Suspendida hasta el lunes audiencia de imputación de cargos a 13 de los implicados en desfalco a la DIAN

En audiencia que se adelantó hasta entrada la noche del sábado, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la diligencia de imputación de cargos a los 13 primeros capturados por el caso del desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), destapado el miércoles por el presidente Juan Manuel Santos.
 
La principal acusada y presunta cabeza del ilícito, Blanca Janeth Becerra no aceptó los cargos imputados, entre los que se encuentra concierto para delinquir, exportación ficticia, falsedad documental e ideológica, cohecho, fraude procesal, lavado de activos y peculado por apropiación.
 
La audiencia fue suspendida hasta el próximo lunes. El fiscal Pedro Noel Cárdenas manifestó que cuenta con suficiente material probatorio, testimonial y documental, para prbar las actuaciones de los acusados.
 
El testimonio de los empleados de la firma R&B S.A.S., cuya aparente fachada era la de realizar asesorías contables, es clave en la audiencia. La empresa -cuya representante legal es Becerra- según las afirmaciones de sus propios trabajadores sí adelantaba exportaciones ficticias junto con empresas creadas únicamente con ese fin, para luego solicitar a la Dirección de Impuestos la devolución del Impuesto a las Ventas, IVA.
 
El testimonio de una de las acusadas, Diana Marcela Rojas, dejó entrever que en principio lo empleados de la firma desconocían los manejos turbios que se estaban dando, pero con el tiempo iban dándose cuenta de la realidad y allí los jefes los presionaban para no renunciar para que no contaran lo que allí acontecía.
 
"Era un outsourcing contable y nos hacían llegar toda la documentación para contabilizar, desafortunadamente no sabíamos toda la magnitud, todo el engaño. Porque si fueron capaces de engañar a la DIAN, Cámara de Comercio, porque no nos podrían engañar a nosotras", aseguro el viernes a la prensa Andrea Parra, una de las mujeres que decidió entregarse voluntariamente a las autoridades.
 
Por su parte la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal Cárdenas, hizo hincapié en la desaparición y muerte “en extrañas circunstancias” de uno de los representantes legales de las empresas de papel inmiscuidas en el ilícito.
 
El hecho, según el representante del ente acusador, sucedió ya hace algunos meses cuando se iniciaron las pesquisas. La víctima fue identificada como Giovanni Vélez Hernández, representante de la firma Metales Giovanni. El hecho es investigado por las autoridades.

Se entregaron tres acusadas
 
En la noche del viernes, a puerta cerrada, el juez de garantías declaró legales tanto la captura de los acusados como los operativos de hallanamiento que se adelantaron en cuatro ciudades del país.

Ese mismo día, tres mujeres, Sandra Ospina, Andrea Parra y Liliana Huertas, sobre quienes pesaba orden de arresto por estos hechos, se sumaron a los 13 capturados por el billonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
 
Las mujeres, entrevistron con las autoridades que llevan el caso, trabajaban para R&B Consultores, una empresa perteneciente a la exfuncionaria de la DIAN Blanca Jazmín Becerra, quien según las autoridades es al parecer el cerebro del desfalco a esta entidad.
 
El presidente Juan Manuel Santos informó este jueves que por estos hechos se han librado 17 órdenes de captura, 16 de las cuales ya se hicieron efectivas.
 
Estas personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documentos público y privado, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se espera que este viernes se complete la legalización de las capturas y de las pruebas recaudadas en diferentes allanamientos que se adelantan desde el jueves.

Según el vicefiscal general, Juan Carlos Forero, estas personas hacen parte de "una organización criminal" compuesta por abogados, contadores y funcionarios y exfuncionarios de la dirección de impuestos.

La noche del jueves se legalizó la captura de una parte de los detenidos. Se espera que este viernes en los juzgados de Paloquemao la juez 14 de Bogotá con función de control de garantías legalice la captura de las otras personas.

El presidente Santos aseguró que las autoridades están no sólo detrás de las personas involucradas, sino también de los bienes que habrían adquirido con dineros del Estado, obtenidos producto del cobro ilegal del IVA con facturas falsas que soportaban exportaciones ficticias y que se realizaron con complicidad de trabajadores de la DIAN.

La Policía Nacional realizó 25 allanamientos en Bogotá, Pereira y Bucaramanga. Durante este procedimiento judicial, además de las capturas, se incautaron lujosos automóviles y edificios que, según el vicefiscal general, serán objeto de extinción de dominio.

Uno de los actos sospechosos que llamaron la atención de los investigadores es el nivel de vida que tenían trabajadores o exfuncionarios de nivel medio o bajo dentro de la identidad. Según el presidente Santos, son personas que devengaban un salario de dos millones de pesos y que al cabo de unos años, tenían patrimonios de 10.000 millones de pesos.

"Por sus residencias lujosas, carros de alta gama, escoltas, ostentación, derroche y opulencia, esta organización criminal es similar a las grandes mafias dedicadas al narcotráfico", explicó el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo.

Tanto el director de la DIAN como el presidente Santos resaltaron que la forma de operar de esta organización tiene grandes parecidos a las grandes mafias europeas, que también han logrado multimillonarios desfalcos.

Así operaban
 
El director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, explicó que se detectaron dos modalidades. Una de ellas, el robo de identidad, que consistía en usar el número del Registro Único Tributario (RUT) de empresas inactivas, a las que les cambiaban los datos y con ellas realizaban las exportaciones falsas y el cobro ilegal del IVA.
 
Otro método era el de crear empresas ficticias, para lo cual se valían de documentos falsos para soportar los procesos de exportación. El desfalco, según informó el Gobierno, sería de un billón de pesos.
 
"Es una persecución"
 
Angélica Jaimes Jaramillo es la esposa de uno de los funcionarios de la DIAN capturados en las últimas horas. Ella cuenta que su esposo, Antonio Angulo, quien lleva 19 años en la institución, fue sorprendido en la madrugada del jueves por agentes del CTI.
 
"Aunque días antes me dijo que había un rumor, según el cual a él y a otros compañeros los estaban investigando, lo cierto es que jamás esperamos que esto pasara", asegura la mujer.
 
Sobre su esposo, que además es profesor desde hace cinco años en la Universidad de San Buenaventura, asegura que había sido investigado en dos oportunidades, pero que jamás se le comprobó ninguna acción fuera de la ley.
 
"Es una persecución contra algunos funcionarios que saben cosas y que pueden perjudicar a otros. Cómo se entiende que nosotros vivamos en arriendo y a veces ni tengamos para pagar recibos y ahora él esté envuelto en un escándalo de tanta plata", señaló.