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| 11/25/2006 12:00:00 AM

Tierrero en el Incoder

Existen indicios serios sobre la participación de políticos en la adjudicación de tierras para aceitar sus maquinarias electorales.

Tierrero en el Incoder El senador Juan Carlos Martínez es el mayor elector en zonas donde los lugareños dicen que las tierras se entregan por consideraciones políticas
Un nuevo escándalo ronda al Incoder. Hace una semana José Joimer Tovar, director de esta entidad en el suroccidente del país, fue despedido, y varias de sus decisiones echadas atrás, por orden de Andrés Arias, ministro de Agricultura. Lo que suceda con esta oficina es clave, pues de ella depende la ejecución de la política agraria en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y parte de Putumayo. Es una región donde el gobierno tiene que comprar miles de hectáreas para cumplir los compromisos con los indígenas. Y es la oficina que ha recibido mayor cantidad de bienes extinguidos al narcotráfico para ser usados en reforma agraria. En total son 251 fincas.

La resolución que declara insubsistente a Tovar dice que no cumplió bien su servicio. Además SEMANA encontró que hay serias dudas sobre algunas de sus actuaciones. Especialmente por haber entregado tierras bajo la figura de "posesión y propiedad provisional", algo que para el gobierno es un esperpento jurídico y podría ser hasta ilegal.

Tovar asegura que no ha cometido ninguna irregularidad, "yo sólo firmaba los papeles que los abogados de la entidad preparaban". Agrega que se sintió presionado por las metas a cumplir, pero que está tranquilo, pues "cuento con el respaldo del senador Juan Carlos Martínez", sostiene. Aclara que por eso espera que su situación no se complique.

SEMANA no pudo conocer la posición del senador Martínez sobre estas afirmaciones, pues no obtuvo respuesta a los múltiples mensajes que se le dejaron.

Más allá de las interpretaciones jurídicas, varios funcionarios locales y beneficiarios de estos proyectos señalan a un grupo de políticos que de forma ilegal estarían manejando la entrega de tierras para favorecer sus aspiraciones en estos departamentos. Funcionarios del Incoder y del Ministerio revisan con lupa las adjudicaciones de Tovar durante los 16 meses que estuvo en su cargo, pues hay indicios de que varias de estas se entregaron a personas que no son objeto del programa, pues ya son propietarios.

El detonante para su salida tiene que ver con la entrega de las fincas Sandrana y Samaria, en San Pedro, y la finca El Cairo, en Bolívar. Propiedades que eran de narcos y sumadas tienen cerca de 2.000 hectáreas.

En el primer caso se trata de una finca sembrada en caña, que se encuentra en plena producción y que cada año da utilidades por 5.000 millones de pesos. El proyecto generó mucha expectativa, pues en el papel parecía fácil entregarles a los campesinos, desplazados y reinsertados favorecidos, las utilidades de esta finca. Incluso casi no tendrían que trabajar, pues un operador se encargaba de la cosecha y la comercialización de la caña. Todo este proyecto terminó siendo un fiasco. Entre las razones del fracaso, de acuerdo con Carlos Guarín, ex personero de San Pedro, está la politiquería con que se manejó el proceso de selección, "prometían tierra a la gente que votara por determinado candidato". En este municipio, el senador Martínez fue el primer elector, con más del 40 por ciento de los votos en las pasadas elecciones del Congreso.

La otra adjudicación cuestionada es la de una finca de 195 hectáreas sembradas en frutales, que se les asignó a 17 familias campesinas. La inquietud proviene de la demora en la entrega física del predio, que se efectuó el pasado 15 de noviembre, dos días antes del despido de Tovar, y porque se cambió el tipo de cultivo, lo que impidió vincular a más familias. Esto último lo corroboran las denuncias de los habitantes de la zona, que recogió Exerzahín Vargas, alcalde de Bolívar: "No hubo una citación pública para seleccionar los beneficiarios y nadie entiende por qué una finca que les dio trabajo a más de 500 familias, hoy quedó en manos de sólo 17, dejando sin tierra a mucha gente de la región".

La solución del Ministerio en ambos casos fue revocar la adjudicación en su totalidad, revisar cada caso, dejar por fuera a los que no tengan el perfil, volver a calcular la capacidad de los predios y adjudicar de nuevo, completando con familias nuevas, los cupos que queden libres.

La Fiscalía y la Procuraduría investigan si Tovar aplicó mal las normas por su incompetencia administrativa o si defendió intereses suyos o de terceros. También evalúan qué tanta participación tendrían políticos y funcionarios en este escándalo. El ministro Arias fue enfático al afirmar que parte de la razón por la que se están conociendo estos casos es porque "estamos corrigiendo los errores". Actitud sana y necesaria, pues el Incoder ha sufrido graves escándalos en menos de un año y existe el temor de que una entidad que debe proveer tierra a campesinos, desplazados y reinsertados, sea aprovechada por unos pocos y cambie su rumbo para favorecer a narcos, políticos y paramilitares. Una entidad llamada a hacer un gran aporte en la aclimatación de la paz en el sector rural no puede terminar convertida en instrumento para fortalecer a los violentos.

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