SIN EL PAN Y SIN EL QUESO

Para el controvertido empresario César Villegas, detenido desde hace siete meses por su vinculación con el proceso 8.000, el año nuevo comenzó con pie derecho. La Fiscalía General de la Nación lo había premiado con la casa por cárcel después de evaluar su colaboración dentro del proceso. Sólo hacía falta que un juez sin rostro avalara el acuerdo de beneficios que pretendía otorgarle el ente acusador. Una vez que se pronunciara el juez, Villegas retornaría a su casa a la espera de que finalizara su proceso.Pero muy pronto las cosas comenzaron a complicarse. Las dos personas que Villegas había comprometido seriamente ante la Fiscalía salieron al contraataque. El embajador en Grecia, Juan Fernando Cristo, señaló que las acusaciones de Villegas carecían de pruebas que demostraran que él había recibido dineros de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez en 1991 para la campaña samperista al Congreso. Por su parte, el ex senador José Guerra de la Espriella indicó que tenía cómo demostrar que los 20 millones de pesos girados a su nombre provenían directamente de ayudas por parte del Grupo Santo Domingo y no del cartel de Cali. Pero en medio de la controversia la Fiscalía se mantuvo firme en la decisión de otorgarle los beneficios a Villegas. Por esa razón el acuerdo fue enviado a la justicia regional con el fin de que ésta hiciera un pronunciamiento sobre su legalidad. Mientras Villegas esperaba la decisión final sobre si la justicia avalaba los beneficios concedidos por la Fiscalía, esperaba también el pronunciamiento de un juez sin rostro sobre la legalidad de su detención. Cuando el empresario fue capturado el 19 de julio de 1996 bajo los cargos de enriquecimiento ilícito y testaferrato, la Fiscalía había fundamentado esa decisión en el hallazgo de siete cheques del cartel de Cali girados a las cuentas personales y empresariales de Villegas. En ese entonces la defensa de Villegas argumentó que la detención había sido ilegal puesto que en las indagatorias previas a su retención la Fiscalía no lo había interrogado sobre esos documentos, con lo que violó sus derechos procesales. Por esa razón la defensa solicitó que se revocara la medida de aseguramiento. Esa petición fue enviada a un juez sin rostro que comenzó a estudiar la solicitud. Si el juez fallaba a favor de Villegas, de inmediato la Fiscalía tenía que dejarlo en libertad. Para finales de enero, lo único claro que había era que el empresario estaba muy cerca de obtener el beneficio de la casa por cárcel. Pero todo se derrumbó como un castillo de naipes. El lunes 27 de enero el Tribunal Nacional destituyó de manera fulminante al juez sin rostro que estudiaba el control de legalidad. El máximo Tribunal basó su decisión en un informe que revelaba que el juez había sido sobornado para que fallara a favor de Villegas. Las consecuencias de esa decisión no se hicieron esperar. Por un lado su abogado, Guillermo Puyana, renunció de inmediato al caso a pesar de la explicación que le dio Villegas en el sentido de que "todo era un montaje". Por otro lado, la Fiscalía ordenó una investigación preliminar para establecer si hubo soborno o si se trató de un montaje. Y lo que había empezado como una investigación preliminar pasó a una investigación formal, pues en el proceso ya hay dos personas detenidas. Atando cabosLa fiscalía regional comisionó a varios de sus mejores investigadores para aclarar lo ocurrido. De acuerdo con las pruebas recopiladas, se estableció que varias personas desconocidas visitaron a mediados de diciembre las dependencias de los jueces sin rostro con el fin de conocer la identidad del juez que tenía a su cargo el proceso de control de legalidad sobre la detención de Villegas. Durante varios dias estuvieron indagando, y descubrieron que el juez que tenía el caso era un hombre de una reconocida trayectoria, con una hoja de vida intachable, de muy difícil acceso e insobornable. No obstante, persistieron en su idea. Con base en la información obtenida, los dos hombres descubrieron que el juez estaba a punto de iniciar sus vacaciones de fin de año. Entonces se dieron a la tarea de establecer la identidad del juez que lo iba a reemplazar. Se trataba de Hernando Leyva, quien hasta ese momento era auxiliar de confianza de la Presidencia del Tribunal Nacional. Para tener acceso a Leyva iniciaron gestiones a través de un funcionario de la Corporación que ellos conocían de tiempo atrás. Se trataba del ex juez regional Luis Eduardo Ayala Cerón, quien había protagonizado un escándalo en un proceso que se adelantaba contra el presunto narcotraficante del norte del Valle, Iván Urdinola. De acuerdo con las primeras pesquisas, Ayala logró abordar al secretario personal del juzgado donde se adelantaba el proceso de control de legalidad. Pero sus gestiones fracasaron, pues según los testigos, el secretario no aceptó ninguna de las propuestas hechas por el ex juez. Entonces decidieron que la única salida que tenían era la de contactar directamente al juez Leyva.Fue así como a comienzos de enero Leyva y Ayala acordaron una cita en un restaurante del centro de Bogotá. De acuerdo con la investigación, Ayala fue al grano y le dijo que había 200 millones de pesos si el control de legalidad favorecía a Villegas. La presidencia del alto Tribunal conoció en detalle los pormenores de este ofrecimiento y después de analizar la información recibida decidió destituir de manera fulminante al juez Leyva. Pero la investigación no paró ahí. Unos días después varios testigos manifestaron bajo la gravedad de juramento que César Villegas estaba detrás de toda esta operación. Que una persona de su entera confianza había contactado al ex juez Ayala para que sobornara al juez sin rostro que tenía el proceso de control de legalidad. El actual abogado de Villegas, Fernando Tribín, desmintió la acusación y señaló que todo esto no era más que un vil montaje para perjudicar a su defendido.Lo cierto del caso es que Villegas se quedó sin el pan y sin el queso. Un juez sin rostro echó a pique el beneficio de casa por cárcel que le había otorgado la Fiscalía, y los investigadores están en la tarea de establecer si tuvo alguna participación en el soborno al juez que tenía a su cargo el caso de control de la legalidad. Si se llega a probar algún vínculo, el empresario podría terminar en La Modelo o en La Picota. Todo dependerá de lo que digan Eduardo Ayala y Hernando Leyva, quienes fueron capturados por el Cuerpo Técnico de la Fiscalía y el viernes pasado rindieron su primera indagatoria. Al caso le queda todavía mucha madeja por desenrollar. nn Si el juez fallaba a favor de Villegas la Fiscalía tenía que dejarlo en libertadn 200 millones de pesos le ofrecieron al juez para que cambiara el fallo