Superservicios ‘meterá mano’ a la crisis energética

Nadie quiere volver a vivir la pesadilla de 1992, cuando el país vivió el trauma del racionamiento de energía, se dio el llamado ‘apagón’ y los ciudadanos tuvieron que cambiar sus costumbres y adelantar el reloj para aprovechar la luz del día.

Pero este mal sueño ronda nuevamente en el país. Últimamente el presidente Juan Manuel Santos ha pedido a los colombianos que se ahorre agua y electricidad. Y el ministro de Minas, Tomás González, adoptó un paquete de medidas para que la situación no se salga de las manos: como el alza de las tarifas desde el mes de diciembre.

Y aunque el incremento será marginal, pues se estima que estará alrededor de 400 pesos para los hogares de estrato 1 y de hasta 3.000 pesos mensuales para los de estrato 6. Si los consumidores no ahorran, el alza podría ser mayor.

Sin embargo, la situación no sólo preocupa a los bolsillos de los colombianos, sino también a los entes de control. Por eso, este viernes el contralor general, Edgardo Maya, pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que intervenga en la crisis del mercado de la energía, pues tiene la facultad para inspeccionar y vigilar los recursos financieros y tarifarios que han entrado a las empresas generadoras.

“Es inaceptable que, ante la crisis actual del mercado de energía, se aduzca falta de competencia legal como excusa para no adelantar actuaciones que sí le corresponde adelantar a esta entidad”, afirmó.

Según la Contraloría, es momento de que la Superintendencia solicite a los generadores explicaciones sobre qué han hecho con los recursos y las cuentas sobre las inversiones realizadas.

Por su parte, la Contraloría adelantará acciones de control fiscal, pues “el uso de los recursos destinados a remunerar las obligaciones de energía a través del cargo por confiabilidad, facturado a todos los usuarios finales del servicio de energía y financiado en parte con subsidios del presupuesto general, corresponde con el interés general y su destino no debe ser otro que el de proveer confiablemente un bien público esencial como es la electricidad”, indicó Maya Villazón.

¿Y la prima?

Desde el 2007 los usuarios del servicio eléctrico han pagado una prima a las empresas generadoras térmicas y a algunas hidráulicas para que estas organizaciones entreguen energía de manera continua al mínimo costo. Pero a pesar de este esquema, según la Contraloría, plantas como Termovalle y Termocandelaria han dejado de operar.

“Esta situación se considera suficiente para suscitar la intervención urgente, con medidas de contingencia, por parte del Ministerio de Minas y Energía”, subrayó el contralor.

Para la Contraloría es impostergable comenzar la investigación sobre las razones y responsabilidades frente al incumplimiento de las empresas generadoras de energía, así como del manejo de los recursos de la nación y de los usuarios.

Por su parte, la Superintendencia ya empezó a ‘ponerse el cinturón’ y abrió una investigación a Termocandelaria por presunta “violación normativa” al declararse indisponible para funcionar, pese a que la planta puede continuar con el trabajo.

Pero esto no es lo único que se encuentra haciendo. Esta semana terminó el recorrido por las termoeléctricas del país y se espera que el próximo viernes entregue un balance de la situación.