Tarea bien hecha

Hasta hace cinco años la cultura del despilfarro hizo carrera en el departamento de Risaralda. Esto lo llevó al borde de la quiebra. Parte de la debacle financiera se debía a su onerosa nómina, que superaba los 1.000 empleados, y al déficit fiscal que acumuló por años, llegando en 2000 a los 69.000 millones de pesos. Alrededor de 35 funcionarios de alto nivel contaban con vehículo oficial y celular con consumo ilimitado. Hoy la situación es muy distinta. Han descubierto que el departamento sólo necesita 331 empleados y 10 carros de uso oficial y ningún teléfono móvil con cargo al presupuesto. Estos ahorros permitieron un superávit de 47.000 millones de pesos en el año 2004. Gracias a sus buenos resultados, hoy ocupa el primer lugar en eficiencia fiscal, según el Ministerio de Hacienda. La crisis que enfrentó Risaralda a finales de la década pasada afectó los otros 31 departamentos del país por igual. Ante esta situación, en 1999 el gobierno nacional propuso al Congreso un proyecto de ajuste fiscal que quedó consignado en la Ley 617, que en esencia enseña al mandatario algo elemental para el manejo de las finanzas públicas: la importancia de aumentar ingresos y reducir gastos. Esa fue la tarea que hicieron con disciplina los tres últimos gobernadores, Carlos López, Elsa Cifuentes y Carlos Alberto Botero, tras firmar un plan de desempeño hace cinco años. Nada más entre 2003 y 2004 Risaralda incrementó sus ingresos tributarios en 2.400 millones de pesos y disminuyó su deuda pública en 13.000 millones, lo que lo llevó a subir del puesto 10 al primero en el ranking de la División de Apoyo Fiscal (DAF), entidad que acompaña a los departamentos en el manejo de sus finanzas. Una de las claves para esta mejoría fue reducir el dinero que transfieren para la asamblea y la contraloría, que tradicionalmente pesa mucho en el presupuesto del departamento, asumiendo el costo político que ello implicaba. El presidente de la asamblea departamental, Mario Hincapié, es uno de los que acepta los beneficios de esta medida. "Antes teníamos dos asistentes por diputado, hoy no tenemos; suprimimos los dos meses de sesiones extras y se estableció un tope de 100.000 pesos para llamadas telefónicas", dice. Eso explica en gran parte el éxito de una ley que, pese a ser aplicada por todas las gobernaciones, sólo Risaralda acogió en integridad y saldó sus cuentas un año antes del tiempo previsto en el plan de desempeño. "Aunque no cuento con la mayoría política, todos entendieron lo importante que era el ajuste", dijo Botero, gobernador de Risaralda. El informe de la DAF destaca la gestión de 19 departamentos ubicados en el segundo lugar de la evaluación y, aunque todos tenían serías opciones de ascender, se rajaron en las transferencias a las asambleas y contralorías. "Este es el tema más sensible, porque allí hay mucha presión política y forcejeo", explica Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, uno de los departamentos de este grupo. Otros 11 departamentos se ubicaron en el tercer nivel de la calificación. Según la DAF, fue por falta de control sobre las pensiones y el endeudamiento. En el cuarto y último lugar sólo aparece Chocó. Este caso es el más preocupante, allí se suman la mala gestión y la corrupción, "el lío allá no es por falta de recursos, lo que ocurre es que se roban la plata a través de embargos a las cuentas del departamento, que en varios casos se pagan hasta tres veces", precisó a SEMANA Ana Lucía Villa, directora de la DAF. A pesar de la buena noticia hay quienes creen que el ajuste se hizo a costa de la inversión social. "No ha sido fácil, pero ahora con las finanzas saneadas tenemos más oportunidades de inversión" dice el gobernador Botero. Lo hecho por Risaralda demuestra que la mezcla entre voluntad política y apretón fiscal es una tarea que, bien hecha, vuelve eficientes y hace viables a los departamentos.