Soldados del caso de violación de niña embera dicen que los obligaron a mentir

Uno de los casos que más ha generado conmoción en el país ha sido la violación de una menor de edad perteneciente a la comunidad Embera Chami en Pueblo Rico (Risaralda) por parte de siete uniformados del Ejército Nacional el pasado 21 de junio. Este miércoles se llevó a cabo el juicio disciplinario ante el procurador Hernán Rincón Cuellar.

La Procuraduría adelantó la audiencia contra los soldados regulares y señalados de haber sido los responsable de este crimen contra la niña. Se trata de Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangaret Hernández.

En la diligencia, los uniformados aceptaron que mintieron ante la Fiscalía por orden de un superior. El primero en confesarlo fue el uniformado Santiago Bedoya, quien señaló que, al día siguiente de ocurridos los hechos, la orden fue decir que estaban alrededor del colegio y que se movían constantemente, cuando en realidad llevaban 10 días acampando y dentro del colegio, donde al parecer, estuvo retenida la menor.

“No dije toda la verdad (…) Estaba al mando de mi sargento viceprimero Díaz. Mi primero nos dijo que debíamos decir que nos movíamos todos los días”, aseguró el soldado Bedoya.

Dijo que inicialmente tres de los uniformados negaron su responsabilidad en los hechos y luego dos de ellos, Juan Camilo Morales Poveda y Yair Stiven González, reconocieron que sí lo hicieron.

El procurador del caso le advirtió que tenía que decir la verdad y que en el proceso había información de que soldados que participaron en la violación llamaron a otros uniformados para participar en el ataque a la menor.

La versión de Bedoya fue ratificada por el soldado Víctor Manuel González, quien también aseguró que un sargento le ordenó decir lo mismo con respecto a su estadía en el colegio. “A nosotros nos formaron y nos dijeron exactamente qué decir. Nos dijeron ‘si a ustedes les preguntan, ustedes estaban a las afueras del colegio’”, reveló el uniformado.

Por su parte, Iván Herrera, otro de los soldados involucrados en el caso, señaló que, por el contrario, él no mintió en la investigación de la Fiscalía. “Yo no le seguí los pasos a mi sargento Díaz”, expresó, tras añadir que la orden vino del sargento Díaz, del cabo tercero Muñoz y del cabo Hernández.

En ese sentido, agregó que, “ellos no quería que nadie se enterara que estuvimos en un colegio”. Además, contó que cuando los familiares llegaron al sitio de los hechos luego de percatarse de la situación cuando la menor les contó todo lo que había sucedido, el superior dio la orden de “formar y recoger todo”.

Por último, el soldado Juan Sebastián Imbachí Girón, otro de los testigos señaló que antes de las declaraciones a la Fiscalía sus superiores les dijeron que “había ciertas cosas” de las que no podían hablar.

Sobre el caso del soldado Luis Fernando Mangaret Hernández, la Procuraduría señala que aunque no ejecutó actos de violación sexual contra la niña, todo indica que sí ayudó a la realización de estas conductas cuando tenía el deber de defenderla de cualquier agresión, por ser sujeto de especial protección. Y por ello será procesado disciplinariamente.

Frente al caso, la tesis de la Procuraduría y que hace aún más delicado el tema es que la menor no tenía participación en el conflicto armado interno, por lo tanto, “debió ser considerada una civil y persona protegida a la luz del Derecho Internacional Humanitario, y al presuntamente ser accedida carnalmente de manera repetida por los soldados, se configuró una grave violación al DIH”.

Para el Ministerio Público, son responsables de vulnerar los principios de la función administrativa, particularmente la buena fe, moralidad, responsabilidad y transparencia, afectando el deber funcional que está atribuido a la Fuerza Pública.