Supernotariado destituirá funcionarios por registros fraudulentos y usurpación de tierras

Según han anotado analistas e investigadores, en el robo de tierras a los campesinos han participado actores “legales e ilegales”. Una de las modalidades de despojo fue la que contó con la complicidad de notarios, registradores y funcionarios para "legalizar" los predios usurpados por actores ilegales.

Por esta razón algunos predios están en manos de despojadores y testaferros que cuentan con escrituras. En medio del proceso de restitución de tierras por vía administrativa, que pretende entregar 312.000 hectáreas a 130.000 familias, y la discusión de la Ley de Víctimas, el Gobierno formuló un plan de choque para contrarrestar la reacción de los actores ilegales renuentes a devolver los predios.

Ese plan incluye investigaciones de las posibles irregularidades cometidas por notarios y funcionarios de las oficinas de registro e instrumentos públicos. Las investigaciones ya comenzaron a arrojar resultados.

Este martes, el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, anunció destituciones de funcionarios por registrar titulaciones de manera irregular y fraudulenta.
“No quisiera hablar todavía de Notariado porque estamos haciendo las investigaciones, pero en Registro van a ser destituidos unos funcionarios en las próximas horas y en los próximos días por malos manejos, hurto de tierras, haber colaborado para el hurto de tierras y haber usurpado tierras a negritudes y campesinos”, dijo el Superintendente.

El funcionario dijo que en Mapiripán, Meta, se detectó un predio de 15.000 hectáreas que fue robado por Pedro Oliverio Guerrero, alias 'Cuchillo' con ayuda de funcionarios.

“Había unas tierras baldías que eran del INCODER o del INCORA en su momento. Había una escritura que fue hecha para un tema de protección. Lo que hicieron fue cerrar el folio y crearon una compraventa. Luego utilizaron una escritura de una notaría de Armenia y lo que hicieron fue ‘melliciar’ los números de las hojas de la escritura y se le vendió a una persona cuyo nombre es Gonzalo Leaño Tatar, investigado por pertenecer a uno de los grupos al margen de la ley”, explicó Vélez.

El Superintendente advirtió que a pesar de que este caso había generado investigaciones disciplinarias contra algunos servidores públicos, éstas fueron archivadas sin explicación.

“Estamos investigando al registrador de San Martín, Meta, que fue donde se hizo la diligencia. Con sorpresa cuando se fue a mirar, el caso contra el Notario se había archivado. Se ha iniciado un proceso disciplinario también con el abogado que archivó esto hace unos ocho meses cuando se abrió esta investigación”, constató.

Vélez explicó que hasta el momento han sido intervenidas seis oficinas de Registro donde “se han iniciado las investigaciones respectivas, o sea que nos estamos preparando muy bien para que en el momento que el Congreso apruebe la Ley de Víctimas tengamos un inventario muy claro de hacia dónde tenemos que actuar”.

Los resultados de las investigaciones serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación para que comiencen las investigaciones penales respectivas.

La Superintendencia ha detectado en las últimas semanas titulaciones irregulares en 120.000 hectáreas, especialmente en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Vichada, Cesar y Meta.