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| 6/10/1996 12:00:00 AM

TOPE, TOPE, PUM

LA CAIDA EN EL CONSEJO DE ESTADO DE LOS TOPES DE GASTO EN LAS CAMPAÑAS PRESIDENCIALES LE RESULVE UNO DE SUS PROBLEMAS JURIDICOS A ERNESTO SAMPER, PERO LE COMPLICA LOS POLITICOS.

TOPE, TOPE, PUM TOPE, TOPE, PUM
Sin duda se trataba de una decisión compleja. Los consejeros de Estado de la sala electoral, Mario Alario Méndez, Miren de la Lombana, Amado Gutiérrez y Luis Eduardo Jaramillo, se habían reunido el jueves pasado para estudiar las demandas contra las resoluciones del Consejo Electoral que establecieron los topes de gastos de las campañas presidenciales en 1994. El país estaba a la expectativa, ya que la víspera el Consejo Electoral había dado aplicación a los topes y corrido pliego de cargos al presidente Ernesto Samper por haberlos violado, y a Andrés Pastrana, no por haberlos superado, sino por no haber reportado informes de algunas fundaciones regionales que apoyaban su aspiración. De modo que echar abajo esas resoluciones no era fácil cuando buena parte de la opinión había recibido la noticia de los pliegos de cargos como un indicio positivo de que las autoridades electorales estaban investigando seriamente a las campañas.En medio de ese ambiente, con ponencia de Méndez, el voto favorable suyo y de sus compañeros Gutiérrez y Jaramillo y un salvamento de la señora de la Lombana, la sala dejó sin piso los topes de gasto de las campañas. Todo indica que había elementos jurídicos para tumbarlos, pues uno de los argumentos para hacerlo es una vieja tradición colombiana: que ninguna norma puede regir si no ha sido publicada en el Diario Oficial, y ésta sólo lo fue meses después de terminada la contienda electoral del 94. Sin embargo la complejidad del asunto se derivaba de que lo que busca la publicación de una norma es que los afectados se enteren de su existencia, y en este caso había nutrida evidencia en el sentido de que los afectados estaban perfectamente al tanto de las resoluciones. Y a tal punto lo estaban que algunos de ellos _Santiago Medina, Fernando Botero y, en cierta medida, Juan Manuel Avella_ han reconocido en sus declaraciones que se hicieron maniobras y gestiones para evadir dichos controles. El propio presidente Samper, en una de sus declaraciones a Heine Mogollón, aceptó que la campaña hizo lobby para subir los topes, lo que quiere decir que conocía plenamente su existencia. Pero la prueba más significativa de que las normas eran conocidas por la campaña es que ésta pidió la reposición de cerca de 2.000 millones de pesos al Consejo Electoral, reposición que sólo podía darse si la campaña demostraba que sus gastos no habían sobrepasado los topes.Pero la decisión del Consejo de Estado no sólo afecta las investigaciones del Consejo Electoral. También, y de manera significativa, los procesos penales contra el Presidente y los principales colaboradores de su campaña que están siendo investigados. De los cuatro delitos que hacen parte de las indagaciones, hay dos que no se afectan por la determinación: enriquecimiento ilícito y encubrimiento. El primero, porque incluso si los topes desaparecen, eso nada tiene que ver con haber recibido dinero del narcotráfico. Y el segundo, porque en gran medida lo que los investigados habrían encubierto es la entrada de los narcodineros. En cuanto al tercer delito, el de fraude procesal, todo indica que desaparecería, pues si se cometió fue justamente para ocultar que la campaña había violado los topes, y al desaparecer la violación de los topes, desaparece el fraude. En cuanto a la falsedad en documento, el asunto es menos claro. Para algunos abogados hubo falsedad en los balances para evadir los topes, y al desaparecer los topes desaparecería la falsedad. Pero otros penalistas consultados por SEMANA opinan que la falsedad también permitió esconder el dinero del narcotráfico que, como es obvio, nunca entró en la contabilidad. Y como el ingreso de dinero del narcotráfico puede configurar enriquecimiento ilícito, la falsedad se sostendría.Pero la decisión también tuvo efectos políticos. En la opinión quedó un muy mal sabor, pues existe la impresión de que una leguleyada sirvió para dejar impunes conductas que involucrarían al propio Presidente de la República. Este mal sabor aumenta por el hecho de que el Consejo de Estado ha venido siendo cuestionado en estos días por haber escogido a Orlando Vásquez en 1994 como su candidato a la Procuraduría. Lo anterior se suma a los permanentes rumores de que el gobierno hace lobby ante ese tribunal para obtener decisiones que le favorezcan y que incluso trató de presionar que el Consejo no extendiera hasta 1998 el período del fiscal Alfonso Valdivieso. Esto se agrava con las noticias divulgadas el viernes por algunos medios en el sentido de que Mario Alario Méndez, el consejero ponente que propuso la caída de los topes, es amigo y fue compañero de estudios en la Javeriana del presidente Samper, a pesar de lo cual no se declaró impedido. SEMANA confirmó que cuando el Consejo de Estado nombró a Méndez el año pasado, Samper le brindó una fiesta en Palacio. El diario El Tiempo dijo el sábado que antes de llegar al Consejo, Méndez fue el defensor de la investidura del senador samperista Carlos Espinosa y que en diciembre pasado, ya como miembro del Consejo, votó en contra de la permanencia de Valdivieso como Fiscal.Pero quizás esto sea hilar demasiado delgado. La verdad es que el 8.000 ha exacerbado muchos ánimos y cada decisión que lo afecta despierta sospechas y fomenta toda clase de perversas interpretaciones y de sutilezas. Es otro de los costos que el país está pagando por una crisis que ya va para casi un año.

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Para tomar decisiones en el Consejo Nacional Electoral son necesarios 6 de los 9 votos. Cinco de esos votos ya están listos contra la posibilidad de que exista una candidatura viable de centro. La determinación del Consejo Nacional Electoral no será jurídica, sino exclusivamente política.

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