TODOS ESTABAN A LA ESPERA

A los tres meses y medio de que, por recusación de la Unión Patriótica al procurador militar, la investigación sobre las denuncias de "guerra sucia" hechas contra miembros de las Fuerzas Armadas pasara a manos de un procurador civil, esta semana se empezaron a conocer algunos resultados parciales al respecto. El comandante de las Fuerzas Militares, general Manuel Jaime Guerrero Paz, pidió en efecto al procurador delegado Omar Henry Velasco un informe sobre en qué iban las investigaciones, con el objeto de "esclarecer las sindicaciones" contra militares, "pues de no hacerlo con prontitud continuaremos siendo objeto de las procaces acusaciones que a diario se nos hacen con base en anónimos y con el simple propósito de desprestigiar a las Fuerzas Militares". Velasco respondió de inmediato, el 15 de septiembre, con un informe todavía provisional e incompleto: referido únicamente a once de los veinticinco casos que se hallan bajo su investigación. Los restantes, explicó, no pueden ser evaluados todavía porque sus expedientes están en investigación preliminar fuera de Bogotá.
Conocido el informe sucedió algo sorprendente: todos los interesados se declararon satisfechos. Tanto las Fuerzas Militares, por boca del general Guerrero, como la Unión Patriótica, por boca de su ex candidato presidencial Jaime Pardo Leal. Sucedió como en el ejemplo famoso del vaso lleno de agua hasta la mitad, que para unos está medio lleno y para otros medio vacío.
Para el general Guerrero, el vaso de las denuncias está medio vacío. Para las Fuerzas Militares -dice- es satisfactorio ver que "una gran cantidad de las quejas elevadas por la UP no han dado mérito para que la Procuraduría continúe sus investigaciones y mucho menos para formular pliegos de cargos". Y que por añadidura "en este momento no hay ninguna persona condenada de las Fuerzas Militares o de Policía". El general, en consecuencia, elogia "la posición correcta y honorable" del procurador: "El mismo jefe del Ministerio Público ha dicho que no está profiriendo fallos".
Pardo Leal, en cambio, ve el vaso medio lleno, o casi lleno. "En sólo dos meses -señala- esta primera etapa de investigación arroja resultados donde se confirman las denuncias en los casos más importantes" -como son, por ejemplo, los asesinatos del alcalde de Sabana de Torres, Alvaro Garcés, y del senador por el Meta Pedro Nel Jiménez. "Y en la mayoría de los casos restantes la investigación prosigue". Según Pardo, antes de que pasara a manos de un civil la Procuraduría Delegada para las FF. MM. cumplía "una misión protectora de solidaridad de cuerpo", en tanto que ahora "hay investigaciones y hay resultados: no hay silencio". Y cita el caso del asesinato de Pedro Nel Jiménez: "La Procuraduría, en tiempos del general González Prado, había ordenado que se archivara el caso después de seis meses de investigaciones infructuosas. Ahora decidió -como en otros varios- desarchivarlo, y encontró méritos suficientes para que se abriera formal investigación disciplinaria contra un teniente y un sargento acusados por la UP".
No le faltan motivos a la UP para estar satisfecha. De los once casos sobre los cuales el procurador Velasco rinde informe preliminar, en seis encuentra méritos suficientes para que se abra formal averiguación disciplinaria (contra 8 oficiales y suboficiales); en cuatro más señala que no hay pruebas hasta el momento contra los militares denunciados, pero considera necesario que se prosiga la investigación; solamente en uno concluye que no se justifica abrir averiguación formal; y del restante da traslado a los jueces ordinarios por encontrar que el denunciado no formaba parte ya, en el momento de los hechos, de las Fuerzas Militares.
Pero no solamente es por él momento provisional el informe, sino que de todas maneras la acción de la Procuraduría debe ser proseguida por otras instancias. La Procuraduría se limita a iniciar, si encuentra méritos tras la investigación preliminar, un proceso disciplinario, acopiando pruebas que conduzcan a un pliego de cargos. En ese momento la persona investigada (no sindicada, como en los juicios penales) pasa a defenderse.
Si de todos modos es hallada responsable de las acusaciones, la Procuraduría ordena una sanción administrativa, que puede llegar hasta la destitución. Y en ese momento todo el proceso pasa a los jueces para que sean estos quienes dicten el fallo penal correspondiente. Tales jueces, en este caso, no son necesariamente los jueces militares, puesto que el fuero militar es exclusivo para "actos de servicio". Y los actos de que tratan las denuncias (asesinatos, desapariciones y torturas), no pueden ser considerados tales.
Tiene razón sin embargo también el general Guerrero en declararse satisfecho por el rumbo que han tomado las cosas, puesto que así, como él pide, "se esclarecen los hechos". Es posible que algunos miembros de las Fuerzas Militares acaben siendo destituídos o incluso, luego, condenados; pero queda demostrado que no existe por parte de la institución la voluntad de oponerse a las investigaciones sino, por el contrario, la decisión de facilitarlas. Así, la decisión adoptada hace tres meses por el procurador general Carlos Mauro Hoyos de aceptar la recusación de la UP al procurador militar, que fue en ese momento motivo de fuertes críticas, ha terminado resultando positiva para el prestigio de las Fuerzas Armadas, que estaba siendo desdibujado por la acumulación de acusaciones sin respuesta.