Cartel de los 'locos': aparentaron demencia para cobrar millonarias pensiones

Con 36 años de edad y apenas siete de trabajo, un conductor de buldócer al servicio de la empresa Drummond, en el César, acarició el retiro laboral al amparo de una jugosa pensión vitalicia por invalidez. La historia clínica de este joven refleja una impresionante tragedia progresiva: desde 2012 empezó a aquejarlo un fuerte dolor en los hombros; luego, la dolencia se trasladó, agudizada, a la columna vertebral. Le practicaron varias sesiones de resonancia magnética nuclear, pero todo en vano. Desarrolló una compleja “tendinopatía” que abarcaba toda la región cervical. Y lo peor vino después.

Al empleado-paciente lo diagnosticaron con “cuadro recurrente de insomnio”. Y al desvelo pronto se sumó la “irritabilidad”, las voces imaginarias, la sensación de persecución, los trastornos depresivos y las ideas suicidas. Lo valoraron por neuropsicología y psiquiatría y allí le recetaron –infructuosamente– píldoras de sertralina, ácido valproico y clonozepina. Nada funcionó, el conductor perdió del todo la cordura y al final la Junta Regional de Calificación de Invalidez, con sede en Valledupar, concluyó que la única salida era conceptuar positivamente y enviarlo a casa, pensionado, por problemas mentales. A nadie en el comité le causó extrañeza que lo que empezó como un dolor muscular localizado terminó en un trastorno psicótico permanente.

Pero el caso de este paciente, cuyo nombre reserva SEMANA, no es excepcional. En realidad se trata de un cuadro clínico recurrente en la costa Atlántica, al menos en documentos. El trasfondo de lo que parecía una peste de locura se empezó a descubrir hace un año.

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En abril de 2017 a la oficina seccional de la Fiscalía llegó un escrito anónimo. El autor decía estar indignado con la corrupción y aseguró: “El negocio de la Junta Regional de Calificación del Cesar funciona principalmente simulando enfermedades psiquiátricas de contenido depresivo mental psicótico”. La fuente ofreció detalles exactos, entregó nombres de siete médicos y tres abogados, incluidos los números celulares de varios de los señalados. La comunicación explicaba que “siempre y cuando se les pague”, los médicos de la junta subían la calificación requerida para reconocer a un empleado como inválido, y daba cuenta del proceso urdido para lograrlo: “Los médicos y psiquiatras te explican cómo se debe simular una enfermedad hasta que llegue donde ellos para que califiquen una invalidez”.

Operación Frenocomio

Una vez el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, conoció la información preliminar, dispuso un equipo de fiscales e investigadores para establecer si realmente supuestos locos estaban desfalcando el sistema de pensiones. Al hacer el barrido, las autoridades encontraron que efectivamente los ‘pensionados dementes’ se contaban por cientos en César.

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En esa zona del país, desde 2011 a la fecha, 400 personas lograron pensiones mediante dictámenes médicos según los cuales están fuera de juicio. Los investigadores hallaron que, además, otros 150 empleados están en trámite de pensión por la misma causa, invalidez por problemas mentales permanentes. Se trata, principalmente, de trabajadores de tres compañías mineras: Drummond, Prodeco y Cerrejón. Dado que los salarios de estas firmas multinacionales son altos, el hueco de corrupción al sistema estatal de pensiones es mucho mayor.

Solo uno de esos falsos locos inválidos le ha costado 233 millones de pesos al sistema público de pensiones, Colpensiones. La Fiscalía calcula que los 400 casos ya establecidos sumarían una defraudación superior a 100.000 millones de pesos, solo en Valledupar. “Esto de la locura artificiosa es una modalidad inédita que no cabría en el pensamiento de ningún colombiano de bien”, asegura el fiscal Martínez.

Pero las pensiones fraudulentas son solo un filón de la estafa. La investigación reveló que el entramado de médicos, abogados y funcionarios de la junta calificadora logró perfeccionar su modalidad de defraudación. Asaltaban, al mismo tiempo, a compañías aseguradoras por cifras multimillonarias. Para ello les decían a los ‘pacientes’ que antes de poner en marcha la farsa tomaran créditos con entidades bancarias para adquirir viviendas.

Dichos créditos, como se sabe, conllevan todo un paquete de seguros y pólizas, y en estas se amparaban los deudores para eximirse de la responsabilidad una vez declarados inválidos. Así, las aseguradoras tenían que asumir la deuda y el pensionado quedaba libre de deuda o embargos. El voluminoso expediente de la Operación Frenocomio, como la bautizó la Fiscalía, contiene centenares de créditos por 500, 600 y hasta 800 millones de pesos.

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Una vez la Fiscalía logró acopiar suficientes evidencias, hizo una primera redada. En Valledupar, Barranquilla y Riohacha los agentes capturaron a cuatro integrantes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del César y otras seis personas, entre médicos, psiquiatras, abogados e intermediarios encargados de contactar a los potenciales locos. Los diez detenidos fueron procesados por los delitos de concierto para delinquir, malversación de dineros públicos, cohecho, tráfico de influencias y peculado. Por ahora se ha agotado la primera fase de la investigación.

Esta semana hubo avances en la fase que está enfocada hacia otros 20 implicados en la red de corrupción. Y en las próximas semanas, la Fiscalía empezará a tomar determinaciones en la fase tres, contra los 550 avivatos que tramitaron pensiones con falsos dictámenes de demencia.

A medida que avanza la investigación aparecen más perlas. Junto a los centenares de casos de falsos locos han aparecido otros pensionados por invalidez médica, que aunque son menos, no dejan de sorprender. Uno de estos es el de un trabajador que documentó un dolor crónico en la columna vertebral que lo mantuvo incapacitado por más de tres años y ahora lo tiene en trámite de pensión. Pero cuando una comisión acudió a su casa para entrevistarlo, lo encontraron montando a caballo.