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| 7/12/1993 12:00:00 AM

Suena la campana

La confrontación entre el Consejo de Estado y el Gobierno no es la primera ni va a ser la última.

Suena la campana, Sección Nación, edición 580, Jul 12 1993 Suena la campana
QUE EL CONSEJO DE ESTADO Y EL GOBIERNO nacional estén enfrentados de manera agria, no tiene nada de nuevo. Sin embargo, en esta ocasión parece ser que las cosas han llegado a tales extremos, que por primera vez desde cuando comenzaron estas confrontaciones y por primera vez también en la historia del del país, dos ministros y el jefe de un departamento administrativo podrían terminar tras las rejas por cuenta del conflicto.
El detonante de este nuevo enfrentamiento fue una providencia del Consejo de Estado, que echó por tierra un decreto del Gobierno que había abierto el camino para que los llamados "auxilios buenos" pudieran ser pagados.
El pronunciamiento del alto tribunal en contra del giro de más de 300 mil millones de pesos destinados a los sectores de la salud y la educación cayó como un balde de agua fría sobre las cabezas de los funcionarios gubernamentales.
Según la providencia, el artículo 355 de la Constitución prohíbe al Gobierno entregar fondos públicos a entidades de carácter privado, salvo que se celebren contratos administrativos para el manejo de esos fondos y los contratos respondan a los lineamientos del Plan Naciona] de Desarrollo que establece el artículo 341 de la Carta.
Para el Consejo de Estado, el Plan de Desarrollo que el Gobiemo dió a conocer a fines de 1991 y que según el ejecutivo abarca objetivos como los contenidos en los contratos celebrados con las entidades beneficiarias, no vale para estos efectos, pues no cumple con el requisito establecido en la Constitución en el sentido dc que dicho Plan debe ser presentado a consideración del Congreso durante los seis primeros meses dc la administración.
El problema es que desde un principio hubo un limbo jurídico: cuando se promulgó la Carta del 91, ya habían pasado los seis primeros meses de la administración de César Gaviria, y por lo tanto era un imposible material cumplir con el requisito constitucional. Para colmar el vacío jurídico, el Gobierno expidió en 1992 el decreto 777. Este decreto, que fue el que tumbó el Consejo de Estado,
reglamentaba la celebración de contratos para entregar dineros a entidades dc derecho privado, y era bajo su amparo que la administración central venía ejecutando gran parte del gasto público en materia de salud y educación.
Como es obvio, al ser suspendido el decreto, cientos de miles de millones de pesos destinados a inversión social quedaron sin piso jurídico. Y cientos de establecimientos hospitalarios,fundaciones educativas y culturales, museos, ancianatos y otras entidades de beneficio social quedaron sin los aportes de la administración central, cuando menos por los próximos 18 meses. Al día siguiente de conocerse el fallo del Consejo, más de 280 hospitales y clínicas amenazaban con cerrar sus puertas al público por falta de fondos.
LOS MINISTROS ACUSAN
Las reacciones no tardaron. El ministro de Salud, Juan Luis Londoño, el de Hacienda, Rudolf Hommes, y el director de Planeación, Armando Montenegro, se presentaron con aires de profundo malestar a una rueda de prensa en la Casa de Nariño, durante la cual denunciaron que el fallo del Consejo de Estado significaba la parálisis de la salud y la educación en Colombia.
Londoño aseguró que "por medidas irracionales de tipo jurídico ", el sector de la salud sufriría un recorte de más de 175 mil millones de pesos. Por su parte, Hommes aseguró que "es el
triunfo de la gramática sobre la razón". Aunque añadió que el
Gobierno acataba y respetaba el fallo, se declaró sorprendido "de que las entidades que toman este tipo de decisiones no se den cuenta de los alcances que estas tienen. A ellas les queda muy fácil decir que son chamboneos del Cobierno. Estamos como en los tiempos en que por pulir una frase, se desataba una guerra civil".
Montenegro fue quizás el menos severo, pero en todo caso manifestó su sorpresa "de que se tomaran decisiones jurídicas sin pensar en los efectos sociales, pues la Constitución tiene un sentido social y sería poco conveniente que las interpretaciones dejaran sin salud y educación a los colombianos menos favorecidos.
PIEDRA DE CONSEJEROS
La rueda de prensa de los Ministros y del Director de Planeación y las acusaciones que le hicieron al Consejo de preciosismo Jurídico, miopía social y desconocimiento del mandato constitucional que garantiza los dereehos a la salud y a la educación, causaron entre los magistrados más indignación incluso que la originada entre los Ministros por el fallo.
La sala plena del Consejo de Estado se reunió el martes pasado durante cinco horas para estudiar cuál sería el proceso correccional que se debería aplicar ante críticas que los magistrados calificaron de "irresponsables y peligrosas" por parte de los funcionarios.
Por 23 votos a favor y dos en contra,la corporación designó a la magistrada Dolly Pedraza para conocer del caso y evaluar la gravedad de las ofensas contra el Consejo de Estado, el cual podría imponer multas y privar de la libertad a los funcionarios.
Fue el cierre de filas de los magistrados en torno del presidente de la corporación, Guillermo Chaín, en el sentido de que las providencias del Consejo no son motivadas por consideraciones de conveniencia política o social, sino que tienen como único objetivo la aplicación de la Constitución y de la ley. Algunos de ellos aseguraron en declaraciones a la televisión que los Ministros eran "indignos" de su cargo. "Nosotros tenemos la formación que nos dió el país y ahora no sabemos qué es lo que quiere.
No podemos guiarnos por el sentimiento político. No podemos estar preguntándole al Gobierno en qué sentido quiere que fallemos", afirmó a SEMANA Julio César Uribe. Por otra parte, en opinión del magistrado Miguel González, "no se trata de preciosismo jurídico, pero tampoco pueden pretender que le hagamos decir a la norma algo que no dice. No se puede seguir disponiendo alegremente de los dineros públicos, y lo que buscamos es quese disponga de los recursos de una manera justa, para que ello no dependa de la autoridad de turno. No podemos tener en cuenta las consecuencias de nuestras providencias.
Somos jueces de derecho y no de conciencia".
Ni las excusas públicas del ministro Londoño, ni las afirmaciones de Rudolf Hommes en el sentido de que cuando no pueda expresar sus opiniones se irá del país, modificaron la postura de los consejeros. Como lo expresó el magistrado Jaime Betancur Cuartas, "los funcionarios son los primeros que deben dar ejemplo de respeto y acatamiento de la autoridad. La Constitución dice que las ramas del poder, aunque están separadas deben trabajar armónicamente. El irrespeto rompe esta armonía y el orden jurídico existente, y la sanción a los Ministros y al Director de Planeación busca restablecer ese orden y esa armonía".

HISTORIA DE DESENCUENTROS Pero más allá de todas estas argumentaciones de tipo jurídico, la verdad es que el capítulo que se escribió la semana pasada es uno más de la larga historia de desencuentros entre el Gobierno y el Consejo de Estado.
Para nadie es un secreto que si una institución trató reiteradamente de atravesársele a los intentos de reformar la Constitución por una vía extraconstitucional fue el Consejo de Estado, que en 1988 echó por tierra el acuerdo de la Casa de Nariño, firmado entre el presidente Virgilio Barco y el jefe de la oposición, el ex presidente Misael Pastrana. Luego, en plena celebración de la Asamblea Constituyente, el Consejo trató de derogar algunos artículos del reglamento interno que había dictado la Asamblea, con lo cual lo único que logró fue radicalizar a los constituyentes y acelerar el proceso que culminó con la revocatoria del mandato del Congreso elegido en 1990.
Para cuando se produjo el enfrentamiento con la Constituyente, los consejeros ya habían tenido algunos roces con el gobierno del presidente Gaviria. El primer mandatario se había puesto como tarea, desde el principio dc su mandato, mantener buenas relaciones con los altos tribunales.
Un ex asesor de la Casa de Nariño recordó para SEMANA un episodio tras el cual quedó en claro que no sería fácil cumplir con el objetivo de Gaviria, al menos en lo referente al Consejo de Estado: "El Presidente era consciente de que si las relaciones con los altos tribunales se dañaban, se podía ir altraste el proceso de reforma constitucional. Por esa razón, una de las primeras reuniones que convocó, apenas dos días después de posesionado, fue en el Consejo de Estado en pleno. Pero corrió con tan mala suerte, que uno de los magistrados se presentó pasado de copas, tomó la palabra durante largo rato y se dirigió en tono airado e irrespetuoso al Presidente.
Recuerdo que algunos consejeros, entre ellos el hoy procurador Carlos Gustavo Arrieta, intervinieron para evitar que el vergonzoso incidente continuara. Fue así como lo que Caviria pretendía que fuera una luna de miel, se agrió desde los primeros días".
Después vinieron otras confrontaciones: el fallo sobre la nota diplomática de los años 50 sobre Los Monjes, que no trajo nada bueno distinto de agriar las relaciones con Venezuela; un destemplado memorando presentado por los consejeros en contra de la tutela, en una cumbre que buscaba el año pasado aliviar las tensiones de la batalla que se dió entre los viejos y los nuevos poderes jurisdiccionales tras la aprobación de la nueva Constitución; y más recientemente, la forma como desde un principio algunos consejeros se opusieron a Ios decretos de modernización del Estado, y la grave decisión de mayo pasado, cuando el Consejo echó para atrás una resolución del Ministerio de Justicia que ordenaba el traslado de los procesos penales contra el cartel de Cali, a Bogotá.
En todos estos casos, Ios consejeros siempre pueden argumentar que ellos no toman sus decisiones en virtud de las consecuencias que acarreen, sino en el marco de las normas jurídicas. Sin embargo, las propias declaraciones que dieron la semana pasada en medio de la guerra verbal contra los Ministros, contradicen esto, pues algunos de los consejeros aseguraron que la providencia evitaría que se siguiera "disponiendo alegremente de los recursos públicos", lo que equivale a valorar no solo la letra de la ley sino sus implicaciones en la realidad.
"Nadie les está pidiendo que se aparten del dereeho, sino que preparen sus providencias pensando en el derecho de la letra y el inciso, sino en el derecho de los principios, en el derecho que no puede ser indiferente a la realidad", le dijo a SEMANA un abogado asesor del Gobierno. Y es justamente en este punto del nuevo derecho frente al viejo derecho, donde parece estar la clave de tantas zancadillas de los consejeros de Estado al proceso de transición constitucional. Como dijo en su columna de El Tiempo del jueves pasado Enrique Santos Calderón, hay "un nuevo sentido del derecho en general y de los derechos ciudadanos en particular. Fenómeno frente al cual el Honorable Consejo de Estado parece indiferente, cuando no hostil", lo que lleva a este tribunal a actuar con un "implacable formalismo".

EL DESENLACE Aún no se sabe bien a dónde irá a parar todo este lío. Mientras el Gobierno no ha puesto en marcha diferentes estrategias jurídicas para salvar a las entidades beneficiarias de los auxilios, entre ellas una minirreforma constitucional que aclara los alcances del artículo 355 y releva a la actual administración del requisito imposible de presentar un Plan de Desarrollo en un primer semestre de mandato que pasó hace tiempos, los consejeros han echado a andar un proceso que pretende sancionar a los Ministross de Hacienda y Salud y al Director de Planeación.
Y aunque nadie discute que a los tres funcionarios, que por su rango deben dar ejemplo supremo de acatamiento, se les fue la lengua en sus declaraciones frente a la providencia, no es del todo claro que el mismo tribunal que se considera insultado, tenga la autoridad para juzgar a quienes acusa de irrespetuosos.
La falta de autoridad para ello puede incluso ser jurídica. No es exagerado decir que buena parte de las declaraciones de los consejeros a la radio y a la televisión los han colocado en la posición de haber prejuzgado. El propio presidente del Consejo, Guillermo Chaín, quien como es obvio habló a nombre de la corporación que es la que ahora pretende juzgar a los tres funcionarios, aseguró que "los señores Ministros que se han expresado en forma tan desapasible contra una sentencia, realmente no merecen el cargo que ostentan ".
Sea como sea, los colombianos han asistido a un nuevo round de esta confrontación que cada vez se recrudece más, y genera situacioncs nada convenientes en un país donde a la sangrienta guerra del narcoterrorismo y la guerrilla, no se le deberían sumar tan graves y desestabilizadores conflictos interinstitucionales. Pero parece difícil que la batalla de la semana pasada sea la última.
Es muy posible que falten otras más, en medio de un proceso de ajuste de poderes tras la promulgación de la nueva Constitución, en la que algunos tribunales, como el Consejo de Estado, perdieron buena parte de sus poderes y aún no dan muestras de haberse resignado a ello.

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