¿Sindicalistas o guerrilleros?

El jueves pasado en la tarde una patrulla del Batallón Revéiz Pizarro, perteneciente a la Brigada XIII con sede en Arauca, reportó un combate con un grupo del ELN en la vereda de Caño Seco, cerca de Saravena. Según el Ejército, encontraron a un grupo de guerrilleros reunidos en una casa, y estos, al verse descubiertos, dispararon con dos pistolas contra la tropa. El saldo final del combate fue la muerte de tres insurgentes y la detención de dos.

Los guerrilleros muertos resultaron ser reconocidos dirigentes sindicales de Arauca. Leonel Goyeneche, maestro y tesorero de la CUT en Arauca; Jorge Eduardo Prieto, presidente del sindicato de los hospitales en ese departamento, y Héctor Alirio Martínez, dirigente campesino. Los dos detenidos también son importantes líderes de la región: Samuel Moreno, presidente de la CUT en Arauca, y Raquel Castro, dirigente del sindicato de educadores.

El informe del Ejército fue respaldado por el ministro de Defensa, Jorge Uribe, quien justificó la acción porque "estaban armados y tenían orden de captura". Efectivamente, todos ellos tenían orden de captura proferida por la Fiscalía de Arauca desde agosto del año pasado, por el delito de rebelión.

El vicepresidente Francisco Santos, quien tiene a su cargo la oficina de derechos humanos de la Presidencia, dijo que "efectivamente se trataba de dirigentes sindicales, pero también estaban metidos, según los informes de inteligencia, en actividades que no estaban relacionadas con su trabajo".

De la versión oficial surge un interrogante. ¿Por qué estos hombres se habrán enfrentado a todo un grupo mecanizado del Ejército con apenas dos pistolas?

De inmediato las organizaciones de derechos humanos salieron a desmentir la versión gubernamental y aseguraron que tanto los sindicalistas muertos como los detenidos eran respetados líderes sociales de la región que habían sido objeto de constante persecución del Estado.

Gloria Flórez, directora de la ONG Minga, afirmó que según versiones de testigos, los sindicalistas fueron sacados de una vivienda y asesinados. Si eso fuera así, ¿por qué habrían dejado los soldados a dos sobrevivientes que de hecho son testigos de las muertes de sus compañeros?

Lo que resulta contradictorio es que por lo menos dos de los sindicalistas muertos no sólo tenían orden de captura sino que contaban con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que la OEA había instado al gobierno colombiano a proteger sus vidas desde el año 2002. En consecuencia, sus muertes van a merecer una investigación en la que tendrán los ojos puestos todos los organismos internacionales.

La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia pidió que se realice una investigación "imparcial, rápida y efectiva". El defensor del Pueblo, Volmar Pérez, pidió que se cree una comisión interinstitucional que investigue realmente qué fue lo que ocurrió el jueves pasado en Caño Seco. Por ahora la Fiscalía tiene el caso en sus manos y será la que finalmente responda los múltiples interrogantes que deja este episodio.