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| 12/2/2006 12:00:00 AM

A que si, a que no...

El cierre del Congreso es un fantasma que aparece en las crisis. Hay contradicciones en el gobierno: Uribe dice que no y su Ministro dice que sí. ¿Cuál es la realidad?

A que si, a que no... A que si, a que no...
Sin uno le pregunta a un colombiano medianamente informado si está de acuerdo con el cierre del Congreso, la respuesta inmediata es sí. Y no necesariamente porque esté al tanto de los pormenores del actual revuelo por las investigaciones de la Corte, sino porque 50 por ciento de los ciudadanos, según la última encuesta de Gallup, tienen una imagen desfavorable de la institución.

Eso lo saben los gobiernos que en sus planes de reformas siempre incluyen en algún momento un articulito que habla de revocar el Legislativo o de hacer una constituyente. Lo hizo Pastrana en un intento de referendo, se habló de esto en el gobierno de Samper y lo propuso el mismo Uribe al inicio de su primer cuatrienio. Después de los fujimorazos y otros intentos en varios países, cerrar un Congreso es muy mal visto. Sin embargo, si algún argumento podría hacerlo vendible es que un alto porcentaje está en manos de un fenómeno criminal como el paramilitarismo.

Hoy, cuando el escándalo se convirtió en una crisis política, se comenta en todos los mentideros políticos el rumor de que el gobierno cerraría el Congreso como una posibilidad para que Uribe capitalice a su favor un escándalo que a todas luces no contribuye a sus propósitos de gobierno. Unos piensan que eso no es posible por los impedimentos y las consecuencias internacionales que tendría, pero otros consideran que no sólo lo piensa, sino que efectivamente está en sus planes.

La semana pasada el tema se calentó. El ministro Carlos Holguín parecía confirmar las sospechas de los 'malpensados'. En una entrevista con Caracol radio, el Ministro de la política, el encargado de los asuntos del Legislativo, afirmó que la revocatoria no estaría descartada. "Puede ser una alternativa interesante, sobre todo si proviniera del Congreso, y muy significativa, pero me parece que todavía hay que esperar cuáles son las verdaderas dimensiones del problema que suponen que son bastantes grandes". De inmediato se encendieron las alarmas, que fueron rápidamente apagadas por el mismo Uribe: de ninguna manera vamos a poner en riesgo la institución legislativa del Estado de Derecho, dijo, y agregó que serán los congresistas involucrados los que paguen por sus delitos si así lo determina la justicia, pero que su papel será procurar que todos los poderes sigan funcionando como debe ser "porque en esta hora nos tenemos que batir como leones, para salvar la institucionalidad". "Cerrar un Congreso no es posible y todos los ejemplos que ha habido en el mundo han salido mal", asegura Elizabeth Ungar, directora de Congreso Visible, quien piensa además que hacerlo no haría ninguna diferencia si no se hacen reformas de fondo en el sistema electoral y en la financiación de las campañas. Es claro que ningún escenario democrático le da espacio a esa posibilidad, ni existe Constitución alguna que lo contemple. En algunos casos se pueden adelantar las elecciones, pero echarle llave a la representación más directa de los ciudadanos en el poder público es sinónimo de golpe de Estado o de dictaduras, escenarios que Colombia hoy no permitiría para sí misma.

Pero el debate está planteado. Han sido los partidos de oposición, que hoy son minoría en el Congreso, los que más se oponen a que esta posibilidad se contemple. Y por eso han salido a defender la institución y hasta han propuesto acuerdos políticos que la preserven. Toda una paradoja, porque una eventual elección, después del escándalo que ha salpicado a los partidos uribistas, podría beneficiar a la oposición.

Más allá de la teoría hay un asunto práctico que resolver. ¿Qué pasa con los votos de los congresistas sobre los que recaiga una orden de captura y vayan a la cárcel? Ya hay un mecanismo de reemplazo en marcha que es el que indica la ley: el que le sigue en votos asume la curul que pertenece al partido y no al congresista. Sin embargo, SEMANA conoció que hay partidos que empezaron a hacer un estudio jurídico sobre la posibilidad de entablar acción para que los votos de los congresistas, en la medida en que son votos 'mal habidos', se puedan declarar nulos. Los votos de los nueve congresistas que hoy están en líos, tres en el cárcel y seis por rendir indagatoria, suman 669.079. Lo que supondría que los partidos uribistas perderían curules que quedarían desiertas. Habrá que esperar el sustento jurídico de este análisis.

Lo más probable es que no pase nada más que la llegada de los reemplazos, pero esta alternativa tampoco garantiza una solución definitiva. Por ejemplo, en caso de que el senador Mauricio Pimiento sea detenido, su reemplazo sería Jorge Visbal Martelo, el ex presidente de Fedegán, de quien tambien se rumora podría ser investigado. En ese caso lo que se produciría sería una cadena de salidas que agravaría más la crisis y que llevaría a la conclusión de que así se reemplacen los nombres, los votos llevan al mismo destino.

De cualquier manera, el fantasma de la revocatoria, en la práctica, es tan inviable como inconveniente. No lo permiten las normas, lo prohíbe el sentido común y lo rechaza la comunidad internacional. La última vez que un Presidente, Andrés Pastrana, lo propuso, la oposición liberal respondió que también habría que convocar a elecciones presidenciales. Al fin y al cabo, no hay cómo diferenciar los votos de las elecciones presidenciales y las de Congreso: ¿por qué son buenos unos, y no los otros? La propuesta, en la remota posibilidad de que tomara vuelo, sería un camino directo hacia una crisis mayor. Un auténtico salto al vacío.

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