Audiencia de alta tensión en la Corte Constitucional

Colombia e Israel han tenido una estrecha relación comercial que esperan ampliar y profundizar con el Tratado de Libre Comercio que ambos países firmaron en 2013. Ese acuerdo derivó en la Ley 1841 de 2017 que expidió el Congreso y que, por tratarse de un pacto internacional, debe pasar por revisión de la Corte Constitucional.

El alto tribunal debe examinar que el TLC con Israel no riña en ningún aspecto con la Constitución de Colombia. En el marco de ese análisis, varios críticos han enviado intervenciones a la Corte para señalar que conceptos como “territorio” y “nacional” que contiene el texto del acuerdo serían inconstitucionales por laxos, pues no consideran que Israel tiene un enfrentamiento histórico con Palestina por el territorio. Los críticos del TLC dicen que con esto Colombia estaría haciendo una concesión tácita a Israel, lo cual sería contrario al reconocimiento que Juan Manuel Santos hizo de Palestina como Estado poco antes de concluir su periodo presidencial. Tras esto, Israel se pronunció con un fuerte comunicado. Dijo que recibía como una “bofetada” ese reconocimiento y pidió al gobierno de Iván Duque reversar la decisión. En su momento el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que el nuevo gobierno “examinaría cuidadosamente” la postura de la anterior administración frente a Palestina.

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Voces como la de la Procuraduría rechazan los cuestionamientos al TLC con Israel. El Ministerio Público señala que un tratado comercial no tiene el poder para referirse a límites territoriales ni para fijar la posición del país frente al conflicto Israel-Palestina. Y agremiaciones como la Andi, Analdex y Fenalco le piden a la Corte avalar el tratado, ya que este redundaría en grandes beneficios para el país ante una economía que produce numerosa investigación tecnológica en los campos de la industria, la agricultura, la informática y la seguridad.

La Corte Constitucional, como suele hacerlo frente a temas espinosos, convocó desde diciembre a una audiencia pública a fin de ilustrarse con múltiples opiniones. Al encuentro están invitados, entre otros, el canciller de Colombia; el jefe negociador del TLC en cuestión, Sergio Díaz-Granados, y también Raouf Almalki y Marco Sermoneta, embajadores de Palestina y de Israel, respectivamente.

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El canciller Trujillo consideró altamente inconveniente citar a los embajadores adversarios, y a través de una carta trató de hacer desistir a la Corte. Entre otras razones de Estado, argumentó que la intervención de estos, “bien sea a favor o en contra, en el proceso de aprobación interna de un tratado de Colombia implica que dichos terceros estados estarían inmiscuyéndose, directamente, en asuntos que son de competencia exclusiva del Estado colombiano”.

No obstante la Corte, tras debatir en Sala Plena, no accedió y confirmó la invitación a los embajadores. En otra carta de respuesta, la magistrada presidenta, Gloria Stella Ortiz, le dijo a Trujillo que se trata estrictamente de una invitación, es decir, no obligatoria, y que la audiencia no es un acto político sino una diligencia “con un propósito rigurosamente jurídico”. No sabe si los altos diplomáticos se presentarán en el Palacio de Justicia de Bogotá este jueves. Lo que sí está claro es que aunque se haga un gran esfuerzo por realizar un debate ponderado, será imposible mantener al margen la política. Al fin de cuentas esa es la esencia de la economía y de las leyes.