SIGUE LA ESPERA

La secuencia de eventos está volviéndose familiar para la opinión pública: cruces de cartas entre notables, intermediarios y extraditables, que producen grandes titulares sin que casi nadie entienda de qué se trata.
Pero fuera de los titulares, concretamente en ¿qué anda todo este controvertido proceso ?
Seis pasos se han dado por parte de los protagonistas. El primero tuvo lugar los primeros dias de octubre, cuando los ex presidentes Alfonso López Michelsen y Misael Pastrana Borrero, junto con el cardenal Mario Revollo y Diego Montaña Cuéllar ofrecieron servir de mediadores para las negociaciones del secuestro de los siete periodistas retenidos.
Como respuesta a este ofrecimiento, Guido Parra, quien en 1988 y 1989 sirvió de intermediario en los contactos que estableció el ex secretario General de la Presidencia Germán Montoya con miembros del cartel de Medellín, envió el pasado 27 de octubre una carta dirigida a los Notables.
En ella planteaba una propuesta sobre el tratamiento de la situación de los "Extraditables" y de los periodistas secuestrados. Señalaba, además, la conveniencia de recurrir al Consejo de las Naciones Unidas para Asuntos del Narcotráfico y de hacer vigentes las normas del Derecho Internacional Humanitario. En tercer lugar, como respuesta al comunicado enviado por Parra, los Notables consideraron legitima la propuesta de poner en vigencia los tratados internacionales.
El cuarto paso en este cruce de cartas fue el comunicado de los "Extraditables" del lunes pasado, que reivindica el secuestro de los siete periodistas desaparecidos. A este comunicado le sigue una carta del ex alcalde de Medellín Juan Gómez Martínez, a los Notables. En ella manifiesta su disposición a colaborar en las negociaciones para la liberación de los periodistas. El mismo dia, durante los actos de celebración del aniversario del DAS, en lo que puede interpretarse como una alusión a la propuesta de Guido Parra, el presidente Gaviria accedió a recurrir al Consejo de Asuntos del Narcotráfico de la ONU y a respetar los compromisos internacionales en este campo.
La etapa final de todo este episodio, fue una última misiva de Guido Parra, con fecha del 2 de noviembre, en la que plantea, esta vez tres puntos concretos de discusión. El primero contempla la posibilidad de revisar el decreto que hace posible la extradición por via administrativa para los países con los cuales existe Tratado de Extradicion. Esto equivaldría a renunciar a la extradición hacia los Estados Unidos, pues, aunque no esté vigente, Colombia suscribió un tratado con ese país. El segundo punto sugiere aplicar a la situación actual el mismo tratamiento que se le dio a la situación de orden público en 1957. En esa época, tras la reforma plebiscitaria y para concretar la paz, los guerrilleros fueron declarados delincuentes comunes y luego se les concedió el indulto. Aplicar el mismo tratamiento a la situación actual implica la posibilidad de conceder la amnistía a personas acusadas de cometer actos de delincuencia común, entre los cuales podrían figurar los narcotraficantes, y terminar dando a la situación de los extraditables un tratamiento politico. Finalmente, Parra contempla la posibilidad de una rendición, y subraya la necesidad de aplicar los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario relativas a la protección de las víctimas de conflictos armados...
De todo este enredo, se pueden deducir los siguientes elementos:
a) Los "Extraditables" quieren obtener tratamiento politico como el de la guerrilla y eliminar la extradición. Para esto confian en que, al estirar al máximo la interpretación y la aplicación de las normas vigentes, se desemboque en un terreno ambiguo, en donde las categorias de delito común y de delito politico se entrelacen. Paralelamente, y a la luz de algunos precedentes jurídicos, los extraditables buscan hacer aplicables a su situación las normas internacionales que rigen los conflictos internos ocasionados por movimientos subversivos. Esto equivaldría a que también a ellos se les dé el estatus de "beligerantes", que es la base de cualquier tratamiento político.
b) Por su parte, los Notables están dispuestos a agotar las posibilidades que el marco jurídico actual ofrece, sin pasar la barrera de hablar concretamente sobre la extradición o sobre el tratamiento político, que, según ellos, son asuntos de la competencia del Gobierno.
c) Por otro lado, a pesar de que el presidente Gaviria se muestre favorable a la aplicación de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, como lo manifestó en su discurso, los articulos I y II del Protocolo II de 1977, que define el campo de aplicación de sus normas, es lo suficientemente amplio para no hacerlo aplicable al caso de los extraditables pero sí al de la guerrilla. Las frases claves de este documento, a las cuales se acoge Gaviria son: El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados." El Gobierno considera que existen razones morales, de Estado y de politica internacional, que hacen inadmisible contemplar la posibilidad de dar al narcoterrorismo un tratamiento político.
Todo esto, que de por si era bastante complicado, lo es aún más si se tiene encuenta la reciente reivindicación por parte de los "Extraditables" del secuestro de los siete periodistas, que puede ser considerado un abierto desafío al Gobierno, pues hace inaplicables los decretos que tendían a crear una plataforma favorable para la rendición.
Todo esto desemboca en un círculo vicioso, que es el mismo que ha venido viviendo el país en los últimos siete años: ha sido imposible conciliar los intereses de los captores, los gestos humanitarios de los mediadores y las posibilidades del Gobierno. Por esto, a pesar de tanto ir y venir de cartas, la solución a estos problemas no parece estar muy cercana.