TODOS LIMPIOS

La absolución no sorprendió a nadie. Desde hacía varios días los medios de comunicación habían venido filtrando las conclusiones del pronunciamiento de la Fiscalía General en el caso de los narcocasetes, en el sentido de que la entidad se abstendría de proceder a una formal investigación penal y archivaría el caso en favor de todos los mencionados en el asunto, desde los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, hasta el propio presidente Ernesto Samper.
Y en efecto el martes, cuando la Fiscalía divulgó las principales conclusiones de la indagación, las filtraciones de los medios resultaron confirmadas. En opinión del fiscal general, Gustavo de Greiff, quien se había hecho cargo personalmente del proceso cuando el 20 de junio comenzaron las averiguaciones, los casetes fueron grabados de modo ilegal y por ello mismo no constituyen prueba válida. Además, la Fiscalía no halló evidencia alguna de que las tesorerías de las campañas presidenciales de Samper, Andrés Pastrana y el general (r) Miguel Maza, hubieran recibido dineros calientes. Lo único que comprobaron los investigadores es que de parte de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, hubo intención de aportar fondos a esas campañas, y de parte del periodista Alberto Giraldo, hubo interés en servir de intermediario para esas contribuciones. Pero esto, según la Fiscalía, no constituye delito. Sí lo constituyen en cambio para De Greiff, las grabaciones ilegales de las conversaciones, pero como no fue posible para los investigadores establecer quiénes las habían realizado, en este punto aunque existió delito, no hubo delincuentes identificados.
En resumen, todos salieron limpios tras la investigación relámpago que hace escasos dos meses De Greiff inició con el compromiso de concluirla antes de dejar su cargo la semana pasada, por haber llegado a la edad de retiro forzoso, los 65 años. Lo que por momentos pareció ser el mayor escándalo de narcopolítica de la historia del país terminó así en nada.


PRUEBAS Y DECLARACIONES
El objeto de la Fiscalía no podía ser otro que el de establecer si se había configurado algún delito en el sonado caso de los narcocasetes, que estalló durante las horas que siguieron a la elección de Ernesto Samper como Presidente de la República en junio. Una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas entre el periodista Giraldo y los hermanos Rodríguez Orejuela, pareció destapar contribuciones de estos dos hombres -sindicados por las autoridades estadounidenses como los mayores traficantes de cocaína del mundo- a las campañas presidenciales de Samper, Pastrana y Maza, que habrían sido intermediadas por Giraldo. Lo primero que la Fiscalía pudo establecer gracias a una extensa declaración rendida por el controvertido periodista, es que las conversaciones entre él y los hermanos Rodríguez Orejuela sí habían tenido lugar y en efecto habían versado sobre el interés de ellos en hacer contribuciones económicas a las tres campañas presidenciales aludidas en los casetes.
Sin embargo, todas las demás declaraciones -las de Samper, Pastrana, Maza, el tesorero de la campaña samperista, Santiago Medina. el de la de Pastrana, Hernán Beltz y otros personajes mencionados en los casetes-, así como la revisión de libros contables y las cuentas bancarias de las tres campañas investigadas, llevaron a De Greiff a concluir que aunque "la posibilidad de que en las campañas presidenciales de 1994 se hubiera presentado el fenómeno de la ayuda financiera de personas vinculadas al narcotráfico no se descartó en la investigación, (...) ninguna de las pesquisas realizadas materializó esa posibilidad".
La conclusión de la Fiscalía es correcta, pero la verdad es que se daba por descontada desde cuando estalló el escándalo. Primero que todo porque resultaba a todas luces inverosímil que las campañas de Samper y Pastrana -los únicos dos aspirantes que tuvieron opción real de llegar a la Presidencia- hubieran corrido el riesgo de enlodar sus arcas con dineros del narcotráfico. Y segundo, porque incluso si algo así hubiera sucedido, es obvio que no iba a darse por los conductos regulares de las tesorerías oficiales y las cuentas bancarias debidamente constituidas por éstas.
Nadie podía por tanto esperar que en los registros de contribuyentes de las campañas investigadas aparecieran los nombres de los Rodríguez Orejuela, o de empresas de su propiedad. Cualquier mediano conocedor de los medios políticos sabe que en el curso de una campaña se recibe mucho dinero en efectivo que nunca llega a quedar contabilizado en los libros. De ahí que no deja de haber algo de ingenuidad en el hecho de que la Fiscalía hubiera decidido salir a buscar las eventuales narcocontribuciones en las cuentas oficiales de las campañas.
En ese mismo nivel de ingenuidad puede ubicarse una de las premisas con las cuales trabajaron los investigadores, según lo admite el propio documento de la Fiscalía revelado la semana pasada. Según el pronunciamiento de De Greiff "no existe en la reciente historia nacional antecedente conocido en cuanto que se haya por lo menos intentado financiar en todo o en parte campañas políticas con dineros provenientes de actividades ilicitas (...) Es pues, el hecho aquí investigado, novedoso para el acontecer político nacional y, no está demás decirlo, por completo ajeno a nuestra extensa tradición democrática".
Semejante aseveración desconoce numerosos casos que en su momento causaron graves escándalos, como las denuncias sobre supuestos cheques girados por hombres del cartel de Medellín a las tesorerías departamentales de las campañas de Alfonso López y Belisario Betancur durante el proceso electoral de 1982. Otro ejemplo por citar como antecedente es el cheque girado por Evaristo Porras a Rodrigo Lara durante esa misma campaña, que se convirtió un año después en la clave de la celada que los narcotraficantes le tendieron al Ministro de Justicia.

EL VALOR DE LA PRUEBA
El otro elemento central de la argumentación de la Fiscalía para concluir que no se configuró delito alguno, en su análisis sobre la calidad probatoria de los narcocasetes. Al igual que sucedió con la revisión de los libros contables de las campañas, en este punto tampoco hubo mayores sorpresas. Desde cuando estalló el escándalo, los comentaristas de la prensa y los juristas consultados por los medios partieron de la base de que como las grabaciones habían sido realizadas sin el debido sustento legal, carecían de valor probatorio.
Sin embargo, el pronunciamiento de la Fiscalía sostiene que, en su declaración, Alberto Giraldo reconoció que esas conversaciones se habían llevado a cabo, y aunque aclara el documento que las grabaciones fueron editadas y manipuladas, no esclarece de modo definitivo qué apartes de las conversaciones son exactamente los que el periodista aceptó que se produjeron. Es innegable que hay algunos apartes de las grabaciones que parecen por sí solos bastante concluyentes, pero no es posible, con base en el pronunciamiento de la Fiscalía, sacar conclusiones sobre su alcance pues no resulta claro cuáles extractos de las grabaciones son fieles a lo conversado y cuáles fueron manipulados .
Y es ahí donde algunos críticos del pronunciamiento -como el ex candidato Enrique Parejo- encuentran las mayores debilidades del pronunciamiento de De Greiff. Si Giraldo acepta que conversaba con frecuencia y por iniciativa propia (él mismo llamaba) con los hermanos Rodríguez Orejuela, Parejo, al igual que algunos penalistas consultados por SEMANA, se pregunta si eso por sí solo no ameritaba que contra el periodista se abriera formal investigación por el supuesto delito de encubrimiento, teniendo en cuenta que contra esas personas habían sido libradas ya entonces boletas de captura.
Tampoco les parece claro a los críticos del pronunciamiento de la Fiscalía, el que de plano se descarte que se configure un delito cuando dos personas sobre cuyas cabezas pesan procesos penales y órdenes de captura, intentan aportar dinero a una campaña presidencial con la idea de recibir a cambio algún tipo de beneficio. Como le dijo a SEMANA uno de los penalistas consultados "es cuando menos discutible el que ese intento no sea delito, y por ello mismo, resultaba absolutamente necesario abrir una investigación formal que esclareciera de verdad el alcance penal de lo acontecido"
Finalmente, el pronunciamiento de la Fiscalía concluye que el único episodio en el cual se configuró claramente una acción ilícita fue el de las grabaciones mismas, pues al haber sido obtenidas de manera ilegal, quien las realizó incurrió en la violación ilícita de comunicaciones, consagrada en el artículo 288 del Código Penal. "Quienes intervinieron en la interceptación y subsiguientes grabaciones son, pues, delincuentes", asegura De Greiff en su documento.

SOMBRAS
Cuando la Fiscalía inició las averiguaciones del caso, la opinión tuvo la esperanza de que una investigación seria y ponderada del caso de los narcocasetes pudiera esclarecer los hechos, de tal modo que las dudas se disiparan en vez de quedar rondando para siempre en la memoria de los colombianos.
Sin embargo, el pronunciamiento de De Greiff resultó mucho menos claro y contundente y su raciocinio se inscribe más bien en la tradición de las investigaciones cerradas por falta de pruebas, que en aquellas en las que saltó a la luz la inocencia de los involucrados. En la actitud del saliente Fiscal puede leerse un cierto deseo de defender la imagen de Colombia en el exterior, tan golpeada en los últimos meses, entre otras cosas por el escándalo de estas grabaciones.
También es fácil identificar algún aire de solidaridad de De Greiff con el nuevo Presidente de la República, quien fue sin duda uno de los grandes afectados por las denuncias y por las publicaciones de la prensa internacional que definieron a Colombia como una narcodemocracia y a él Como un Presidente cuyo mandato habría nacido con una mancha.
Pero ni el nacionalismo ni la solidaridad con Samper pueden servir de explicación para un pronunciamiento cojo como el que produjo la Fiscalía la semana pasada, y que terminó siendo la despedida del cargo de Gustavo de Greiff, un hombre polémico quien, sin embargo, se supo ganar el aprecio y el respeto de la mayoría de los colombianos. Al fin y al cabo, si alguien cree que con la decisión que adoptó la Fiscalía en el caso de los narcocasetes, se defiende la imagen del país y la de su mandatario, está equivocado. Lo que se requería era aclarar el asunto, no simplemente enterrarlo, pues es previsible desde ya que el fantasma de ese entierro vuelva a asustar en el futuro.



Habla Parejo:
"De Greiff mostró complacencia"
Cuando el fiscal Gustavo de Greiff se hizo cargo de la investigación de los narcocasetes, el ex candidato presidencial Enrique Parejo le pidió que se declarara impedido para abocar esas averiguaciones, pues su hija había sido tesorera de la campaña samperista. Al conocerse el resultado de la indagación de la Fiscalía, SEMANA quiso consultar la opinión de Parejo.
SEMANA: ¿ Qué opinión le merecen las conclusiones de la investigación de la Fiscalía en el caso de los narcocasetes?
ENRIQUE PAREJO: La actitud del fiscal De Greiff es incomprensible. En este asunto, él mostró una excesiva complacencia. Por ejemplo en el caso de Alberto Giraldo, el solo hecho de que se hubiera reunido con personas que, como los hermanos Rodríguez Orojuela, tenían vigente boleta de captura, justificaba abrir una investigación penal formal por encubrimiento .
SEMANA: ¿Sigue usted pensando que De Greiff estaba inhabilitado para abocar esta investigacion ?
E.P.: Lo sigo creyendo. El señor Fiscal se ha debido inhabilitar por dos razones. La primera, porque él mismo aparece mencionado en una de las grabaciones como alguien que supuestamente le dio buenas noticias a Giraldo. Y la segunda, porque su hija fue tesorera de la campaña samperista y mientras terminaba la investigación, asumió el cargo de consejera presidencial para Asuntos Internacionales, nombrada por el propio presidente Samper. Ahora dicen los periódicos que De Greiff se va como embajador a México nombrado también por Samper. Si se llega a confirmar, eso sería una desfachatez, eso equivaldría a cerrar con broche de oro este triste episodio.