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Superintendencia le revocó a Comfacor la licencia para prestar servicios de salud

El ente de control concluyó que la Caja de Compensación de Córdoba, que atiende a 540.303 afiliados en 74 municipios de Córdoba, Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar y Sucre, representa un riesgo para la vida de sus afiliados y para el manejo de los dineros del sistema.

19 de febrero de 2019

El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, anunció la revocatoria del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor). En los próximos días esta institución deberá dejar de prestar sus servicios en 74 municipios de seis departamentos, donde atiende a 540.303 afiliados, 528.855 pertenecientes al régimen subsidiado.

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Luego de una investigación, iniciada el 4 de agosto de 2016, Aristizábal aseguró que Comfacor pone en riesgo la salud y la vida de los usuarios, y los recursos del sistema. El ente de control encontró que la Caja de Compensación presta de manera deficiente el servicio a recién nacidos y a sus madres, lo que ha llevado a un aumento de la mortalidad materna. Así mismo, la entidad tiene una baja cobertura, que en algunos casos supera el 70 por ciento, en la unidad de cuidados intensivos pediátricas y en patologías específicas de alto costo como oncología de adultos y pediátricas, hematología, quimioterapia y radioterapia. Esa situación se ve reflejada en el aumento de las quejas de los usuarios por las trabas que les ponen para acceder a los servicios.

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En el aspecto financiero Comfacor incumple las condiciones financieras y de solvencia, presenta indicadores de liquidez negativos, un nivel de endeudamiento del 11,97 por ciento y un capital de trabajo de menos de 362.000 millones de pesos. En otras palabras, no tiene recursos para cumplir con sus obligaciones a corto y mediano plazo. Además la entidad privilegió sus pagos a la red de salud privada y no a la pública como lo establece la ley. La Superintendencia encontró que parte de esos pagos programados estaban destinados a 23 instituciones prestadoras de servicios de salud presuntamente vinculadas con los carteles de la hemofilia, terapias ABA y la falsificación de medicamentos de alto costo.

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Para tomar esta decisión, la Supersalud también acogió los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República en una visita realizada en julio de 2018. En esa ocasión el organismo documentó el presunto uso indebido y en contra de la ley de los dineros públicos para la salud. Con ellos se pagó publicidad, gastos de nómina extralegales y se patrocinó campeonatos de fútbol, reinados de belleza, un torneo de boxeo y la fiesta del Río Sinú, entre otros eventos ajenos al servicio de salud.

“Esta es una de las EPS a las que se le dio oportunidad de corregir el rumbo y no lo hizo. Dos años y medio de intervención, tres prórrogas a la medida preventiva especial de vigilancia y no mejoró”, afirmó Fabio Aristizábal.

Por otra parte el superintendente pidió tranquilidad a los afiliados al programa de salud de Comfacor, y dijo tener listo el plan para trasladar los usuarios a otras EPS que se explica en el siguiente gráfico:

Comfacor