La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente, por tres meses, al alcalde de Copacabana, Antioquia, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, y al personero, Mefi Boset Gómez, por presuntas irregularidades en el traslado de más de 300 migrantes con destino a la frontera colombo-venezolana, al parecer, sin el cumplimiento de la normatividad, protocolos y procedimientos establecidos.
En este proceso, el órgano de control también investiga a la secretaria de Gobierno del municipio, Jaqueline Zapata Cano, informó miércoles el máximo organismo de control en un comunicado tras la rueda de prensa que ofreció el Procurador Fernando Carrillo.
Precisa el comunicado que se busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la supuesta desatención de los parámetros establecidos en la Directiva N° 017 del 30 de abril de 2020 de la Procuraduría y la Resolución N° 1265 del 28 de mayo de 2020 de la UAE Migración Colombia por parte de los investigados, pudiendo afectar no solo a los migrantes venezolanos que actualmente se encuentran en el corregimiento de San José del Nus del municipio, sino también a las comunidades de la región.
La medida de suspensión provisional es tomada para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria por parte del alcalde y el personero municipal, cuyas decisiones habrían puesto en riesgo el orden público en Copacabana y otras localidades del país.
Aunque estás sanciones buscan evitar conductas iguales, el pasado 6 de mayo, la Procuraduría General de la Nación también abrió una investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional por tres meses del Secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Cauca, Pablo Mina, por el presunto traslado a Cali, en un furgón de un particular, de 18 migrantes venezolanos, al parecer sin cumplir normas de bioseguridad, protocolos de traslado dispuestos por el gobierno y la coordinación obligatoria con Migración Colombia.
La Procuraduría General de la Nación, ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la covid-19, avanzó en la priorización de 2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias.
En desarrollo del programa Transparencia para la Emergencia, que adelanta en conjunto con la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, el ente de control ordenó en 813 casos la apertura de un expediente disciplinario. De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el gobernador de Vichada, y tres funcionarios de la gobernación de Quindío.
Como parte de estos procesos permanecen suspendidos de sus cargos el gobernador de Chocó, la secretaria General de la Gobernación de Cesar y la secretaria de Salud de la Gobernación de Tolima.
Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela
