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| 5/7/2019 2:37:00 PM

Parque de San Rafael: otra obra suspendida por demandas

El juez sexto de Bogotá impuso medidas cautelares sobre la licitación que tendría un costo de 138.000 millones de pesos y que estaba ad portas de ser adjudicada. ¿Por qué la suspendieron y qué dice la alcaldía?

Suspenden obras en el embalse de San Rafael Embalse San Rafael. Foto: Guillermo Torres /SEMANA Foto: Guillermo Torres /SEMANA

En los últimos días la alcaldía de Enrique Peñalosa ha recibido varios golpes judiciales a su gestion política. Uno de los más duros fue la suspensión provisional de la licitación de la carrera Séptima, una de las obras insignia de su gobierno. Y este lunes el juez sexto administrativo de Bogotá, Mayfren Padilla Téllez, falló una medida cautelar para suspender provisionalmente la licitación que se venía llevando a cabo para la construcción del parque en el embalse de San Rafael, en el norte de la ciudad.

Para construir este espacio, 12 veces más grande que el Simón Bolívar, se haría una inversión de 138.000 millones de pesos. Según la Alcaldía de Bogotá, así se convertiría en un complejo turístico gratuito con 11 kilómetros de senderos para caminar y pasear en bicicleta, miradores, muro de escalar, zona de picnic, restaurantes y espacios para recorridos pedagógicos y un cable aéreo que conectara a Bogotá con La Calera que tendría un costo adicional de 400.000 millones de pesos.

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Aunque de entrada la obra sonaba muy atractiva, para el sindicato de la Empresa del Acueducto de Bogotá, Simtraemsdes, el proyecto no era una buena iniciativa pues “el daño al embalse que surte a más de 8 millones de habitantes (70 por ciento de Bogotá y otros municipios) sería irreversible y tendría consecuencias incalculables”, dijo a SEMANA el presidente del sindicato, Martín Quijano.

Para Quijano las medidas ambientales establecidas por la Corporación Autónoma Regional (CAR) en 2003 que adoptó este distrito para el proyecto, no cumplen con las necesidades del embalse y habría consecuencias ambientales como “la tala de 9.000 árboles, el desplazamiento de fauna, afectación de la flora y las fuentes hídricas”. Por eso instauraron una acción popular en la que, según él, participaron más de 2.000 trabajadores del Acueducto para defender los derechos al patrimonio público, al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y a la salubridad pública. “Nuestro interés siempre ha sido ambiental, nunca político, como dice el alcalde Peñalosa”, dijo el representante del sindicato.

Explicó además que “la administración miente” cuando dice que no va a endurecer el suelo pues los restaurantes y las zonas comerciales “definitivamente lo harían”. Así mismo, considera que con la visita de 20.000 personas diarias es muy probable que el embalse se contamine y la Empresa del Acueducto tenga que invertir más recursos para tratar el agua para la ciudad.

El sindicato ya había intentado detener esta licitación en otras oportunidades, pero solo hasta ahora fue admitido por un juez. “Ordénese a la Empresa de Acueducto de Bogotá que de manera inmediata suspendan provisionalmente el proceso contractual (...) al igual que se abstenga de realizar cualquier obra o construcción en el Embalse San Rafael que resulte contraria o afecte la zona forestal de El Sapo”, señala el fallo del juez.

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La administración distrital ha dicho que “es respetuosa de la ley y acata las decisiones de los jueces”. Sin embargo, realizará todos los esfuerzos necesarios para defender “el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un nuevo espacio natural”.

“Esta decisión paraliza un proyecto integral para la ciudadanía que cuenta con viabilidad ambiental, diseños, presupuesto y con los terrenos para su desarrollo. Adelantado con rigor técnico, jurídico y financiero, la licitación estaba abierta y ad portas de recibir las ofertas para poder hacer la evaluación, adjudicación y el inicio del proyecto”, dijo el secretario general, Raúl Buitrago. Agregó que el desarrollo de este proyecto no pone en riesgo el suministro de agua que abastece a la ciudad: “Todo lo contrario, el fallo judicial en el alcance que propone podría estar suspendiendo la ampliación de la planta Wiesner los nuevos filtros que estamos instalado para garantizar la potabilidad del agua para los próximos años en Bogotá”.

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Por su parte, la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Lady Johanna Ospina, explicó que con este proyecto la reserva ganará más de 62.000 árboles nuevos y que sí han implementado el plan de manejo ambiental “aprobado por la autoridad ambiental en 2013 con todas las medidas necesarias para prevenir cualquier riesgo”.

La administración también aclaró que el parque contará con un área total verde de 1.200 hectáreas de las cuales, 51 hectárea serán para servicios del visitante pero solo el 4 por ciento de estas 51 hectáreas serán intervenidas.

Si para el sindicato este fallo favorece derechos a un espacio de esparcimiento, para la alcaldía los afecta y deja en el aire una deuda histórica que tiene la ciudad con el municipio de La Calera, compromiso que se debía realizar hace más de 20 años. El parque hace parte de la compensación que la Administración Distrital se comprometió a realizar al municipio vecino, y la autoridad ambiental lo determinó como una obligación para la construcción del embalse en el año 1992. La viabilidad ambiental de este parque fue otorgada por la CAR-Cundinamarca en 2003.

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La alcaldía también explicó que el embalse San Rafael es una reserva de agua artificial, que hace parte del sistema de abastecimiento Chingaza, para ser utilizada en casos de emergencia y contingencia, el cual siempre debe surtir un proceso de potabilización posterior en la planta Francisco Wiesner antes de llegar a los hogares bogotanos. El agua del embalse es cruda y proviene del río Teusacá y de los ríos Guatiquía, Chuza y la quebrada Leticia. Por ello, “es incoherente afirmar que se pondrá en riesgo esta fuente de agua con las obras de adecuación del parque, porque la misionalidad de la Empresa de Acueducto es precisamente garantizar las condiciones de calidad y continuidad en el suministro de agua”, concluyó la gerente del Acueducto, Lady Johanna Ospina.

Ahora la administración tiene  cinco días para interponer recursos jurídicos. El sindicato dice que la alcaldía no tiene salida, mientras que Peñalosa asegura que agotará todas las instancias al igual que lo hará en otras iniciativas que, como TransMilenio por la Séptima, hoy tienen frenadas los jueces.

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