¿Televisión para quién?

El debate sobre el proyecto de ley que reglamentará la reelección se calentará en los próximos días. Al finalizar la semana pasada, mientras el amplio grupo de ponentes terminó su texto, que tramitarán las sesiones conjuntas de las comisiones primeras, el ex candidato liberal Horacio Serpa se mostró partidario de que su partido se margine de la discusión con el argumento de que por culpa de la reelección "no existen garantías para el proyecto y no las va a haber para los candidatos". Los esfuerzos para construir un consenso no han fructificado. En la oposición existe la idea de que no hay instrumentos legales que puedan equilibrar las ventajas que tendrá Álvaro Uribe en su condición de Presidente-candidato. "Por más ley que se quiera redactar, no hay posibilidad de que eso se convierta en realidad", según el senador Samuel Moreno, del Polo Democrático. En el Partido Liberal hay un grupo que considera que no debe participar en el debate, y dirimirá su posición este martes, en junta de parlamentarios, frente a otro que es partidario de presentar una ponencia, así sea muy probable que la derroten. Paradójicamente, en la bancada gobiernista hay afán por sacar adelante una ley amplia porque sus miembros consideran que así se fortalece la legitimidad de la reelección. El tiempo es apretado, pero si las mayorías se imponen el Congreso lograría sacar adelante la controvertida legislación. Las garantías para las candidaturas de oposición quedarán en manos de sus competidores uribistas. Además de la financiación de las campañas y el control para que los funcionarios públicos no abusen de los bienes del Estado con fines proselitistas, uno de los temas más complejos tiene que ver con el acceso igualitario a los medios de comunicación. Proselitismo e información se vuelven sinónimos en épocas electorales, hasta el punto de que los candidatos destinan un 70 por ciento de sus presupuestos a comprar espacio en los medios. No en vano la televisión desplazó a la plaza pública en la política moderna. De allí la dificultad de reglamentar el acceso a los medios, agravada por el hecho de que regular la labor informativa, en especial en los medios privados, es un objetivo que tiene que guardar equilibrio con los preceptos que guardan la libertad de expresión. El tema es sensible, sobre todo por la facilidad que tiene el Presidente para lograr figuración pública. Incluso en democracias avanzadas como Gran Bretaña, donde el Primer Ministro tiene facultades tan amplias como fijar la fecha de las elecciones a su conveniencia, la ventaja natural de quien está en el poder es su acceso a los medios. El Presidente es noticia, y la frontera entre la información sobre los actos de gobierno y la propaganda electoral se vuelve muy borrosa en medio de una campaña. Álvaro Uribe es además el político colombiano con mayor habilidad para cautivar la atención de los medios. Desde ahora se puede prever que los candidatos que lo enfrentarán se quejarán porque no aparecen en radio, prensa y televisión, con igual tiempo y despliegue. La ponencia, que básicamente defiende la posición del gobierno y que se empezará a discutir esta semana, trata de corregir esa desigualdad. El mayor énfasis recae en los medios electromagnéticos -radio y televisión- porque se considera que utilizan una concesión especial del Estado y que ese privilegio implica responsabilidades. Para estos casos se establece "igualdad de condiciones" para todos los candidatos y se le entregan al Consejo Nacional Electoral (CNE) facultades para hacerle seguimiento al tiempo que utiliza cada candidato. Para los medios públicos (radio nacional, canal institucional), el proyecto concederá espacios iguales para todos. Una semana después de la inscripción de cada candidatura, habrá un programa de 10 minutos para explicar sus propuestas, lo mismo que en la semana anterior a las elecciones, de 5 minutos, para cerrar la campaña. Este punto no tiene dificultades pues ya se ha puesto en marcha en elecciones anteriores, pero tampoco tiene mucha importancia porque no responde a las necesidades específicas que impone la reelección. Y en lo que se refiere a los medios privados se han considerado dos tipos de derecho de réplica. Uno, para todos aquellos que se sientan afectados por alguna afirmación del Presidente-candidato. Tendrán derecho a fijar su posición con igual tiempo. Y otro -un 'derecho de respuesta', originado en el proyecto propuesto por el Partido Liberal- para rectificar informaciones que publique el gobierno y que alguno de los rivales del Presidente considera incorrecta, sobre temas como los resultados de la gestión gubernamental. Entre las propuestas también hay otras medidas puntuales: la propaganda solo se puede hacer en los tres meses anteriores a las elecciones, no se pueden publicar encuestas en los últimos 15 días, ni se podrán poner vallas, pasacalles y murales que contaminen el espacio público. En general, el CNE será el responsable de reglamentar, hacer cumplir y vigilar estos preceptos de igualdad. La tarea no será fácil. En una campaña tan larga -más de un año antes ya se han anunciado varias candidaturas-, la norma que establece que las actividades en los medios solo se pueden hacer en los últimos tres meses tiene lógica pero se vuelve irrelevante. Tiene sentido porque de otra manera la ley estimularía el inconveniente alargue de las campañas. Pero no tendría efectos porque sencillamente no afecta durante un periodo que puede resultar definitivo: hace cuatros años, por ejemplo, el ascenso de Álvaro Uribe en las encuestas se produjo antes de esa recta final de los últimos tres meses. El mayor obstáculo, no obstante, se encuentra en la previsible proliferación de candidaturas. Junto con opciones muy serias, las supuestas garantías van a atraer a una gran cantidad de espontáneos sin posibilidades ni representación que simplemente buscarán pantalla. En Colombia no se aplican restricciones, como las que imperan en las democracias desarrolladas, para que el acceso a medios se limite a aspirantes que tienen facciones en el Congreso o que pertenecen a los partidos mayoritarios. Y en esta oportunidad, en la que la reelección genera susceptibilidades por la falta de libertades para los competidores del Presidente, es poco probable que las bancadas uribista y de oposición se den la pela de imponer algún control. El efecto de la multiplicación de aspirantes sin significado político verdadero es que los mecanismos de difusión pierden importancia. También será un problema la falta de una oposición institucionalizada. El derecho de réplica, por ejemplo, opera con facilidad en países donde hay fronteras claras entre los representantes del gobierno y los de la oposición. Nadie protesta en Estados Unidos porque el partido Demócrata tenga acceso a la televisión para responder los discursos del presidente Bush. En Colombia, los liberales oficialistas, el Polo Democrático, Alternativa Democrática y una multiplicidad de pequeños partidos de izquierda aspirarán a esa prerrogativa. No va a ser fácil la labor del CNE. Finalmente, hay diferencias que podrían llegar a ser insalvables entre el liberalismo oficialista y los partidarios de Uribe sobre algunos puntos. Estos últimos, por ejemplo, rechazan el 'derecho de respuesta' que aquellos consideran un punto sobre el cual no pueden ceder. La oposición propone además que las posibilidades de réplica sean inmediatas (en 24 horas) y que las campañas de publicidad solo puedan ser contratadas por el Estado. Las mayorías rechazan estas dos ideas. La ley puede ser aprobada si se produce un poco probable consenso o si las mayorías uribistas actúan con disciplina. Pero el debate va a continuar. Incluso podría convertirse en uno de los temas de la campaña electoral. n