TODOS CONTRA TODOS

¿Fallas técnicas o fallas humanas? Este interrogante, que parece sacado de una crónica sobre la caída de un avión, fue prácticamente el eje en torno al cual se desarrolló el primer foro sobre la impunidad, realizado la semana pasada en Bogotá. El encuentro, organizado por el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Alvaro Tirado Mejía, logró reunir en una misma mesa a todos los estamentos relacionados con la rama de la justicia, y puso sobre el tapete un sinnúmero de contradicciones existentes entre ellos.
La impunidad, para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Alejandro Bonivento, "se explica en gran parte en la falta de presupuesto y en la ineficacia de las leyes y los mecanismos con que opera la administración de la justicia". El problema para el ministro de Justicia, Guillermo Plazas Alcid, no es de normas: "La ley, sin el aporte humano, no vale nada y menos si el déficit moral hace que de ella no resulte nada", dijo enfáticamente luego de afirmar que los problemas expuestos por el presidente de la Corte sólo hacían referencia a las causas objetivas de la impunidad, pero que básicamente "la falla de la administracion de la justicia es de índole moral", lo que calificó de "causa subjetiva".
La dialéctica de la impunidad, como podría definirse la parte del debate sobre las causas objetivas y subjetivas, no dejó de lado otras contradicciones. El director de Instrucción Criminal, Eduardo Lozano, se fue lanza en ristre contra los organismos de seguridad del Estado, a quienes acusó de "ineficaces en la investigación criminal" y de "negligentes con los peritazgos y diligencias" en miles de procesos. El secretario del DAS, Gabriel Gutiérrez, le devolvió la pelota al director de Instrucción Criminal y le dijo que "los éxitos en las investigaciones por las masacres de Urabá y Mejor Esquina no son exactamente por su aporte, doctor Lozano. Lo que ocurre es que no podemos hacer nada cuando la Dirección de Instrucción Criminal nos envía 6 mil procesos por delitos cometidos hace 5 ó 7 años y que jamás fueron sacados adelante por los jueces".
En el ping-pong que se armó entre algunos de los organismos relacionados con el área de la justicia, terció también la Procuraduría. El procurador Horacio Serpa Uribe repartió palo a diestra y siniestra, y tanto al gobierno y al Congreso, como a la Corte, les tocó su buena dosis de madera "Hablar de impunidad en la administración de justicia presupone haber conjurado primero las deficiencias de la justicia social", dijo el Procurador en medio de una intervención en la que advertia sobre la llegada de lo que él llamó "derecho penal terrorista". Según el Procurador, las soluciones no están en manos de los jueces sino de los políticos. "A falta de soluciones políticas, se le han dado denominaciones en los códigos a las manifestaciones originadas en la presión social", dijo Serpa en tono enérgico.
Los juicios de responsabilidades mutuas fueron coloreados con el ejercicio intelectual. Citas como la del catedrático de la Universidad Autónoma, Jesus Antonio Muñoz, según la cual: "No es verdadero y completo jurista el que, aun conociendo con precisión científica el derecho positivo de un determinado país, no se da cuenta de la abismal distancia entre el derecho y la vida", alternaron con frases como la del Procurador Delegado en lo Penal: "Hemos dado lugar a extraños sincretismos interpretativos y hoy predomina una tónica general neokantiana y una práctica judicial bonapartista. A un servilismo a la letra de la ley por irracional que sea".
El ejercicio intelectual tomó ribetes impactantes cuando las construcciones oratorias tomaban cierto aire sentencioso. "La impunidad dejará de ser una censurable realidad cuando el Estado cumpla sus obligaciones con la rama jurisdiccional y cuando los abogados colombianos sientan la obligación moral, profesional y social de combatirla, aunque no estén directamente interesados en los procesos" dijo el presidente del Tribunal Disciplinario, Alvaro Concha Narváez.
"Ni la paz, ni la seguridad, ni la erradicación de la impunidad tendrán futuro a mediano plazo, si los partidos políticos, de todas las ideologías, no movilizan la nación hacia un nuevo y grande propósito nacional", sostuvo el organizador del evento, Alvaro Tirado Mejía.
No menos impactantes resultaron las alusiones a los delitos de cuello blanco como factor determinante de la impunidad, que hicieron tanto el Procurador como el Consejero para los Derechos Humanos. "A los delitos contra el derecho a la vida vienen a sumarse los delitos de cuello blanco y el narcotráfico como elementos que descomponen aun más el desordenado vivir social del país", dijo Serpa Uribe. Tirado Mejía fue aún más duro en esta materia: "La delíncuencia de cuello blanco es capaz como ninguna de corromper funcionarios públicos, generar violencia y perturbar las reglas mínimas de conviviencia".
CIFRAS MAS QUE PALABRAS
Pero en medio de la dialéctica de la impunidad, el ping-pong, los juicios de responsabilidades y el ejercicio intelectual, surgió el aterrador diagnóstico de la justicia colombiana. El magistrado Jaime Giraldo Angel, miembro de la sala penal de la Corte, dio a conocer las cifras de un estudio realizado por el Instituto SER de Investigaciones, segun las cuales, en los procesos verbales de guerra existen moras en el cumplimiento de los términos en tal grado de porcentaje que han llegado incluso al 1.711%. Esto para citar sólo el caso de la justicia penal militar. Pero en lo que tiene que ver con la penal, se escucharon otras cifras sobre la congestión de los juzgados. El dato más reciente (1982) arrojaba un total de 1.398.000 casos pendientes. De ellos, 1.348.000 estaban en la etapa de sumario y 50 mil en la de juicio. El crecimiento de la tasa anual en el área penal es de 7.7% y en la civil es de un 6.4%. Los casos civiles pendientes en la misma fecha en que se hIzo esa medición eran de 1.337.000.
De acuerdo con los estudios del Instituto SER, los problemas de la justicia están casi en todos sus renglones. Es gravísima la situación de las inspecciones de policía, en donde la mayoría de los casos terminan archivados. El sistema de cooptación y el de elección de jueces dificulta la promoción administrativa debido fundamentalmente a que no existen mecanismos para obtener la información necesaria para estos efectos. El esquema de los juzgados en Colombia responde a un criterio anacrónico: cada uno es una pequeña empresa independiente y su administración corre por cuenta del juez. Los jueces, además de administrar justicia, tienen que administrar oficinas de justicia. Deben encargarse de asuntos como la papelería, equipos de mantenimiento y toda clase de funciones para las que ni siquiera está capacitado.
Pero tal vez la principal falla que existe en la justicia es que, a pesar de estar consagrada en la Constitución, no existe la independencia que requiere esta rama del poder público. La justicia no tiene capacidad para ejecutar su propio presupuesto. La entidad que determina los niveles salariales es la rama ejecutiva. Existe un gran desfase entre las necesidades de cada juzgado y los suministros que se le hacen. En general, todo lo que tenga que ver con el aspecto económico de la justicia está caracterizado por la falta de autonomia presupuestal y el capricho del área ejecutiva.
Y en lo que definitivamente hay que insistir para que disminuya la impunidad, de acuerdo con los diagnósticos del Instituto SER, es el hecho de que "los jueces deben hacer únicamente aquello que puede ser hecho por un juez". Para esto habrá que pensar en soluciones como el nombramiento de un auxiliar administrativo, darle autonomía para que maneje sus propios dineros y dotar el sistema judicial de estadísticas. Esto tal vez no acabe con la impunidad, pero por lo menos sí con una de sus causas objetivas.
Hubo pues frases y cifras en el foro sobre impunidad que, sin duda, cumplió con su objetivo de desnudar los dramáticos problemas de la justicia en Colombia. Lo que de pronto no logró, fue que, aparte de los diagnósticos filosóficos y estadísticos, alguien dijera, con la misma franqueza, qué es lo que hay que hacer.