Sin dolientes

Hace menos de un mes el Hospital Universitario de Cartagena cerró. No puede "desarrollar su labor de una manera adecuada y digna", dice la resolución de la Superintendencia de Salud que decretó su muerte. Y no era para menos. No había drogas para atender a los pacientes, sus 300 camas estaban en franco deterioro y cada día crecían las deudas con trabajadores y proveedores.

Irónicamente, en menos de una semana por lo menos 90.000 millones en regalías para la salud del departamento de Bolívar han quedado en el aire y enredados en acusaciones de corrupción. Se trata de dos licitaciones por más de 500.000 millones de pesos para adjudicar el juego del chance, por cinco años, y la Licorera departamental, por 20.

La licitación del chance tuvo un primer intento de adjudicación el año pasado. Pero al momento de la convocatoria los directivos de Inverapuestas, el concesionario más grande de este negocio en el departamento, acusaron al gobernador, Luis Daniel Vargas, y al gerente de la lotería, Luis Salamanca, de pedirles 3.000 millones de pesos para renovar su contrato. Estas denuncias están siendo investigadas por la Fiscalía. El proceso terminó suspendido luego de que el procurador general, Edgardo Maya, basado en un concepto de la Supersalud, asegurara que el estudio de mercado usado para definir el valor de la licitación no era confiable.

Sorprendentemente para la segunda convocatoria, que se cerraba hace un par de semanas, la Lotería de Bolívar utilizó el mismo estudio cuestionado. Como era de esperarse, nuevamente el Procurador pidió que se suspendiera la licitación. Al respecto Wilson Peinado, gerente ad hoc de la Lotería para esta licitación, explica que "a mí nadie me dijo de las dudas que había sobre el estudio. Me enteré a los pocos días de la convocatoria".

Por otra parte, resulta por lo menos curioso que para la elaboración del estudio cuestionado la Lotería haya contratado al consorcio Controltech -compuesto por Videocom y Unión del Bosque-, cuyo objeto principal es el avalúo y venta de finca raíz y no la realización de estudios de mercado. Su representante legal, el economista Eduardo Pardo, dice que legalmente no hay ninguna inhabilidad pues él como socio posee la experiencia y por lo tanto ésta se extiende al consorcio. A las críticas de su trabajo dice: "No hice un estudio de mercadeo, lo que hice fue un estudio económico".

Adicionalmente la Lotería decidió aplicar el estudio para unificar en un solo contrato las siete zonas actuales en que está repartido el negocio. Pardo dice que la lotería le pidió proyectar esta posibilidad pero que siempre aclaró que "era una opción que debía ser objeto de un análisis más profundo". La preocupación es que esa unificación se haya hecho para favorecer intereses particulares.

El debate enfrenta a los operadores más grandes del departamento, de quienes se dice tienen un pacto de territorialidad hoy en riesgo. Enilce de Jesús López, propietaria del segundo en tamaño, Apuestas El Gato, asegura que el proceso ha sido transparente. Acusa a Inverapuestas, que puso varias tutelas para detener la licitación, de "torpedear el proceso" por temor a que su empresa se quede con todo el negocio, como sucede en los departamentos de Sucre, Magdalena y Atlántico. Por su parte Jesús María Villalobos, conocido como el 'Perro' y mayor accionista de Inverapuestas, alega que esta no ha sido una licitación limpia y que desde el principio ha sido amañada para sacarlos a ellos del negocio. Además dice que por las dificultades de comunicación, resultado de la geografía del departamento, no es posible que exista un único operador.

Del embrollo del chance mientras se hace un nuevo estudio y se convoca a otra licitación los únicos que ganan son los actuales operadores, que mientras tanto seguirán pagando de regalías una suma mínima frente a lo que se cree son sus ingresos reales (ver gráfica)

De tumbo en tumbo

Si hoy la situación de la concesión del chance es incierta la de la Licorera lo es aún más. Durante años esta entidad ha sido manejada con gran desorden. Su déficit supera los 20.000 millones de pesos y la concesión de la producción y comercialización del afamado licor Tres Esquinas no alcanza siquiera a cubrir la mitad de sus gastos mensuales. Mucho menos le alcanza para los aportes que debería hacer a la salud del departamento.

Los últimos ocho años la concesión estuvo en manos del consorcio SM S.A., que pagaba la cifra, considerada muy baja dada la popularidad de producto en todo el país, de 150 millones de pesos mensuales. Este contrato no tuvo una interventoría que pudiera certificar y vigilar la producción real del licor. A finales de 2000 y después de incumplir con los pagos, la Licorera declaró la caducidad del contrato pero por la falta de soportes contables aún no se ha legalizado su liquidación.

Pero en la convocatoria hecha se subió la exigencia de pagos de regalías a sólo 200 millones de pesos mensuales, cifra que tampoco alcanza para pagar siquiera las deudas, la nómina y los pensionados y que generaría un mayor déficit al que hay si se tiene en cuenta que la concesión es para 20 años. Pero se declaró desierta pues la única firma que se presentó no cumplía con los requisitos.

El gerente de la Licorera, Simón Villalba, asegura que esta cifra es lo máximo que ofrecen por la empresa pues hoy la producción del licor es de menos de 4.000 cajas al mes. Cifra sobre la que existen muchas dudas si se tiene en cuenta que este producto es uno de los que más se consume en el país.

El bajo valor de las regalías por pagar hace que resulte difícil de explicar que no haya proponentes. Esta circunstancia abre dos posibilidades: que se contrate directamente, lo que produciría suspicacias, o que se vuelva a abrir una licitación en las mismas condiciones, lo que tampoco resulta muy lógico. En todo caso lo mínimo que esperan los habitantes del departamento es que se proyecte mejor el negocio para que sirva no sólo para cubrir sus deudas sino también para aportar a la salud del departamento.

Tanto la del chance como la de la Licorera son decisiones trascendentales para un departamento que tiene 65 por ciento de su población con sus necesidades básicas insatisfechas. De la transparencia con que actúen los responsables de adjudicar estas concesiones, libres de presiones particulares, dependerá que no se cierren más hospitales en Bolívar.