Subidos de tono

Aunque falta todo un año para la primera vuelta de la elección presidencial, el debate político está que arde, y se está haciendo en un lenguaje más encendido del que se usa normalmente en Colombia, a donde hasta ahora no había llegado la moda de alusiones personales y críticas directas.

El presidente Uribe tiene mucho que ver, tanto con la anticipación del debate, como con el nuevo estilo que se percibe en la controversia política. El jueves pasado, en un emotivo acto en la Casa de Nariño, donde se rendía memoria a policías muertos, se vino lanza en ristre contra algunos de los que serían sus competidores en la campaña, si la Corte avala la reelección. El discurso, subido de tono, dio pie para que se hablara de que Uribe ha "convertido la Presidencia en un directorio político" y "comenzó su campaña antes de lo que permite la ley". Al final de la semana le llovieron críticas al Presidente por haber descendido del pedestal de jefe de Estado a la arena veintejuliera del proselitismo abierto.

En realidad era el mismo Uribe de siempre. El que ha enfrentado a las Farc como "caterva de bandidos", ha fustigado a las ONG y ha criticado a la ONU. El actual mandatario no se caracteriza por gestos conciliadores sino por actitudes frenteras. Ese discurso les para los pelos a sus contradictores pero alimenta el apasionado apoyo de sus seguidores, para quienes la poco común franqueza presidencial es sinónimo de que hay un gobierno distinto, rompe con el pasado, y se enfrenta a sus símbolos más visibles: los políticos, los medios, los ex presidentes. El viernes pasado, más de un oyente de La W Radio, que abrió el debate sobre la pataleta de Uribe, afirmó que por fin se había sacudido para responder a los críticos.

La polémica intervención tuvo visos de acto electoral. Sin embargo, en los días anteriores se habían presentado ataques a la gestión presidencial que seguramente habrían motivado a cualquiera a defenderse con vehemencia. Desde declaraciones de senadores como Rafael Pardo y Andrés González, que anunciaron su regreso al liberalismo oficialista, pasando por una crítica de la ONU al proyecto de Justicia y Paz, hasta el debate promovido por el representante Gustavo Petro en el Congreso, se sugería a diestra y siniestra que el gobierno Uribe es amigo de los paramilitares o, al menos, excesivamente tolerante con ellos. Todas estas acusaciones volvieron a agotar la paciencia del Presidente, cuya ira fue alimentada también por la versión -que simultáneamente hizo carrera en los últimos días- de que en el próximo debate electoral no habrá garantías para los candidatos que se opongan al continuismo.

Cualquier mandatario, aun sin aspirar a la reelección, rechazaría estos cargos que ponen en tela de juicio nada menos que el carácter democrático del régimen. En el escritorio de Uribe, además, había dos documentos recientes que ayudaron a incentivar su salida de casillas. Uno era la última encuesta Invamer-Gallup, según la cual se está erosionando la imagen de la gestión gubernamental contra los paramilitares y la corrupción. Otro incluía las cifras de las acciones contra las AUC, que habían pasado inadvertidas para los medios y que mostraban que en los últimos tres años han sido dados de baja 1.128 de sus miembros y se han capturado 9.000.

De allí que Uribe se haya decidido por echar mano, otra vez, a una de sus más eficaces cartas: compararse con sus antecesores. "Que reflexionen qué han hecho", los fustigó y volteó la controversia con el argumento de que la campaña de 2002, en la que Uribe fue víctima de varios atentados graves, había peores garantías que ahora. En las 162 elecciones de alcaldes atípicas -es decir, que no coinciden con el día de elecciones generales- han triunfado 41 liberales oficialistas, nueve del Polo Democrático y varios indígenas.

Uribe salió bien librado con su polémico discurso, por más excesivo que haya sido el tono. Recibió más apoyo que críticas, desvió la atención de los incómodos debates en el Congreso sobre paramilitarismo, y sacó de los medios el espinoso tema de su cercanía con el ex senador Alberto Santofimio, a quien la Fiscalía le confirmó el miércoles la orden de captura como sospechoso del asesinato de Luis Carlos Galán.

A la larga, sin embargo, la táctica presidencial puede ser riesgosa. Para empezar, porque se está produciendo una profunda polarización en la opinión pública. Jorge Londoño, presidente de Invamer, en columna publicada en El Tiempo el domingo pasado mostró que frente a los grandes temas nacionales los colombianos tienden a dividirse por mitades. Un escenario que podría volverse complejo para la campaña presidencial, sobre todo cuando hay asuntos, como el tratamiento de la guerrilla, de los paras y del narcotráfico, que en otras ocasiones le han introducido violencia a la competencia política. Según el senador Antonio Navarro, "podemos llegar hasta la polarización de los años 40, que terminó con el asesinato de Gaitán".

Los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición en el Congreso también están superando los límites tradicionales de moderación. "Uno se siente en la época del proceso 8.000", le dijo a SEMANA un congresista. El discreto ministro de Protección Social, Diego Palacio, sorprendió la semana pasada con una arremetida contra todos los sectores de oposición a los cuales acusa de bloquear la agenda legislativa. Y en el trámite de la ley de garantías electorales, el gobierno acusa al Partido Liberal de evitar la aprobación de cualquier texto para poder argumentar, precisamente, que no hay garantías. Según Portafolio, hay órdenes expresas, desde el palacio presidencial, para que la bancada uribista se vaya con todo contra la oposición.

El lenguaje subido no ha sido propiamente un monopolio del presidente Uribe. Incluso César Gaviria, quien desde que dejó el poder ha evitado cualquier controversia pública, salió a la palestra y le respondió al actual Presidente: "El que tiene que rendir cuentas es Uribe, porque el candidato es él y no yo", dijo. Y si a nadie sorprende que a Uribe le salga otra vez su temperamento explosivo, la actitud de Gaviria llama la atención porque hasta ahora ha sido un maestro de la prudencia. En más de una reunión privada, Gaviria ha sorprendido a los asistentes por la vehemencia con que critica al actual gobierno. Lo cual, sin duda, es un indicador de lo que será su posición cuando asuma, como parece ya muy probable, la jefatura única del Partido Liberal en el Congreso del 10 de junio.

El otro riesgo que corre Uribe, con su reciente actitud, es el de poner sobre la mesa el tema de los paramilitares y su supuesta simpatía hacia ellos. Tiene a su favor que las acusaciones son exageradas e imposibles de probar. El debate de Gustavo Petro, la semana pasada, demostró que es muy difícil demostrar los vínculos entre los políticos y las AUC. En el caso de Uribe, además, lo que existe es una imagen surgida de su convicción de que después del fracaso del proceso de paz con las Farc, el mejor camino para disminuir la violencia es un acuerdo con los paras, que implica hacerles concesiones, por más impopulares que sean. Y, si acaso, una convergencia sobre la forma como deben enfrentarse las Farc. El asunto es polémico, pero tiene defensa.

Al mismo tiempo, la oposición considera que centralizar la próxima campaña en el tema del paramilitarismo sería su mejor escenario. En esta controversia Uribe arriesga mucho más que en la cómoda comparación entre el presente y el pasado. ¿Por qué, entonces, se lanzó al agua? ¿Para abortar desde ahora el debate? ¿Porque está seguro de que puede desmitificar su supuesta cercanía con las AUC? Lo más probable, aunque no necesariamente lo más creíble, es que el presidente Uribe no se hizo ninguna de estas preguntas cuando pronunció su discurso. La campaña aún está lejos y el Presidente es al que menos le conviene adelantarla. Otra cosa es que necesitará una receta, más efectiva que las famosas goticas, contra los resentimientos causados por las acusaciones de que tiene vínculos con los paras.