SONGO LE DIO A BORONDONGO...

UNA CANCION QUE LA CUBANA CELIA CRUZ puso de moda hace ya varios años en toda el área del Caribe, ha recuperado inusitada vigencia en Colombia en los últimos meses. Se trata de aquella en la cual "Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dió a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga...", y así sucesivamente. Pero no se trata de una nueva versión de la melodía, sino ni más ni menos que de una de las mayores confrontaciones en todo caso la más confusa entre las principales instituciones de los tres poderes en la historia de Colombia.
Como si en lo único en que todos se hubieran puesto de acuerdo en este primer semestre del año hubiera sido en pelearse, uno tras otro los voceros del Gobierno, el Congreso, la Corte Suprema, la Corte Constituaonal, el Consejo de Estado, la Veeduría, la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo Superior de la Judicatura, se han trenzado en agudas polémicas sobre una media docena de enredados asuntos de interpretación jurídica.
Pero más que los enfrentamientos en sí, lo que ha sorprendido a la opinión ha sido el nivel de acidez de algunos de los argumentos esbozados, en un cruce abierto de declaraciones, cartas y comunicados en los que difícilmente el lenguaje oficial ha sido capaz de ocultar la salida de casillas de más de uno de los implicados.
Y aún más. A los duros calificativos, a los juicios severos y a las cartas emplazatorias, los han seguido las solicitudes de investigación y una que otra denuncia penal. Para los colombianos de a pie, que poco o nada entienden de conflictos de competencia o diferencias de interpretación constitucional o legal, lo único evidente pero igualmente incomprensible es que en momentos en que la sociedad colombiana sigue viéndose obligada a enfrentar a los más feroces enemigos de las llamadas instituciones éstas se dediquen a enlodarse mutuamente.

LA TUTELA DE MARRAS
Los primeros golpes se escucharon en el tinglado de las instituciones al comenzar el año, cuando se agrió un debate entre la Corte Constitucional, hija predilecta de la nueva Constitución, y los dos tribunales que habían tenido en sus manos el monopolio de la rama judicial durante más de un siglo: la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Para comprender el origen de esta confrontación hay que empezar por decir que con la aprobación de la nueva Constitución, la Corte Suprema perdió la función de resolver sobre los conflictos de constitucionalidad, y ésta quedó en cabeza de la recién creada Corte Constitucional.
En dicha facultad había radicado durante décadas la esencia del poder de la Corte Suprema. Pero aparte de ello, tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado habían sido la última y definitiva instancia de los procesos penales, civiles, laborales y administrativos, y contra sus decisiones no procedía ningún recurso.
Y según ambas instituciones, así debe seguir siendo bajo la nueva Carta. Pero la Corte Constitucional piensa distinto. Cree en cambio que cuando una sentencia de cualquiera de estos tribunales viola derechos fundamentales consagrados en la nueva Constitución, la tutela procede contra dichas sentencias, en algo que, aunque parece lógico, pone a bailar en la cuerda floja el sagradísimo principio de la cosa Juzgada.

El asunto, que está lejos de resolverse, se ha visto caracterizado por verdaderas pasadas de pelota en que la Corte Suprema y la Constitucional se han remitido mutuamente recursos, expedientes, fallos y apelaciones, con la consecuente inestabilidad que esto genera entre los implicados en dichos casos o en otros similares, debido a que ya nadie sabe a qué atenerse. Hará falta que se tomen muchas decisiones y que con ello se vaya consolidando una jurisprudencia que sirva de cimiento a las futuras decisiones. antes de que las reglas se aclaren. Pero por lo pronto, la cosa está que arde.

AUXILIOS, SOCORRO!
Pero la pelea de las Cortes parece una modesta disputa matrimonial, al lado del verdadero zafarrancho en que ha degenerado el debate sobre los auxilios o donaciones hechos por el Estado en favor de particulares. Nadie discute que los auxilios quedaron definitivamente prohibidos por la nueva Constitución.
La discusión se ha centrado más bien en que el artículo 355 de la Carta, que consagró dicha prohibición, habla de que no se podrá "decretar auxilios o donaciones", con lo cual queda abierta la duda sobre lo que se debe hacer con los auxilios decretados antes de que entrara en vigencia la nueva Constitución, el 4 de julio del año pasado.
Según el veedor del Tesoro Jorge García, una especie de Savonarola criollo que ha batido varias marcas en dar entrevistas y ruedas de prensa y en escribir cartas a los más altos funcionarios, los auxilios decretados antes del 4 de julio no se pueden pagar. Según el Gobierno, representado por los ministros de Gobierno Humberto de la Calle, de Hacienda Rudolf Hommes y de Educación Carlos Holmes Trujillo, principales involucrados en el debate, estos pagos eran válidos si se cumplía un trámite que en su momento previó una subcomislón de la constituyente, cuando se planteó la duda respectiva.
El procurador General, Carlos Gustavo Arrieta, quien en virtud del mecanismo acordado en la Constituyente convalidó buena parte de estos pagos, se ha declarado más bien de acuerdo con el Gobierno, lo cual parece haberle convertido en el blanco favorito de la ira santa del veedor García.
Pero el Veedor ha hecho más que escribir cartas y ofrecer encendidas declaraciones. En marzo pasado dictó una resolución congelando el giro de unos dineros con destino a financiar becas del Icetex. Creía con ello estar cumpliendo con el artículo transitorio 34 de la nueva Carta, que creó su cargo, para "impedir de oficio, o a petición de parte, el uso de recursos originalmente provenientes del tesoro público, o del exterior" en campañas electorales.
Sin embargo, aparte del Gobierno y del Procurador, otras instancias han manifestado su desacuerdo con las medidas tomadas por el Veedor. En efecto, la resolución que congeló el pago de las becas fue demandada ante el Consejo de Estado, y la Sala de lo Contencioso Administrativo decretó su suspensión provisional, al admitir una demanda en la que se acusa al Veedor de haberse extralimitado en sus funciones y de estar usurpando competencias.
Pero además de la decisión del Consejo de Estado, el Veedor ha pasado de acusador a acusado en virtud de una solicitud que el contralor General Manuel Francisco Becerra, hiciera al procurador Arrieta para que lo investigue por haber "extralimitado sus funciones, causando graves perjuicios a entidades que prestan servicios públicos fundamentales como la salud y la educación".
El Procurador, quien a su vez ha sido acusado por el Veedor, consideró que por ese motivo, para realizar esa investigación el Congreso debe "nombrar un Procurador ad hoc, y así se lo solicitó al Senado. Adicionalmente, la Procuraduría solicitó al fiscal General, Gustavo de Greiff, que conceptúe si hay méritos para investigar penalmente al Veedor, una vez más por extralimitación de funciones.
La respuesta del Veedor a estas acusaciones ha sido la de aparecer como una especie de cruzado, dispuesto a jugarse hasta la vida en el proceso. En un lenguaje cargado de expresiones sobre la moral y la familia, dijo la semana pasada a El Espectador "no tengo miedo" ante las amenazas que dice haber recibido.
Por su parte el Congreso, contra quien el Veedor también ha disparado pesadas cargas de artillería, decidió incluir en el proyecto de ley de reglamento interno de las cámaras que ya pasó a sanción presidencial una cláusula que pretende solucionar el impasse, confirmando la base legal para el pago de los auxilios decretados antes del 4 de julio del 91.
Esta decisión también sacó de quicio al Veedor, quien divulgó hace dos semanas una lista de 120 congresistas que, según él, hicieron un uso indebido de fondos destinados a becas del Icetex.
García ha dicho además que se dispone a demandar la cláusula sobre auxilios incluida en el reglamento, lo que indica que esta dura pelea está lejos aún de llegar a su últlmo asalto.

LOS JABS DEL CONGRESO
Pero los parlamentarios no se han limitado a aprobar la mencionada cláusula.
Algunos de ellos han querido también lanzar al rostro del Veedor algunos jabs de aquellos que hicieran famoso a Mohamed Alí. El martes de la semana pasada, la Cámara se encendió durante más de cuatro horas en ataques contra el Veedor, en una sesión en la cual estuvo a punto de votar una proposición solicitando que García sea destituido por extralimitarse en sus funciones.
En el curso del debate se oyeron contra el Veedor calificativos como él de "Torquemada del siglo XX " y "engendro con cabeza de serpiente, alas de dragón, pies de lagarto y cuerpo de demonio" " y el representante Rafael Serrano Prada aseguró que García debe abandonar el cargo por indigno y calumniador, y para que ha dado muestras de "grave enajenación mental".
Pero aparte de los dientes mostrados al Veedor, el Congreso se encuentra enfrentado al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo de Estado. Al primero le revocó su mandato, al menos en lo concerniente a los siete magistrados de la Sala Disciplinaria, alegando que cuando el Gobierno por única vez designó a los miembros de dicha Sala, lo hizo para un período que está a punto de terminar.
La clave del asunto es que la Sala Disciplinaria es la encargada, en unión de la Administrativa, de nombrar a los jueces, y su composición actual refleja la representación que el liberalismo, el M-19, el Movimiento de Salvación Nacional y el conservatismo tenían en la Asamblea Constituyente. Ahora que en el Congreso, la que fuera fuerza decisoria del M-19 y el MSN en la Constituyente, es claramente minoritaria en las cámaras, es lógico que exista un gran interés en recomponer dicha Sala del Consejo Superior, para que refleje la actual composición del Parlamento.
En cuanto a la confrontación con el Consejo de Estado, este tribunal le criticó severamente al Congreso al igual que al Gobierno, el que busquen "un acuerdo que tiene una incuestionable intención: dejar sin efecto la acción de la justicia frente a asuntos conocidos".
Los "asuntos conocidos" no son otros que la decisión de un juez sin rostro de tipificar como delitos atroces algunos de los cometidos por el M-19 en la toma del Palacio de Justicia, y en virtud de ello dictar auto de detención contra la plana mayor de esa agrupación, que había sido indultada por esos hechos. El comunicado del Consejo de Estado y las declaraciones posteriores del presidente de dicha corporación, Alvaro Lecompte Luna, se caracterizaron por un tono más bien pugnaz, que fué criticado oportunamente por el procurador Arrieta, lo que le valió otra vaciada de Lecompte, quien insinuó que la Procuraduría interfiere la acción de los jueces contra altas personalidades, "bajo la sombra de aparentes visitas rutinarias".
Y para cerrar el círculo, en los últimos días y a raíz de la decisión de la Corte Constitucional de suspender sus términos de hecho su actividad el Consejo Superior de la Judicatura la acusó de "irresponsable".
En resumen, muchas acusaciones, muchos calificativos, mucha colisión de competencias y un panorama ciertamente desolador para las gentes del común, que esperaban que la nueva Constitución trajera orden antes que desorden. Todo esto es sin embargo explicable en un país donde se ha pretendido cambiar tantas cosas en tan poco tiempo.
"Es como un terremoto alque siguen algunos temblores más mientras se vuelven a acomodar las placas tectónicas", dijo la semana pasada un alto funcionario a esta revista. En efecto, unas instituciones han perdido poderes, otras los han ganado, y lo que cada una parece estar intentando es consolidar lo que le corresponde. Pero no por explicable, el asunto deja de inquietar. Hace pocos días el ministro de Gobierno habló con franqueza del tema, en el primer pronunciamiento oficial del Ejecutivo sobre el fuego cruzado de estas confrontaciones.
De la Calle alertó sobre la posibilidad de que el país esté recorriendo el cambio por tortuosos caminos de interpretaciones arbitrarias y de revanchismos personales". Y la preocupación ya se instaló también en la Casa de Nariño, a donde el Presidente de la República invitó para esta semana a los más altos dignatarios de las distintas ramas del poder público. Se trata de una cumbre para, si no resolver todos los conflictos lo cual es imposible por ahora sí al menos bajar el tono de las disputas.
El Gobierno tratará así de apostar a la secreta esperanza de que con el tiempo se ajusten todas las cargas y las nuevas reglas, que la mayoría de los colombianos reconocen como mejores que las anteriores, puedan entrar a operar sin que medie tanto traumatismo. Sólo así se podrá volver a oír en Colombia la canción de Celia Cruz, sin que las distintas instituciones se tengan que sentir aludidas.