Supernotariado de Uribe asegura que él comenzó las investigaciones de tierras

A través de un comunicado, el supernotariado del gobierno de Álvaro Uribe, Orlando García-Herreros, aclaró su responsabilidad en el proceso de titulación de terrenos del Estado cuando ocupó la superintendencia.
 
Sus declaraciones se conocen tras las revelaciones del actual superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, sobre supuestas irregularidades en la titulación de predios del Estado en diferentes partes del país.
 
García-Herreros aseguró que las investigaciones de tierras comenzaron en su gestión.

a) En el caso de Mapiripán: La investigación se inició en el gobierno anterior mediante orden de visita número 38 del 23 de noviembre de 2009 a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta).

b) En el caso del Chocó (Curvarandóy Jiguamiandó) las actuaciones de la Superintendencia datan del año 2007 (Resoluciones 6524 y 6625 del 26 de septiembre de ese año) y culminaron con las Resoluciones 1456 de 4 de marzo y 3746 de 4 de junio ambas de 2008, reconociendo el derecho de las comunidades negras organizadas en los Consejos Comunitarios respectivos.

c) En el caso de los Montes de María, mediante la Resolución 6819 del 25 de septiembre de 2008 se ordenó la intervención de la Oficina de Registro del Carmen de Bolívar y la consecuente investigación administrativa, la que finalmente dio origen a la destitución de la Registradora en noviembre de 2010.

En lo que se refiere a los registradores destituidos las intervenciones e investigaciones respectivas se iniciaron en Girardota, el 18 de febrero de 2010 (Resolución 1486), en Acacías el 3 de mayo de 2010 (Resolución 3893) y en Carmen de Bolívar el 25 de septiembre de 2008 (Resolución 6819).

El exsupernotariado reiteró que no es cierto que las “Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país son un inmenso foco de corrupción y que la Superintendencia anterior fue permisiva frente a conductas censurables cuando, por el contrario, actuó oportunamente en los correctivos pertinentes”.

García-Herreros recordó cuál es la función de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. “No confieren títulos de propiedad rural ni urbana. Como su nombre lo indica, su función es la de “registrar” los que constan en escrituras públicas o en providencias judiciales o administrativas (...) Los registradores sólo proceden a solicitud de alguien, alguien que solicita un registro o alguien que lo impugna”, añadió.

Finalmente, García-Herrera dijo que si hay una complicidad dolosa, “la responsabilidad por el despojo de tierras de que puedan ser víctima de terceros, hay que ubicarla en otras esferas”.