Los hospitales y clínicas que no prestan atención médica a los reclusos

Para nadie es un secreto que la atención médica que recibe la población privada de la libertad no es la mejor. Desde el año pasado, las quejas por la mala prestación del servicio aumentaron a borbotones. Y no era para menos. Caprecom, la EPS que estaba a cargo, no cumplía con la atención a los reos y estaba en una crisis que en diciembre la llevó a la liquidación.

Desde entonces las cosas han sido más complicadas. La EPS les debe miles de millones a la red hospitalaria y a cientos de profesionales que ahora reclaman el pago de su trabajo.

Ante la crisis que quedó, los Ministerios de Justicia, Hacienda y Salud, el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) crearon un Fondo Nacional en el que se asegura el dinero destinado para este fin y, así, garantizar el pago de sus servicios a los contratistas.

Sin embargo, no ha sido fácil que la red hospitalaria y las clínicas quieran prestar servicios a la población privada de la libertad. Fuentes de la Supersalud advierten que todo esto está ocurriendo por los incumplimientos de Caprecom con decenas de IPS y hospitales, que los dejó muy mal presupuestalmente.

Por eso, el 21 de enero pasado el Ministerio de Salud emitió la circular 005, en la que pide la continuidad en la atención en salud a la población reclusa y garantiza el pago de los servicios.

“Este despacho exhorta a los gerentes de las Empresas Sociales del Estado y a las Entidades Territoriales, a través de los directores o secretarios de Salud, para que coadyuven en la materialización de esta atención, a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud de sus respectivos territorios, reiterando que la financiación de la misma está garantizada con los recursos del referido Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad”, dice el documento.

Pero aunque el Ministerio garantiza la financiación de los recursos, parece que la lista de hospitales y clínicas que se niegan a prestar el servicio es larga. Semana.com conoció un listado que reposa en la Superintendencia Nacional de Salud, donde se enumeran las IPS que no cumplen con sus obligaciones.

En Bogotá se encuentran la Clínica Colombia, el Instituto Nacional de Cancerología y los Hospitales Santa Clara, Meissen, Hospital San Carlos, La Victoria, Fontibón, San Blas y La Granja.

En Bucaramanga están en la mira el hospital Universitario de Santander y la Fundación Oftalmológica de Santander. En Cúcuta aparecen el Hospital Erasmo Meoz y el centro hospitalario de la Universidad de Pamplona. En Envigado, el Hospital Manuel Uribe y en Medellín, el Hospital Mental de Antioquia. En Ibagué, el Hospital Federico Lleras Acosta.

En el Eje Cafetero aparecen el Hospital San Jorge en Pereira y la Clínica Versalles de Manizales. La costa no se salva de estar en la lupa. En la capital de Bolívar están en la mira la Clínica Cartagena del Mar, el Hospital Universitario del Caribe y la Clínica San Felipe Barajas.

Según fuentes de Semana.com, estas IPS no se encuentran prestando ni servicios de urgencias para los reclusos y mucho menos tratamientos de alta complejidad.

“La situación es preocupante y son muchos los factores que se deben tener en cuenta. Uno, Caprecom les debe mucho dinero. Y dos, para una clínica no es fácil recibir un preso, sobre todo por las incomodidades que puede traer a otros pacientes. Por eso necesitamos médicos dentro de los centros penitenciarios, pero conseguir profesionales que se le midan a trabajar dentro de una cárcel, con todo lo que eso conlleva, tampoco es sencillo”, dijo una fuente de la Unidad de Servicios Penitenciaros a Semana.com.

Aunque no será fácil, es necesario que las autoridades busquen la manera de lograr que los reclusos puedan acceder a la atención en salud, pero también es vital que a las IPS se les garantice el pago de sus servicios y que, de ser el caso, se salden las deudas con ellas.