Soldados, no guaqueros

Q uedó claro para todas las Fuerzas Militares: el botín de guerra no existe. Ese es el mensaje que deja la sentencia del teniente Carlos Eduardo Rayón, juez penal militar encargado de enjuiciar a las compañías Buitre y Demoledor, del batallón de contraguerrilla 50. En abril de 2003, estos militares se apropiaron de una caleta con 40.000 millones (entre pesos y dólares) que encontraron en las selvas del coreguaje, cerca de San Vicente del Caguán, en medio de operaciones militares contra las Farc. Adicionalmente, los militares hicieron un pacto de silencio. Sabían muy bien que estaban infringiendo la ley y la disciplina militar.

El folclor que ha rodeado el episodio de la guaca lo ha hecho parecer como una travesura. La imagen de unos humildes soldados que sufrían enormes penurias en el campo de batalla y de repente se encuentran con un tesoro cuya riqueza los enloquece, es un buen argumento para libros y películas -que están estrenando-, y hasta motivo de chiste. Pero para la justicia militar, con toda razón, este es un delito grave. Si el juez hubiese declarado la inocencia de los soldados, en la práctica habria admitido el botín de guerra. Una figura que pertenece más a los piratas del Caribe que a los ejércitos modernos.

El juez consideró que los militares cometieron un peculado por apropiación, pues su obligación era custodiar el dinero hallado y entregarlo a las autoridades. Argumento que no comparten la sección jurídica del Ministerio de Defensa ni los abogados de los soldados. Ambos consideran que no hay peculado porque el dinero "no tiene dueño". Si esta visión hubiese prosperado, se habría abierto un boquete difícil de cerrar. Muchos militares y policías podrían apropiarse de los bienes que se encuentren en medio de operaciones, argumentando una racha de buena suerte.

De los militares condenados, apenas 56 están en la cárcel. Los 92 restantes son reos ausentes. Quienes admitieron su culpa y devolvieron dinero recibieron condenas de tres años. Los que insistieron hasta el final en su inocencia, recibirán hasta siete años de cárcel. Los 12 suboficiales estarán nueve años en prisión. La pena es más dura para quienes tenían mando sobre la tropa: los tenientes prófugos Jorge Sanabria y Fernando Mojica, que recibieron una pena de 10 años. El subteniente Mauricio Roa recibió una condena de cuatro años, pues aunque está escondido, confesó su culpa a través de un video y devolvió 574 millones.

¿Son demasiado duras estas condenas? Depende. En medio de su desprestigio, la justicia penal militar envía el mensaje de que no es laxa. Sin embargo, también queda la sensación de que justamente ha sido draconiana en un caso en el que los implicados son soldados y oficiales de muy bajo rango. El eslabón más débil de la cadena.

A pesar de que la culpabilidad de los soldados es clara, pensar que deben pasar en la cárcel más de cinco años sí parece exagerado. A los jefes paramilitares que se desmovilizaron los esperan penas irrisorias para castigar las peores masacres cometidas. Y Fernando Garavito, el peor asesino en serie de Colombia, que confesó el asesinato de 150 niños, podría salir libre muy pronto por el simple mecanismo de rebaja de penas. Resulta desproporcionado que un soldado, por muy culpable que sea, pase ocho años en la cárcel por apropiarse de un dinero enterrado en el corazón de la selva, mientras un sanguinario asesino termina purgando el mismo tiempo tras las rejas. El grave problema con los laxos códigos penales y el proceso de negociación con los grupos armados es que está construyendo estas injustas paradojas.

Adicionalmente, los propios soldados han denunciado que fueron "tentados" por altos mandos a volver a la zona a buscar nuevas caletas, bajo la promesa de que así eludirían el castigo. Denuncia que deberá investigar la justicia militar y que, si hay mérito, debería también tener un epílogo ejemplarizante.