencia positiva de la magistrada María Victoria Calle, la Corte decidió abstenerse, pero los demandantes insistieron. Esta vez la ponencia del magistrado Gabriel Mendoza es negativa. La decisión de los nueve magistrados se dará el martes. Se sabe que tres de ellos están en contra y cuatro a favor, así que el voto de uno de los dos restantes -Humberto Sierra o Mauricio González- será decisivo para el sí.

A los derechos de los gays les ha pasado lo mismo que a otros derechos fundamentales en Colombia: es la Corte Constitucional, mediante sentencias, y no el Congreso, con sus leyes, la que los ha ido introduciendo, aunque, en este caso, solo muy recientemente. De una discriminación y un ostracismo casi medievales, los homosexuales pasaron a gozar, gracias a cuatro sentencias de la Corte Constitucional, emitidas entre 2007 y 2009, del derecho a dejar de ser discriminados en importantes áreas. Ahora, pueden afiliar a su pareja al régimen contributivo de salud y al régimen especial de salud y pensiones de las Fuerzas Armadas. El compañero o compañera tiene derecho a pensión de sobrevivientes, a adquirir la nacionalidad colombiana y hasta a fijar residencia en San Andrés y Providencia si llenan los requisitos. A la vez, los miembros de parejas del mismo sexo son imputables por delitos como la inasistencia alimentaria, la malversación de bienes familiares o la violencia intrafamiliar. Tienen derecho, como cualquier pareja, a no incriminar a la suya en materia penal; a la verdad, la justicia y la reparación, y a medidas de protección cuando su pareja sea víctima de crímenes atroces.

Consagrar el matrimonio gay es el paso que falta. Las parejas homosexuales han adquirido varios de los derechos que tienen sus pares heterosexuales, casadas o arrejuntadas, pero no el estatus jurídico completo que dan el matrimonio o la unión libre. Que lo tengan irrita a sectores conservadores, que ven todo avance en ciertas materias -aborto, derechos de las minorías- como una amenaza a la tradición. Pero que los homosexuales puedan casarse no es un atentado contra la familia. Al contrario, permite ser legalmente familia a decenas de miles de parejas que ya lo son de hecho y que hacen parte de la sociedad como las heterosexuales.

Hacerlo, además, pondría a Colombia a la vanguardia. Hay 12 naciones que, por leyes aprobadas en sus Congresos, reconocen el matrimonio o la unión libre de los homosexuales, además de ocho estados de Estados Unidos y la capital mexicana. Entre ellas hay nombres que cabe esperar, como Holanda, Bélgica, Canadá, Islandia, Suecia o Noruega, pero también algunos vecinos de barrio, como Ecuador, Uruguay (cuyas Constituciones dan a la unión de hecho el mismo estatus que al matrimonio) y Argentina. El sí de la Corte Constitucional colombiana a los gays sería un paso importante hacia un país más moderno e incluyente.