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| 5/19/1997 12:00:00 AM

SOLDADO AVISADO

Claudia Blum abre el debate sobre la financiación de las campañas. El problema es más difícil de solucionar de lo que parece.

SOLDADO AVISADO, Sección Nación, edición 781, May 19 1997 SOLDADO AVISADO
Si hay algo en lo que están de acuerdo casi todos los colombianos es que la actual crisis política es la más grave de este siglo. La entrada de millones de dólares del cartel de Cali a la pasada campaña liberal tuvo un costo institucional incalculable. La política está tan desprestigiada que hoy la opinión pública está dispuesta a elegir como próximo presidente a cualquier persona con la única condición de que se parezca a todo menos a un político. El que semejante crisis haya sido producto de la entrada de dineros calientes a una campaña política ha motivado a expertos, representantes de la sociedad civil y figuras políticas a proponer un cambio en las reglas de juego sobre financiación de campañas. Aunque se puede estar en desacuerdo sobre la interpretación de los hechos en la campaña pasada, lo que nadie discute es que hay que evitar a toda costa que la historia se repita.La senadora Claudia Blum ha puesto el tema sobre el tapete y acaba de presentar un proyecto de ley para reglamentar la financiación de las campañas electorales. El debate de este proyecto promete ser uno de los más agitados en la actual legislatura y de cómo sea redactado puede depender la victoria o la derrota de varios de los candidatos presidenciales.
Que propone el proyecto
A diferencia de lo que han pedido con insistencia muchos dirigentes políticos, la senadora propone que las campañas presidenciales no sean financiadas totalmente por el Estado. Argumenta que la financiación estatal no es garantía de pureza democrática ya que en España, Japón, Bélgica e Italia, donde ésta corre por cuenta del Estado, ha habido toda clase de escándalos de corrupción. Tanto es así que en 1993 los italianos votaron masivamente un referéndum para acabar la financiación estatal como un rechazo a la corrupta clase política italiana que se perpetuaba en el poder con el dinero de los contribuyentes.Al respecto, la mayoría de los expertos coincide en que la tendencia mundial es a abandonar la financiación estatal ya que se está imponiendo la idea de que ésta puede ser útil para suplir la desigualdad entre candidatos ricos y pobres, pero no para evitar la corrupción. Aseguran que el Estado puede financiar y controlar los gastos directos de campaña pero nunca los indirectos: desde regalar un computador hasta subfacturar un servicio otorgar un crédito sin las garantías suficientes, hay mil formas en que los interesados pueden hacerle favores a un candidato y después cobrarlos cuando salga elegido. Por ejemplo, en Estados Unidos las compañías tabacaleras pagan avisos en prensa atacando a los candidatos demócratas porque en su mayoría están a favor de restringir la venta de cigarrillos. Aunque técnicamente no están haciendo contribuciones políticas, para efectos prácticos es como si estuvieran financiando las campañas de sus contrincantes republicanos. Uno de los problemas es determinar a quién le corresponde financiación estatal. Si es conveniente para presidentes, ¿por qué no va a serlo para alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y congresistas? Obviamente el costo de financiar todas esas campañas sería astronómico. Ningún presupuesto alcanzaría. Además, si se acepta que debe limitarse a las elecciones presidenciales, queda el problema de a quién se le reconoce. Como los partidos están siendo reemplazados por numerosos movimientos es difícil determinar a quién se le otorga y a quién se le niega. En la actualidad ya hay sobre el tapete alrededor de 10 precandidatos. Con financiación estatal serían todavía más los que se lanzarían por darse un pantallazo gratis. Es por estas razones que el proyecto que presentó la senadora Blum propone en cambio un sistema mixto, parecido en líneas generales al que se aplicó en la campaña pasada. Se trata de una reposición en pesos por cada voto obtenido después de la elección. El resto se financia privadamente. Sin embargo la reposición del Estado solo se hará si esos dineros efectivamente se gastaron en la campaña. En otras palabras, todo el mundo va a gastar el tope. Si por ejemplo Antanas Mockus se gastara solo 50 millones, aunque sacara seis millones de votos solo recibiría los 50 gastados.El proyecto también propone límites en los gastos de la campaña presidencial de aproximadamente 13.000 millones de pesos a precios del 98. Establece que, para frenar la influencia de los grupos económicos, "las contribuciones de las personas naturales y jurídicas de cada campaña electoral no podrán sobrepasar en forma individual el 5 por ciento de la suma autorizada", o sea en este caso 691 millones de pesos. No especifica, sin embargo, ninguna restricción para que empresas de un mismo dueño o controladas por la misma persona hagan contribuciones. Por lo tanto, si una persona es dueña de 10 empresas, cada una podrá aportar 600 millones. Hasta ahí el proyecto es parecido a la legislación vigente. Donde trata de innovar es en las sanciones para quienes violen lo dispuesto en la ley, que van desde multas hasta la cancelación definitiva de la personería jurídica. Establece que el candidato debe presidir un comité financiero en el cual se llevarán actas registradas, y que la presentación de cuentas será una obligación del candidato y del gerente. Según la exposición de motivos, el proyecto también "habilita a cualquier persona para que acuda ante las autoridades jurisdiccionales respectivas, con el objeto de solicitar la nulidad de la credencial del candidato elegido". En otras palabras, en caso de un presidente elegido, podrá ser acusado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por faltas penales o ante el Consejo de Estado por faltas administrativas.
¿Es suficiente?
SEMANA consultó a un experto en el tema, el profesor Larry Sabato, director del Departamento de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Virginia (Estados Unidos), quien lidera un proyecto de investigación sobre reforma de legislación de campañas en ese país.Para Sabato la mayoría de los estudios realizados por académicos de diferentes partes del mundo muestran que "los dineros que sobrepasan los límites impuestos por ley siempre encuentran una forma disfrazada de llegar a la campaña". Sabato agrega que "los políticos son maestros en el arte de inventarse trucos para recibir aportes. El dinero siempre encuentra la manera de llegar, por encima o por debajo de la mesa".Lo que propone Sabato es lo que llama un esquema de transparencia: que en plata blanca significa un marco legal que obligue a los políticos a dar a conocer públicamente, incluyendo a los medios de comunicación, todos los detalles de quién y cómo se financió la campaña, junto con sanciones drásticas de cárcel para el candidato que oculte datos o mienta. "Se engañan quienes creen que una ley puede evitar que quienes estén interesados en contribuir lo hagan. Lo que es grave es que el público no se entere. Claro que si los dineros son ilegales, el candidato debe ir es a la cárcel".Sin embargo, frente a este tipo de propuestas, la senadora Claudia Blum responde: "Lo que no podría establecerse es algún delito que diga, por ejemplo, que un candidato irá a la cárcel por el hecho objetivo de que su campaña hubiera permitido financiación ilícita, pues hasta en este caso la justicia debe asegurar que el candidato hubiera actuado con culpa grave o dolo en esa irregularidad, esto es, debe determinar su responsabilidad penal individual".El debate apenas comienza. Sin embargo, desde ahora se pueden adelantar dos conclusiones: la primera es que la financiación estatal, además de costosa no soluciona el problema de la corrupción. La segunda es que más útil que las normas en estos casos puede ser la presión de la opinión pública sobre los posibles candidatos.

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