Tiempos difíciles

"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos". Esta frase, de una de las obras maestras del novelista inglés Charles Dickens Historia de dos ciudades, le cae como anillo al dedo a las directivas de la empresa carbonífera Drummond. El año pasado tuvieron ingresos de más de 2.200 millones de pesos y un incremento del 8 por ciento en sus utilidades. En los últimos seis años incrementaron su producción de carbón de 10 a 23,8 toneladas. Avanza favorablemente su proyecto de explorar la manera de convertir inmensas cantidades de carbón en gas. La compañía es una de las 15 más grandes del país.

Pero hoy en Colombia poco se habla de esos éxitos. Hace unas semanas, Drummond tuvo que aceptar pagar 40 millones de dólares al gobierno por un error en la liquidación del pago de regalías. Aunque la decisión fue el resultado de un acuerdo amistoso entre el Ministerio de Minas y la empresa y había razones jurídicas para que la compañía se hubiera abstenido hasta ahora de hacer los pagos, fue mal recibida por una opinión pública que no entiende ni le importan las intríngulis legales. Sólo espera que las multinacionales cumplan con sus compromisos contractuales. Este mal rato para Drummond, sin embargo, palidece ante las potenciales repercusiones que le esperan a la empresa si un jurado de 12 ciudadanos norteamericanos en Birmingham, Alabama, la encuentra responsable civilmente del asesinato de tres sindicalistas.

El 9 de julio comienza un juicio sin precedentes en Estados Unidos. Allí Drummond, y en particular su presidente en Colombia, Augusto Jiménez, tendrán que defenderse de un grave acusación: que los grupos paramilitares que mataron al presidente y vicepresidente del sindicato, Valmoré Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, el 12 de marzo de 2001, y luego a Gustavo Soler Mora -el reemplazo de Locarno- en octubre del mismo año, lo hicieron presuntamente con el apoyo de la empresa.

Curiosamente, sobre los hechos hay consenso entre las partes. Paramilitares detuvieron el bus que transportaba Locarno Rodríguez y Orcasita Amaya y otros trabajadores desde la mina La Loma en Cesar. Luego de identificarlos, asesinaron al primero y llevaron al segundo con ellos. Días después apareció el cadáver de Orcasita. Soler fue removido por la fuerza de un bus de transporte público que viajaba desde Valledupar, y asesinado. Recientemente, la Fiscalía General acusó a Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', y a alias 'Tolemaida', el comandante paramilitar de esa región, del crimen. La Fiscalía aún tiene preguntas sobre el móvil. No es claro, según le comentó un alto funcionario de la entidad a SEMANA, por qué 'Jorge 40' estaría interesado en ordenar las muertes de esos sindicalistas. Se espera que éste sea uno de los temas que esclarezca el jefe paramilitar cuando presente su versión libre a la justicia esta semana.

Que la Fiscalía apenas seis años después haya tomado una decisión importante sobre los homicidios, explica en parte por qué la justicia norteamericana dictará primero su veredicto acerca del caso. Es importante aclarar que la determinación del jurado sólo tendrá efectos civiles y no penales. La demanda, que está fundamentada en una poco utilizada ley de 1789, busca que Drummond responda financieramente por esas muertes. La de Drummond es apenas una de varias que han sido interpuestas en los tribunales norteamericanos. Entre las empresas afectadas están Chevron, Exxon, Unocal, Coca Cola y Occidental. Hasta el momento, ninguna de las demandas han sido consideradas por un jurado y la única compañía que ha aceptado de alguna manera su culpa ha sido la petrolera Unocal, por su operaciones en Myanmar (antes Birmania).

Si el jurado les da la razón a los demandantes -las familiares de las víctimas asesoradas por la organización International Labor Rights Fund (Ilrf) y el sindicato de los trabajadores de acero de Estados Unidos-, Drummond se vería obligada a desembolsar varios millones de dólares. Como le dijo a SEMANA el abogado principal de los demandantes, Terry Collingsworth, habría que hacer el cálculo teniendo en cuenta las "grandes utilidades" de los últimos años.

Los directivos de la empresa, en sus pocas declaraciones públicas sobre el tema, niegan de tajo cualquier vinculación a los hechos. En cambio, como buenos activistas, la contraparte ha emprendido una masiva campaña de propaganda contra Drummond en busca de la condena anticipada de la empresa ante la opinión pública.

El argumento de los demandantes es sencillo: Drummond y el Ejército colombiano colaboraron con los paramilitares, quienes son los autores materiales de los asesinatos de los sindicalistas. Su testigo clave es el ex sargento Edwin Guzmán, quien prestó servicio en el área de operaciones de la empresa durante 2000 y 2001 y que luego fue integrante de los paramilitares. Guzmán dice que puede corroborar las relaciones entre los paramilitares, la Fuerza Pública y la empresa. También se ha hablado mucho de un posible testimonio de Rafael García, el célebre ventilador de la para-política, pero es incierto que se logre antes de que comience el juicio. Los abogados dicen que no han recibido el permiso del Inpec para tomarle la declaración en La Picota.

Aunque han surgido nuevos presuntos testigos estrella varias de cuyas declaraciones ya fueron reproducidas en los medios-, la juez Karen Bowdre no aceptó que participaran. En otras palabras, no serán tenidos en cuenta por el jurado. Incluso otro, un señor Jimmy Rubio quien relata unos hechos escalofriantes, ha sido un poco disperso. Ha desaparecido en varias ocasiones y los mismos abogados no lo han podido concretar para que rinda su declaración oficial. SEMANA supo que Rubio tuvo en el pasado una orden de captura por rebelión.

Hasta ahora, con excepción de la aún sin confirmar declaración de García, no hay una prueba reina que vincularía a Drummond con los crímenes y que sería presentada en el juicio. Sin embargo, es imposible pronosticar cómo reaccionarán los 12 jurados cuando les cuenten la realidad de Cesar en esos años, cuando 'Jorge 40' era amo y señor de la región. Los abogados confían en que ese tipo de la evidencia circunstancial sea suficiente para otorgarles un triunfo de repercusiones que van más allá de las económicas.

Un resultado adverso para Drummond podría generar un efecto dominó contra las otras multinacionales y motivar a muchas a negociar. Pero el mayor impacto sería para Colombia, tanto en el nivel interno como en sus relaciones con Estados Unidos. La audiencia del jueves pasado en un subcomité de la Cámara de Representantes sobre las presuntas relaciones de compañías norteamericanas con grupo ilegales, es una prueba del interés del tema en Washington. Incluso el caso Drummond ya forma parte de la agenda bilateral de los dos países.

Según conoció SEMANA, es el tema por el que más pregunta la Casa Nariño a la Fiscalía. No es para menos. Drummond ha sido una de las empresas preferidas del gobierno. El mismo presidente Álvaro Uribe, en el discurso de octubre 2006 condenando el atentado de las Farc a la Universidad Militar en Bogotá, defendió al presidente de Drummond, Augusto Jiménez, de las acusaciones de García.

Es mucho lo que está en juego en Alabama. Lo paradójico, sin embargo, es que aun si el jurado desecha la demanda, no es claro que sea suficiente para que Drummond recupere su maltrecha reputación. Habrá ganado apenas la batalla legal.