TODOS ESTAN A LA ESPERA

La expectativa creada la semana pasada alrededor de la supuesta revelación del informe de conclusiones del Tribunal Especial designado por el gobierno en noviembre para investigar los sucesos del Palacio de Justicia, no pudo ser satisfecha. Periodistas, familiares de víctimas y desaparecidos en el violento episodio, y protagonistas civiles y militares del mismo, todos continuaban a la espera al cierre de esta edición, mientras se filtraba la información de que los magistrados Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata habían pedido el viernes un nuevo plazo para entregar el documento al presidente Belisario Betancur, al ministro de Justicia Enrique Parejo, al procurador Carlos Jiménez y a la Corte Suprema de Justicia.

No estaba claro siquiera si el informe sería dado a conocer a la opinión pública, ya que algunos especialistas consideran que se encuentra cobijado por la reserva sumarial, y otros aseguran que el informe es público y que lo que está bajo reserva son los 20 mil folios que hacen parte de la investigación y que fueron entregados a mediados de la semana a un juez. Mientras se discutía sobre esto, una ola de rumores--acrecentada por artículos en periódicos internacionales como El País de Madrid y Excelsior de México--se colaba por todas partes con las versiones más encontradas sobre el contenido del informe. "Dicen que es violento contra el Presidente", opinaban unos. "Parece que culpa de todo a los militares", anotaban otros. "No va a aclarar nada", sentenciaban los más pesimistas.

Incluso el diario El Tiempo se apresuró a salir en defensa de los militares, cuando el informe aún no les ha hecho señalamiento alguno. En un editorial del viernes 6, el diario capitalino dijo que "en torno al doloroso episodio de la toma del Palacio de Justicia sólo hay un culpable: el grupo revolucionario M-19. `Lo demás es ópera' como dice el vulgo en Puerto Rico...". La declaración del periódico es válida sólo en forma relativa, en el sentido de que no se puede olvidar ahora que el primer responsable de lo sucedido en el Palacio es el M-19. El primero, pero no el único, pues los sangrientos resultados del episodio dejaron en claro desde un principio que, aparte de la culpabilidad del M-19, que nadie ha entrado a discutir, es necesario establecer responsabilidades políticas, militares y hasta penales. Y eso es lo que muchos esperan que el informe de los magistrados pueda determinar. Según pudo enterarse SEMANA. el documento constará de unas 200 páginas en las que los magistrados detallarán los pasos dados hasta ahora por la investigación, las declaraciones recibidas, las pruebas allegadas, y tratarán de poner en claro algunos de los interrogantes planteados desde que se conocieron los resultados de la batalla, como por ejemplo, a qué se debieron los problemas de comunicación que impidieron que entraran y salieran mensajes del edificio.

Las facultades del Tribunal
Pero, ¿puede el informe contener conclusiones reveladoras sobre, por ejemplo, el papel jugado por el presidente Betancur o por los militares? Sobre esto sólo hay especulaciones. Ni siquiera está claro a nivel de los juristas si los magistrados Serrano y Upegui estaban facultados para juzgar una decisión política del Primer Mandatario, o para evaluar militarmente la actuación del alto mando y de la tropa.

En cuanto a la responsabilidad política del Presidente, es difícil imaginar que los magistrados hayan decidido pronunciarse clara y profundamente. "Si se trata de establecer si el Primer Mandatario es responsable políticamente de lo sucedido--declaró un magistrado de la Corte a SEMANA-- no es necesario ir muy lejos: el propio Belisario, en la alocución que dirigió al país horas después de que se apagaran los últimos disparos, dijo que asumía íntegramente esa responsabilidad". Lo que no aclara el magistrado, que pidió no ser identificado, es que cuando el Presidente dijo eso, no pretendía declararse culpable, sino manifestar que estaba dispuesto a ser juzgado por la historia. El juicio político a Betancur fue intentado a fines del año pasado, cuando el parlamentario César Gaviria planteó, a nombre del liberalismo, una serie de interrogantes a las autoridades y dijo que, si las explicaciones de éstas no satisfacían a la Cámara, él pediría que ésta convocara una comisión investigadora. El debate se produjo y varios ministros fueron citados para declarar ante los representantes. La comisión nunca fue convocada, lo que fue interpretado por muchos como una aceptación por parte del representante Gaviria y de su partido de que las explicaciones eran satisfactorias.

Por otra parte, lo que más dificulta la evaluación de la decisión política del Primer Mandatario de no detener el operativo militar que se desencadenó como respuesta a la toma del Palacio, es que tanto el nivel de absurdo de las exigencias planteadas por el M-19 en el documento grabado que fue conocido por el Presidente dos horas después de iniciada la toma, como las circunstancias políticas que afrontaba en esos momentos el gobierno, parecían no haber dejado elección a Betancur. Y, ¿pueden los magistrados Upegui y Serrano llevar a cabo este juicio político? Es probable que no. O es probable también que pudiendo hacerlo, no lo hagan, y prefieran, ellos también, dejarle esa tarea a la historia.

En cuanto al análisis sobre la actuación de los militares, la cuestión es aún más compleja. En primer lugar, si se trata de juzgar la eficiencia del operativo militar, los resultados hablan por si solos. Más de un centenar de muertos, gran parte de ellos civiles inocentes, es una cifra demasiado alta como para exonerar de plano a quienes dirigieron el operativo. La decisión de haber utilizado rockets es uno de los puntos de mayor discusión, así como la forma como se desarrolló el llamado "asalto final", donde la ferocidad del ataque y el caos reinante parecieron por momentos dejar de lado consideraciones sobre la salvaguardia de la vida de los rehenes. Pero, de cualquier modo, ¿está el Tribunal Especial en capacidad de hacer este análisis? Es probable que los magistrados Serrano y Upegui opten más bien por señalar una serie de recomendaciones hacia el futuro, sobre la preparación que deben adquirir los efectivos militares en el combate del terrorismo.

Siguiendo en este terreno técnico, muchos esperan que el informe pueda aclarar la forma como se desencadenó el incendio que destruyó el Palacio y contribuyó sensiblemente a aumentar el número de víctimas. Este punto, considerado clave en la determinación de algunas responsabilidades, puede sin embargo quedarse en la oscuridad, ya que la mayoría de los testigos no sobrevivieron al episodio y aquellos que sí lo hicieron han ofrecido, desde los días siguientes a la batalla hasta hoy, cualquier cantidad de versiones encontradas, en las que algunos se contradicen permanentemente.

En cambio se tiene la esperanza de que quede aclarado lo que sucedió con los mensajes que trataron de cruzarse bajo el fuego en la mañana del jueves, poco antes del asalto final, y que nunca llegaron a su destino. El caso del magistrado Reynaldo Arciniegas, quien fue dejado en libertad por el guerrillero Andrés Almarales para que desmintiera las versiones que había divulgado esa mañana la radio sobre la liberación de la mayoría de los rehenes, es uno de los más misteriosos. El mensaje, que de haber llegado al Palacio de Nariño hubiera podido cambiar radicalmente la posición del gobierno de negarse a negociar, fue comunicado por Arciniegas a los oficiales que se encontraban en el primer piso del edificio, donde los militares se habían hecho fuertes en su avance. ¿Qué hicieron los oficiales con esa información y por qué no se comunicó Arciniegas luego con el despacho presidencial? Estas son las preguntas centrales de uno de los aspectos que sí pueden ser dilucidados por el informe del Tribunal Especial.

Los desaparecidos
Pero sin duda uno de los aspectos sobre los cuales el informe ha despertado más expectativas es el referente al de los 11 desaparecidos que se encontraban en la zona de la cafetería (ver SEMANA N° 190) y cuyos cadáveres no han podido ser encontrados.

Son muchos los indicios que parecen señalar que estas personas salieron con vida del Palacio. En primer lugar, no sólo no se han podido encontrar sus cadáveres, sino que ni siquiera las dentaduras--que es la parte del cuerpo que mejor se conserva en estos casos--han podido ser halladas. Esto es bastante extraño si se tiene en cuenta que esa zona del edificio no llegó a ser invadida por las llamas y es difícil que allí hayan quedado cadáveres que el incendio hubiera podido convertir en cenizas.

Entre los familiares de estos desaparecidos y muchas personas que han investigado este punto existe la convicción de que las 11 personas fueron detenidas por las autoridades. Motivos para detenerlos había. Primero, porque estas 11 personas eran quizá las que mayores problemas tenían para explicar por qué se encontraban en el Palacio. Una de ellas por ejemplo Gloria Isabel Anzola, de 30 años sobrina de la magistrada Aydée Anzola, había ido a recoger el carro de su propiedad que siempre parqueaba en el puesto que su tía le había cedido en el sótano de estacionamiento del Palacio. Gloria no trabajaba en el Palacio sino en un edificio a cuadra y media y por eso, si en algún momento fue detenida por las autoridades, debió haber encontrado serias dificultades para explicar su presencia allí. Por su parte, los trabajadores de la cafetería guardaban siempre sus ropas en un cuarto especial y se colocaban overoles para desempeñar las labores de la cocina y el comedor. Estos overoles también pudieron haber despertado sospechas de los militares.

Todo esto contribuye a la sensación de que estas personas fueron detenidas al lograr salir del Palacio. Y si así fue, ¿dónde están? Los familiares de estos desaparecidos han recibido toda suerte de informaciones anónimas al respecto. Pero independientemente de la validez de éstas, lo cierto es que este es uno de los grandes misterios del caso del Palacio que puede y debe ser aclarado por la investigación, ya que además, dentro del esquema de mando utilizado por los militares ese día tanto en la batalla como en el manejo de las personas que salían con vida, se pueden establecer con nombre propio los oficiales que tenían a su cargo ese manejo.

En fin, aunque la opinión pública no puede esperar demasiado del documento de los magistrados Serrano y Upegui, es un hecho que en algunos puntos, su informe deberá ir más allá del análisis de las generalidades del complicado caso y tendrá que pronunciarse y hasta hacer señalamientos concretos. De lo contrario, esta exhaustiva investigación habrá tomado el mismo rumbo que la mayoría de sus antecesoras en la historia del país.