Tik Tak: paz total, el proyecto alacrán

Suena el primer Tik Tak de este miércoles 7 de diciembre en SEMANA, y suena por los lados del asesinato de seis soldados en el Cauca, porque la paz total por momentos parece un proyecto alacrán, picándose con el aguijón a sí mismo.

Mientras el Gobierno intenta introducir el concepto en todos los estamentos de la delincuencia, siguen matando soldados y policías y también líderes sociales. Quizá como el alacrán, picándose a sí mismo, para que la violencia ponga el país a darle la razón a Petro. Entre más violencia se produzca, pues más se justifica la paz total.

El asesinato de los soldados, sin embargo, hizo hablar al presidente Petro un poquito más duro, a que dijera que la paz total no es ingenua, que no consiste en un permiso del Estado para traquetear, que los delincuentes no pueden usar el diálogo para fortalecer sus economías ilegales. Pero lo de este martes sí tiene la pretensión de espantar al Ejército de la región del Cauca, uno de los departamentos más castigados con este fenómeno del narcotráfico.

A este miércoles, 72 militares y 54 policías han muerto en hechos violentos durante este año, no obstante, el Gobierno dice que insistirá en los diálogos de paz. Quién puede negar que entre más violencia haya más se justifica el esfuerzo de la paz total; o mirémoslo al revés, entre más paz total se ofrezca más violencia se genera para que se fortalezca el ofrecimiento de paz total y el arrodillamiento del Estado.

Pero ahora se le atraviesa al Gobierno un obstáculo, ayer la Corte Constitucional aceptó una demanda contra la Ley 2272 del 20 de 2022, con la cual el Gobierno supone tener la autorización jurídica para soltar a los jóvenes violentos de las primeras líneas, hasta para negociar incluso con la delincuencia de todos los pelambres, desde luego con los grupos guerrilleros también.

En un auto firmado en calidad de sustanciador por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, uno de los más estructurados y estudiosos de sus miembros, se aceptó la demanda de inconstitucionalidad que interpuso un ciudadano contra una parte de la mencionada ley, aprobada precisamente para darles vuelo a las concesiones del Gobierno en procura de la paz total. Uno de los artículos demandados es el que permite que el Gobierno negocie con grupos armados ilegales, entendidos ellos como aquellos que tengan dirección y mando responsable, ejerzan control territorial y realicen operaciones militares sostenidas y concertadas.

O sea, como quien dice, entre más poder y daño causen estos grupos, más y mejor clasifican para negociar con el Gobierno. Pero el demandante sostiene que sobre el reconocimiento de miembros de grupos armados, exmiembros, léase disidencias, como estructuras armadas organizadas negociables, pues no tuvo debate completo en las dos cámaras del Congreso, sino que hizo una extraña aparición en uno de los debates e incluso sin los votos necesarios.

Y que además, si se negocia con reincidentes, se estaría violando la condición fundamental de que un acceso a un régimen especial de justicia como la JEP implique, por parte de quien se acoge, cumplimiento de verdad, reparación y no repetición. ¿Qué tanto obstaculizará el intento del Gobierno de negociar con cualquier pelambre de la delincuencia la aceptación de esta demanda inconstitucional?

Pues a corto plazo, ninguno, así la Corte vote finalmente a favor de declarar la inconstitucionalidad de parte de la ley demandada; porque mientras eso no ocurra, el Gobierno podrá continuar con sus travesuras de justificación pacifista. Pero sí se crea un gran motivo de reflexión, ¿qué sacamos con que el Estado se arrodille frente a la delincuencia, si el mensaje que queda es que aquí negociar y no cumplir garantiza volver a negociar y seguir incumpliendo, cuántas veces sea necesario?